29-05-2012.- En el marco de la semana internacional del detenido desaparecido -25 al 31 de mayo-, diputados, especialistas y activistas se manifestaron por conformar un grupo de trabajo encargado de realizar una propuesta de ley general que prevenga, investigue y sancione la desaparición forzada en México.

La diputada Florentina Rosario Morales (PRD) expresó que a causa de la guerra en contra del crimen organizado, la cifra de personas desaparecidas asciende a más de cinco mil, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por ello, afirmó, se requiere un marco jurídico que proteja a los ciudadanos contra este delito, pues la desaparición forzada de personas es una agresión que lesiona a la humanidad y se trata de una infracción aberrante que supone la violación de diversos derechos humanos, como el de la vida y el de la libertad.

En el foro “Desaparición forzada de personas en México; en busca de una armonización legislativa”, efectuado en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, indicó que el tema es una deuda, ya que esta práctica fue utilizada durante los años setenta y ochenta como una política represiva del Estado en contra de oposiciones políticas.

Florentina Rosario argumentó que con el foro se busca establecer un marco jurídico que proteja a los ciudadanos contra las desapariciones forzadas, toda vez que es uno de los acontecimientos más vergonzosos de impunidad y de violación a los derechos fundamentales en la historia del país.

De igual modo, resaltó, conocer el nivel de cumplimiento de las obligaciones del Estado, en el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974, en el estado de Guerrero.

“La Corte resolvió que el Estado es responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, por lo que se encuentra obligado a investigar el caso para determinar quién o quiénes son los responsables y continuar con la búsqueda afectiva y localización inmediata de él o, en su caso, de sus restos mortales”, recordó la integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que la desaparición forzada de personas en México es un tema que conlleva una experiencia acumulada de sufrimiento de las víctimas y sus familiares.

Detalló que existen 53 recomendaciones internacionales emitidas al Estado mexicano sobre desaparición forzada, y que a tres décadas de que se estableció un grupo de trabajo sobre desaparición forzada de la ONU, el fenómeno no se ha eliminado, pues la impunidad permanece para muchos crímenes.

Las conclusiones del grupo que visitó a México en marzo de 2011, dijo, son preocupantes, pues de aquellos casos de desaparición forzada perpetrados durante la guerra sucia sólo el 2.5 por ciento de los investigados resultó en una averiguación previa y 20 fueron consignados a una autoridad judicial.

Resaltó que en un clima como el que actualmente vive México, donde la inseguridad es motivo de una respuesta estatal que apela de manera central a la fuerza de seguridad, tanto militar como policiaca, “es importante mantener la protección de los derechos humanos, asegurando que prácticas como la desaparición forzada no se materialicen y se cuente con una legislación especial en la materia”.

A su vez, Santiago Corcuera Cabezut, ex presidente del grupo de trabajo sobre desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas, mencionó que México se encuentra en grave rezago en esta materia, porque la tipificación solamente se ubica en materia federal, así como en seis o siete estados y “en todos los casos mal”.

De la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, Tita Radilla –hija del desaparecido Rosendo Radilla Pacheco- argumentó que falta voluntad del Estado para investigar los casos de desaparecidos, así como nula sensibilidad de las autoridades en el trato a los familiares.

Confió en que se conozca a detalle lo sucedido con su padre; emprender un esfuerzo para que estos hechos no vuelvan a ocurrir y se conforme un grupo de trabajo que analice una ley que prevenga, investigue y sancione las desapariciones forzadas.

Humberto Francisco Guerrero Rosales, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dijo que los llamados crímenes del pasado son del presente por la impunidad que persiste. “Esa arbitrariedad no ha permitido a la sociedad conocer la forma en que se organizo el Estado para cometer esas violaciones. El desconocimiento de cómo funcionó y cómo se estructuró es lo que permite que se sigan cometiendo desapariciones o levantones”.

Expuso que legislar no sólo debe ser en los aspectos penales y el castigo, sino establecer mecanismos –sencillos, fáciles y rápidos- de protección y prevención de la desaparición forzada.

Por la Fundación “Diego Lucero”, Martha González Díaz señaló que en la semana internacional del detenido desaparecido, la exigencia es verdad y justicia para las más del mil 300 víctimas de este aberrante delito de lesa humanidad durante la mal llamada guerra sucia o terrorismo de Estado.

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