23-10-2012.-La Cámara de Diputados solicitó a Petróleos Mexicanos, a las secretarías de Energía, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como a la Procuraduría General de la República, eficientar las acciones de inteligencia y destinar mayores recursos para prevenir el robo de hidrocarburos.

De igual forma exhortó a Pemex Refinación a resguardar y equipar con tecnología, las válvulas que aún están desprotegidas, además de efectuar labores de mantenimiento en la red nacional de ductos para garantizar la seguridad y evitar pérdidas humanas, materiales y desastres ecológicos.

El diputado Julio César Lorenzini Rangel, del PAN, impulsor del punto de acuerdo, destacó que según el último reporte de Pemex, al cierre de junio de 2012 el volumen de combustible sustraído mediante tomas clandestinas ascendió a 1 millón 841 mil 478 barriles, 18 por ciento mayor que el calculado para el mismo periodo del año pasado, que fue de 1 millón 557 mil 569 barriles.

Agregó que, de acuerdo con el informe, se han identificado y clausurado 824 tomas clandestinas; Veracruz es la entidad más vulnerada al contabilizarse 114 tomas clandestinas. Le siguieron Sinaloa, con 90; Tamaulipas, 83; y Sonora y Nuevo León, con 62 cada uno.

El legislador reconoció que Pemex ha ejecutado proyectos y acciones en una estrategia integral de abatimiento del robo y mercado ilícito de hidrocarburos, no obstante, lejos de disminuir, el problema ha ido en aumento.

José Antonio Rojo García de Alba, del PRI, destacó que la red nacional de ductos de Pemex forma parte esencial de la llamada infraestructura crítica nacional y por ello su integridad física ante el creciente fenómeno de robo y derrame de hidrocarburos es una preocupación constante.

Aceptó que Pemex ha hecho un esfuerzo para prevenir la proliferación de estos incidentes criminales, no obstante, su accionar es insuficiente y está desconectado de la estrategia de seguridad. Por ello, coincidió en que en una acción extraordinaria y mediata, las dependencias federales se sumen a un esfuerzo coordinado y urgente para abatir el robo de combustible y garantizar la seguridad industrial, la supervisión y vigilancia de la red nacional de ductos de Pemex.

Verónica Sada Pérez, del PAN, dijo que los incidentes en el sistema de distribución de hidrocarburos es un tema de urgente atención por parte de la Cámara de Diputados. En los últimos días, añadió, se han repetido los accidentes graves, realizados por el crimen organizado.

Coincidió que pese a que Pemex ha diseñado y ejecutado una estrategia integral de abatimiento del robo de hidrocarburos y el mercado ilícito, no ha sido suficiente, por lo que es necesario desarrollar, con mayor intensidad y precisión, estrategias de protección civil para brindar seguridad en los centros de trabajo de la paraestatal y, sobre todo, en la red de ductos.

Yesenia Nolasco Ramírez, del PRD, comentó que es obligación de la Secretaría de Energía hacer cumplir la ley y exigir a Pemex que cumpla con su responsabilidad social, económica y ecológica.

Añadió que la paraestatal, como en toda la sociedad mexicana, debe privilegiar la cultura de la prevención y no de la reacción, ya que es mucho más costoso pagar daños y perjuicios que implementar un riguroso y detallado programa de actividades de inspección y vigilancia de su infraestructura.

Exhortó a Pemex a revisar y modificar su programa de mantenimiento preventivo, además de la ejecución de un sistema integral de prevención que reduzca el riesgo de estas contingencias.

Palomino Enrique Aubry de Castro, del PVEM, destacó que México es un país privilegiado por sus recursos petroleros y la explotación de hidrocarburos representa una importante fuente de ingresos, con el 34.9 por ciento y según estadísticas del sector energético, al mes de abril del 2012 la producción de petróleo crudo promedió dos millones 541 mil barriles diarios.

No obstante, mencionó, la red de ductos de Pemex es presa del robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas. Consideró que el problema no es menor, toda vez que la venta de hidrocarburos en el mercado ilegal representa una fuente importante de ingresos a los cárteles de droga en México, por ello, concluyó, “como grupo parlamentario nos manifestamos a favor del exhorto”.

Ricardo Mejía Berdeja, (Movimiento Ciudadano) refirió que de 2008 a 2011 Pemex erogó alrededor de 105 millones de dólares en un sistema de seguridad para vigilar la red nacional de ductos y 244 millones 905 mil pesos en servicios de patrullaje. En este sentido, abundó, resulta pertinente hacer el llamado para que se destine mayor atención, recursos humanos, inteligencia e infraestructura para prevenir el robo.

Sin embargo, dijo, falta exigir la responsabilidad directa de Pemex, toda vez que ha destinado cientos de millones de pesos para la implementación de sistemas de seguridad a través de empresas trasnacionales.

Lilia Aguilar Gil (PT) coincidió en que la Cámara de Diputados hizo su tarea al aprobar reformas que tipifican como delito grave el robo de combustible, sin embargo, dijo, a un año de haber entrado en vigor resulta conveniente plantearse qué hace la Procuraduría General de la República, a la que le corresponde investigar estos delitos.

Señaló que es impostergable que Pemex invierta más en el mantenimiento de la red nacional de ductos, pese a que desafortunadamente su régimen fiscal le impide contar con los recursos suficientes para ello. “Estamos de acuerdo en que diferentes dependencias se coordinen para la supervisión de redes de distribución de Pemex”.

Finalmente, la diputada Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública federal declaró que en 2011, fueron presentadas ante el Ministerio Público federal 268 denuncias relativas al robo de combustible, en tanto PEMEX presentó 887 denuncias por tomas clandestinas.
Según cifras de la paraestatal, la extracción ilícita de combustibles, deja a la hacienda pública pérdidas superiores a los 3 mil 500 millones de dólares anuales.

Recordó que recientemente la Cámara de Diputados hizo reformas para tipificar como delito grave el robo de hidrocarburos y sancionarlo hasta con 18 años de cárcel. Ante esta situación, dijo, estamos convencidos que se debe atender con urgencia y eficacia este problema.

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