Con el propósito de considerar como delito grave ocultar, destruir o sepultar un cadáver sin orden de autoridad e incrementar las sanciones a quien lo cometa, el diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (PAN) propuso reformar los códigos Penal Federal y el Federal de Procedimientos Penales.

El legislador señaló que se busca castigar a los miembros del crimen organizado que se dedican a desintegrar a personas ejecutadas, para quienes “no basta el homicidio, la tortura o la mutilación. El afán de ocultar evidencia los lleva a deshacerse de los cuerpos sin vida”.

Destacó que el fenómeno de la delincuencia organizada debe ser atendido desde distintas vertientes, por lo que es necesario calificar como delito grave y sancionar a quienes desintegren cuerpos humanos con químicos, con plena ausencia del respeto por la vida y la dignidad humana.

Enfatizó que “los delitos son terribles. Incluso se han atrevido a trastocar aquellos cuerpos que ya no tienen vida”.

Las reformas planteadas ante la Comisión Permanente establecen aumentar las penas previstas en el artículo 280 del Código Penal Federal, que actualmente va de tres días a dos años de prisión y de 30 a 90 días multa, para el delito de violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones y sancionar la conducta con prisión de cuatro a quince años y con 180 a 360 días multa.

Respecto a los cambios al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, propuso establecer como delito grave la violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones, y sancionar al que oculte, destruya o sepulte un cadáver o un feto humano, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exigen los Códigos Civil y Sanitario o leyes especiales.

También al que oculte, destruya o, sin licencia correspondiente, sepulte el cadáver de una persona, siempre que la muerte haya sido a consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones. De esta manera, explica el documento, quienes cometan este delito no tendrán derecho a libertad provisional bajo caución y, por tanto, enfrentarán el proceso penal en prisión.

Dijo que el crimen organizado no es un problema menor. “Se trata de organizaciones delictivas que intentan poner en riesgo nuestras instituciones, así como nuestra sociedad. Por ello, es necesario que el sistema jurídico mexicano evolucione para poner un freno a las bandas delictivas”.

Indicó que la seguridad pública es un tema histórico que debe ser prioritario para el Estado, por lo que la Cámara de Diputados no debe quedar excluida de esas ocupaciones.

Consideró que México debe lidiar con problemas que surgieron en otra época, como el crimen organizado, el cual ha evolucionado, utiliza avances tecnológicos y efectos de la globalización para no respetar fronteras, y tiene poder económico, así como vastos recursos humanos y armamento.

Además, subrayó, no se conforman con transportar droga de un lugar a otro, sino que destruyen la vida de pueblos, ciudades, estados y hasta países. Se trata de un flagelo sanguinario que no respeta la vida de ninguna persona; “desde pequeños robos, hasta dolorosos homicidios, así como la existencia de narcofosas, la aparición de cuerpos decapitados o desmembrados”.

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