18-09-2012.- Diputados del PRD y Nueva Alianza, por separado, presentaron propuestas para expedir una Ley Federal de Seguro de Desempleo que garantice los ingresos económicos necesarios para cubrir las necesidades básicas del beneficiario durante un periodo de seis meses, sólo por una vez, cada dos años.

El diputado del PRD, Gerardo Villanueva Albarrán explicó que el monto del seguro ascendería a 30 días de salario mínimo y sería entregado mensualmente al beneficiario.

Suscrita también por el diputado Martí Batres, la iniciativa señala que se origina debido a que los indicadores de desempleo, trabajo informal y empleos precarios “se dispararon”.

Refirió que durante el segundo trimestre de 2012 el desempleo entre personas de 14 años y mas fue del 4.84 por ciento de la Población Económicamente Activa, lo que equivale a 2 millones 468 mil 162 personas según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi. Se envió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Por su parte, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) propuso emitir la Ley Federal del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos.

Comentó que el Seguro de Desempleo es un sistema de protección tendiente a crear las condiciones para la incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho constitucional de empleo digno y socialmente útil. El monto del Seguro ascenderá a 30 días de salario mínimo general vigente y será entregado mensualmente al beneficiario.

La reforma tiene como propósito expandir los derechos sociales para lograr una sociedad con equidad, así como otorgar protección a los trabajadores asalariados, incluyendo a los grupos vulnerables y discriminados, de la economía que hayan perdido su empleo. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

Crear Zonas de Atención Prioritaria Emergentes

El diputado Javier López Zavala (PRI) propuso reformar la Ley General de Desarrollo Social para establecer la creación de las Zonas de Atención Prioritaria Emergentes, a fin de que el Ejecutivo implemente programas para municipios con mayores rezagos, dotándoles de más recursos.

Refirió que el decreto de la declaración de zonas de atención prioritaria, emitido por el Presidente de la República para 2012, incluye zonas rurales en 849 municipios; de ellas, 441 son de muy alta marginación y 408 de alta marginación. Además hay dos mil 105 localidades, en el ámbito urbano. Se remitió a la Comisión de Desarrollo Social.

Igualdad de oportunidades para adultos mayores

El diputado Omar Antonio Borboa Becerra (PAN) presentó reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para promoverles igualdad de oportunidades laborales que les permita obtener un ingreso propio.

Las modificaciones a los artículos 5, 19 y 28 de dicha Ley, establecen que serán las dependencias y entidades de la administración pública federal, de los gobiernos estatales y municipales y del Distrito Federal, empleadores, prestadores de servicios, y sectores social y privado, los encargados de promover oportunidades para los adultos mayores.

El legislador precisó que 10.1 millones de personas adultas de más de 60 años corren el riesgo de sufrir consecuencias como desempleo, abandono y negación de oportunidades y derechos fundamentales. Se remitió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Ley Minera y de los Derechos Sociales

A fin de salvaguardar la vida y seguridad de los trabajadores mineros, el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, el diputado Trinidad Morales Vargas (PRD) presentó reformas a la Ley Minera.

Establece la propuesta que no podrán recibir concesiones mineras, quienes han sido declarados por autoridad competente culpables de un accidente que causó lesiones graves o la muerte de uno o varios trabajadores, o de haber incurrido en incumplimientos en materia de responsabilidad social o de las normas de equilibrio ecológico y protección al ambiente.

En tribuna, Morales Vargas, resaltó: “no podemos permanecer indiferentes ante la tragedia humana que representa actualmente el trabajo minero”. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Economía.

Límites y requisitos para contratar deuda

A través de una iniciativa de reformas al artículo 117 de la Constitución, el diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) busca señalar los límites y requisitos para que los estados y municipios contraten deuda.

Dijo que la deuda de estados y municipios representó a junio de 2012 el 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal, alcanzando la cifra de 404 mil 409.5 millones de pesos, pero sin considerar los pasivos por pensiones que ambos niveles de gobierno deberán afrontar en el futuro.

Afirmó que los estados deberán adecuar su legislación local en materia de deuda, estableciendo un marco jurídico seguro y confiable que les ayude a aprovechar las opciones de crédito que ofrece el mercado financiero, en un marco que promueve el crecimiento económico y el bienestar social preservando la sostenibilidad fiscal y la estabilidad financiera estatal. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Rescate de zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Los diputados Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Judit Magdalena Guerrero López y Tomás Torres Mercado (PVEM) presentaron una iniciativa para que en el Presupuesto de Egresos se destinen los recursos específicos que garanticen el rescate, restauración, conservación y mejora de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad.

En tribuna, Romo Fonseca detalló que la propuesta, turnada a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y la de Cultura, contempla reformas al artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, lo que permitirá liberar el potencial turístico de estas ciudades y sentar bases sólidas para su crecimiento y sustentabilidad.

Con la reforma se beneficiará a las diez ciudades consideradas patrimonio mundial de la humanidad, que enfrentan una problemática en el deterioro de monumentos, estructuras, contaminación ambiental, carencia de servicios, deficiente movilidad urbana, escasez de vivienda, falta de mobiliario urbano, deficiente disposición de residuos, entre otros.

Cuota de género en candidaturas

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos (PVEM) propuso suprimir el numeral dos del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, debido a que se contrapone con los principios constitucionales, pues limita la cuota de género, la cual tiene como objetivo alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, en el ámbito político-electoral.

Explicó que en el primer numeral de dicho artículo, el supuesto general consiste en obligar a los partidos políticos a presentar solicitudes de registro de diputados y senadores ante el Instituto Federal Electoral con al menos la proporción de 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

Sin embargo, agregó, el segundo numeral señala la regla de exceptuar lo anterior sobre las candidaturas de mayoría, resultado de un proceso de elección democrática. Consideró que “es un duro golpe a los principios de igualdad y equidad”. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

Paridad de género en comisiones

El diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) planteó adicionar el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General para que el 40 por ciento de las comisiones de trabajo legislativo y parlamentario de la Cámara de Diputados sean presididas por mujeres.

Los órganos responsables y los grupos parlamentarios garantizarán que las propuestas para la integración de las comisiones de trabajo legislativo y parlamentario reflejen en lo posible la proporcionalidad de género en la composición de la Cámara, además de la representatividad de los grupos parlamentarios, afirmó el legislador.
Mencionó que la actual composición de la Cámara es prueba de los espacios que con gran trabajo han conseguido las mujeres del país, ya que la Legislatura LXII está integrada por 316 hombres y 184 mujeres, lo cual representa 63 y 37 por ciento, y un aumento en el número de legisladoras respecto a la anterior. Se canalizó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Productores de vino de mesa

La diputada Mayra Karina Robles Aguirre (PRI) presentó una iniciativa que busca reformar la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para establecer que se aplicará la tasa del 0 por ciento a la enajenación y exportación del vino de mesa.

Destacó que la carga fiscal que tiene el vino de mesa mexicano es del 41 por ciento, al considerar el efecto conjunto de la tasa del 25 por ciento del IEPS y del 16 por ciento del IVA (11 por ciento en región fronteriza).

Esta doble tributación de impuestos afecta de manera significativa al vino mexicano, pues del consumo total en nuestro país, un 66 por ciento corresponde a vinos importados y solamente el 33 por ciento a los nacionales. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Otorgar autonomía constitucional al IFAI

Por su parte, el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) propuso reformar y adicionar el artículo 6 de la Constitución Política, con el objetivo de otorgar autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

La iniciativa, suscrita también por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) prevé que el Congreso de la Unión en un plazo máximo de un año a partir del inicio de la vigencia de la presente reforma, expida una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Audiencias públicas

La diputada María del Carmen Martínez Santillán (PT) presentó una iniciativa para adicionar un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General, a fin de implementar la participación ciudadana de audiencias públicas lo que coadyuvaría a los legisladores a conocer sus opiniones.

Explicó que este tipo de mecanismos permitirían que los diputados sepan la opinión ciudadana a partir de los proyectos específicos, evitando demoras causadas por el exceso de información.

Se mandó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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