30-09-2012 A fin de colaborar en la readaptación de los reclusos y evitar que vuelvan a delinquir, el diputado Felipe Arturo Camarena García (PVEM) propuso reformar la Constitución Política para incluir un sistema de trabajo obligatorio en los centros de reclusión.

El legislador resaltó que es urgente una reforma al sistema penitenciario porque las cárceles no han funcionado para readaptar; al contrario, muchas veces los ex reclusos regresan a la sociedad transformados en personas más peligrosas.

Las cárceles, dijo, son lugares comunes de ocio, corrupción, anarquía, violencia, insalubridad, venta de drogas, bebidas alcohólicas y prostitución, a lo cual se suma la sobrepoblación como una de las principales causas de la crisis de la readaptación social, porque genera hacinamiento y un entorno que no contribuye a corregir al infractor, agregó.

Afirmó que el exceso de población carcelaria es un indicador de riesgo potencial de los centros de reclusión, pues desencadena eventos que comprometen la capacidad de atención, gestión, control y estabilidad en la prisión.

Refirió que el modelo de política criminal que optó por la prisión y el endurecimiento de las penas fue erróneo, ya que se debieron buscar las razones del aumento de la criminalidad, combatirlas y prevenirlas.

Enfatizó que la educación y el trabajo constituyen la base fundamental de un adecuado tratamiento penitenciario, principal instrumento para la consecución de la reinserción social.

Consideró que si los reclusos no se preparan para su libertad, es muy probable que no se genere la inclusión a las fuerzas productivas de la sociedad o a la comunión plena con sus familias y vuelvan a delinquir, sea autónomamente, en pequeños grupos o en el crimen organizado.

Subrayó que es deber del Estado asegurar la no reincidencia de los infractores. Sin embargo, la mayoría de los centros de reclusión no están en condiciones de cumplir con lo dispuesto en el artículo 18 Constitucional, el cual señala que se buscará evitar la reincidencia sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.

Por ello, propuso reformar los artículos 5 y 18 de la Constitución Política para incluir un sistema de labor obligatorio en los centros de reclusión y que el trabajo sea impuesto como pena concedida por la autoridad judicial competente.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, también plantea que la Federación, los estados y el Distrito Federal celebrarán los convenios necesarios con el sector privado para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia, realicen los trabajos a que están obligados durante la extinción de su pena.

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