27-09-2012.- La Cámara de Diputados acordó solicitar al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Mayorga Castañeda, y al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, su intervención para que el grupo azucarero Gargonz pague inmediatamente la liquidación a dos mil productores que participaron en la zafra 2011-2012.

La proponente del punto de acuerdo, diputada Yazmin Copete Zapot (PRD) explicó que 2.5 millones de mexicanos viven de forma directa e indirecta de la industria de la caña, que aporta 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto y el 13.5 por ciento del valor de la producción agrícola nacional.

Expresó que el Ingenio Nuevo San Francisco, del grupo azucarero Gargonz, cosechó una superficie de cinco mil 800 hectáreas, molió 346 mil toneladas y produjo 28 mil 700 toneladas de azúcar, “por lo que no puede argumentar que no tiene los 60 millones de pesos que adeuda a los dos mil productores”.

La legisladora afirmó que el ingenio debió pagar 30 días después de haber finalizado la zafra, “ellos terminaron el 28 de mayo, por lo que el pago tenía que realizarse a más tardar el 28 de junio; sin embargo, han transcurrido 120 días y el grupo azucarero Gargonz no ha cumplido”.

El diputado Leopoldo Sánchez Cruz (PRI) dijo que se requiere una pronta solución de este problema, ya que la industria azucarera representa un importante eslabón en la cadena productiva del país.”A nombre de mi partido, expreso la solidaridad y apoyo irrestricto para la solución de este conflicto”, indicó.

El legislador comentó que este asunto debe resolverse pronto y de manera pacífica, para que se siga trabajando y así todos salgan beneficiados. “Considero que es necesario reformas de fondo, a fin de crear sistemas que aseguren el financiamiento al campo cañero y la modernización de la industria”.

El diputado Víctor Serralde Martínez (PAN) denunció que no es la primera vez que el Ingenio Nuevo San Francisco incumplimiento sus obligaciones. “No podemos permitir más estas prácticas, porque la agroindustria de la caña constituye una actividad de alto impacto social y económico que debemos fortalecer”.

Reiteramos, continuó, la necesidad de crear la Comisión Especial de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar, a fin de que ese órgano legislativo conozca a fondo la realidad de la industria y atienda, con sentido social, el ámbito en el que se desarrolla.

La diputada Eva Diego Cruz (PRD) subrayó que la industria azucarera representa uno de los más valiosos activos para la economía de Veracruz, “en donde 40 por ciento de la producción nacional de azúcar es elaborada en sus 22 ingenios”.

Hizo un llamado al Ejecutivo, a la Sagarpa y al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar a intervenir para que el grupo azucarero Gargonz pague de inmediato a los productores afectados.
El diputado Augusto Villafuerte Trujillo (PVEM) aseveró que esta industria es estratégica para el desarrollo del país, debido a los beneficios económicos que genera y la fuente de empleos que representa; “es por ello que no podemos permitir este tipo de abusos”.

Los exhorto a revisar la legislación aplicable, ya que la inconstitucionalidad de algunos artículos de las leyes de Desarrollo Rural y de Desarrollo Sustentable evitan que los conflictos del sector puedan dirimirse. Las autoridades deben respaldar y hacer exigibles los derechos de los productores, agregó.

El diputado José Luis Valle Magaña (Movimiento Ciudadano) aseguró que “a pesar de la crisis de los últimos años, la industria cañera veracruzana genera 100 mil empleos directos, lo que equivale a la tercera parte del total nacional”.

“Es una injusticia que el grupo azucarero Gargonz incumpla con sus responsabilidades básicas, dejando en la indefensión económica a dos mil productores cañeros”, acotó.

El diputado Hugo Roblero Gordillo (PT) se pronunció a favor del punto de acuerdo, para que intervengan las autoridades, se finiquite a los productores y se eviten problemas con los abastecedores de caña”.

Añadió que esta irresponsabilidad ha generado incertidumbre entre los productores, al destacar que disposiciones legales y del contrato establecen que si una de las partes no paga en tiempo tendrá que cubrir intereses moratorios.

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