El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (PAN) presentó una iniciativa para que tenga carácter público toda la información en posesión del Poder Legislativo de cada entidad federativa y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como sus respectivos órganos de fiscalización.

Las reformas a la Constitución Política y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señalan que los sujetos obligados a externar su información deberán observar el principio de máxima publicidad.

Propone hacer públicos los comprobantes de gasto de los recursos económicos bajo su ámbito de responsabilidad, con excepción de los clasificados como información reservada. Se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.

Garantizar acceso a la información pública

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) presentó reformas a los artículos 6, 73, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política, para que el Estado cuente con un organismo público autónomo, especializado e imparcial, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, a fin de garantizar el adecuado y pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información.

La propuesta establece como sujetos obligados a los tres Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, los tribunales administrativos federales, los partidos políticos, los sindicatos, los fideicomisos que reciban recursos públicos, las personas físicas y morales que obtengan recursos públicos o ejerzan una función pública. Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Hasta 10 años de prisión a quien robe en escuelas

Con el objetivo de aplicar mayor castigo a quien cometa acciones delictivas que menoscaben el patrimonio de los centros escolares, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) presentó iniciativa para establecer de tres días a diez años de prisión al que robe en escuelas.

Este delito, según la reforma al artículo 381 Bis del Código Penal Federal, debe considerarse entre las modalidades que merecen sanciones adicionales. Fue remitida a la Comisión de Justicia.

Programas de prevención del suicidio

La diputada Martha Leticia Sosa Govea (PAN) propuso modificaciones a las leyes General de Salud y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer programas de prevención del suicidio, así como para la prevención y atención de trastornos mentales que puedan alterar su sano desarrollo.

Refirió que, según estadísticas proporcionadas por las Instituciones de Salud Pública, en promedio 14 jóvenes de entre 15 y 24 años de edad mueren cada día por suicidio. Asimismo, se confirma que cada 90 minutos una persona menor de 25 años comete suicidio. Se turnó a las Comisiones unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables.

Que reclusos laboren dentro de los centros de readaptación

El diputado Felipe Arturo Camarena García (PVEM) planteó reformar los artículos 5 y 18 de la Constitución Política para incluir un sistema de labor obligatorio en los centros de reclusión, con el fin de colaborar en la readaptación de los internos.

La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que la Federación, los Estados y el Distrito Federal celebren convenios con el sector privado para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia realicen los trabajos a que están obligados durante la extinción de su pena.

Dichas autoridades convendrán con el sector privado a fin de que éste participe en la construcción de centros de reclusión, así como la vinculación de los recursos con la empresa en cuestión para que puedan desarrollar el trabajo impuesto en sentencia. En ambos casos se deberá prever la inclusión de beneficios económicos y fiscales para la iniciativa privada.

Proponen crear Comisión de Asuntos Mineros

El diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Asuntos Mineros.

Consideró inequitativo y excluyente el hecho de que no existen en el Congreso de la Unión instancias de primer orden que atiendan los grandes temas de la agenda laboral, social, económica y fiscal del sector minero, el cual se ubica como el cuarto generador de divisas netas al país con un monto de 22 mil 516 millones de dólares.

La propuesta fue remitida a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Desarrollo de acuacultura sustentable

El diputado José Soto Martínez (Movimiento Ciudadano) presentó reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de proteger a las especies endémicas y con ello la diversidad acuícola de nuestro país.

Precisó que se deberá dar prioridad al cultivo de especies endémicas sobre las importadas y contemplar la orientación de la acuacultura, bajo un esquema de producción sustentable. Se turnó a la Comisión de Pesca.

Establecer términos para desahogo de pruebas en juicios mercantiles

El diputado Juan Luis Martínez Martínez (Movimiento Ciudadano) leyó iniciativa de reformas al artículo 1401 del Código de Comercio para establecer que, en el juicio ejecutivo mercantil, el desahogo de las pruebas tenga un término que no exceda de quince días naturales.

Agregó que ésta iniciativa del diputado Ricardo Monreal Ávila establece que la cantidad de juicios ejecutivos que actualmente se tramitan en los juzgados de nuestro país implican enormes cantidades de dinero; “muchas veces se encuentran estancados por la discreción de los juzgadores para desahogar las etapas procesales, especialmente en etapas como la de desahogo de pruebas”. Se turnó a la Comisión de Economía.

Apoyo económico a discapacitados

El diputado Carlos Alberto García González (PAN) propuso modificaciones al artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que se otorgue un apoyo económico bimestral, equivalente a 30 días de salario mínimo, a las familias en situación de pobreza o marginación que tengan entre sus miembros a alguna persona con discapacidad permanente que limite su autonomía.

El documento, turnado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, destaca que en México más de la mitad de las personas con discapacidad no reciben ingresos y casi 20 por ciento gana menos de un salario mínimo. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en México las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1 por ciento de la población total.

Proponen Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores, (PAN) propuso iniciativa que expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación.

El legislador indicó que con este nuevo marco jurídico se fijarán parámetros sólidos y uniformes aplicables a los tres poderes de la Unión y a los organismos autónomos por disposición constitucional.

Prevé la conformación de un Comité de Expertos en Remuneraciones, el cual será un órgano técnico de carácter ejecutivo para evaluar, emitir recomendaciones en lo general, y coadyuvar en la determinación de los pagos de los servidores públicos. Fue turnado a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y a la de Presupuesto.

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