27-05-2012 La diputada Dina Herrera Soto (PRD) impulsa una iniciativa que reforma la Constitución Política para establecer la obligatoriedad del Estado de que todo individuo tenga derecho a la educación superior.

La legisladora subrayó que sólo el 20 por ciento de los jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos estudia una carrera profesional.

Mientras que los de dos deciles más altos de ingreso tienen una probabilidad cuatro veces mayor de estudiar una carrera profesional que un joven de bajos recursos, agregó.

A través de una iniciativa presentada ante la Comisión Permanente y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la legisladora señaló que la cobertura en educación superior en México es del 30 por ciento, la cual es insuficiente.

El segmento de la población entre 19 y 23 años asciende a nueve millones de personas y se espera que aumente a 10.7 millones. “La tasa de entrada a la educación superior sigue siendo muy baja, de 27.8 contra 52.5 promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dijo.

“Aún estamos muy rezagados frente a países como Finlandia, que tiene el 94 por ciento; Estados Unidos, 83 por ciento; Uruguay, 65 por ciento y Chile, 55 por ciento; estas brechas son un desafío para los objetivos de la equidad en el ámbito educativo”, enfatizó.

Herrera Soto recalcó que las fuertes disparidades y exclusión social se reflejan en niveles desiguales de cobertura en educación con brechas importantes en todos los niveles, pero sobre todo en el superior, donde una proporción significativa de los sectores pobres o más vulnerables no accede y muchos de los que ingresan no pueden concluir.

Refirió que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha fijado la meta de elevar la cobertura de la educación superior a 48 por ciento en 2020.

Lo anterior, añadió, implicaría alcanzar una matrícula de poco más de cuatro millones 700 mil estudiantes en 2020, es decir, alrededor de un millón 700 mil jóvenes adicionales a la matrícula actual, lo que supondría un aumento sostenido de aproximadamente 170 mil en promedio por año.

La legisladora consideró que para lograr el progreso del país son necesarios los cimientos de una buena educación, con estudiantes de nivel superior con mayores capacidades y herramientas tecnológicas que les permitan tener mayor futuro, que coadyuven a la generación de recursos humanos y de competitividad, que sólo con la garantía de la universidad obligatoria se puede alcanzar.

Por ello, dijo, es necesario reformar los artículos 3 y 31 de la Constitución y 3, 4, 8 y 9 de la Ley General de Educación para que la educación superior tenga obligatoriedad en México, ya que constituye uno de los asuntos de mayor trascendencia para el presente y futuro del país y los jóvenes.

Propuso establecer que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado impartirá educación superior y está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursarla.

Asimismo, se establece que será obligación de los mexicanos hacer que sus hijos concurran a las escuelas para obtener la educación superior.

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