30-10-2012.- La Cámara de Diputados exhortó al titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, que en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina, así como la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, fortalezcan las acciones para evitar el robo de combustibles.

Pidió a la Secretaría de Energía trabajar de manera conjunta con las empresas de la iniciativa privada que cuentan con ductos para la transportación de gas, a fin de robustecer la vigilancia, evitar el robo de combustibles e implementar mejoras tecnológicas que les permitan detectar tomas clandestinas y minimizar el riesgo en la población civil.

Al fundamentar el punto de acuerdo, aprobado en votación económica, el diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) hizo votos para detener el robo de combustible y la violencia ambiental, toda vez que las tomas clandestinas son una amenaza contra la seguridad nacional.

Refirió que el robo de combustible se acerca a los dos millones de barriles y afecta –principalmente- a los estados del norte, aunque “es más preocupante que sigue incrementándose la extracción de gas licuado, tanto en los ductos de Pemex como en los de la iniciativa privada”.

Resaltó que México se ha convertido en un país solamente de clausurar y sancionar, en donde se olvidó investigar qué ha pasado con los robos, con el mantenimiento de los ductos que tienen entre 40 y 50 años, cuando su vida útil es de 30.

“No podemos ser presos en nuestro propio país. No podemos vivir en la incertidumbre, en un mapa de riesgo en donde una industria, escuela o colonia que esté cerca de un ducto, se esté corriendo con el peligro de una catástrofe inimaginable”, afirmó.

En el documento, menciona que el robo de gas natural es una realidad, pues de acuerdo con Pemex, de enero a septiembre se detectaron 58 tomas clandestinas en gasoductos, contra 56 incidentes reportados en todo 2011.

El diputado Noé Hernández González (PRI) resaltó que las fugas ocasionadas por la delincuencia, no sólo representan un atentado en contra de la economía nacional y el medio ambiente, sino colocan en una situación de peligro a miles de habitantes de las zonas colindantes.

“Estamos a favor de que las dependencias federales hagan un esfuerzo coordinado y urgente para reducir el robo de combustibles en el Sistema Nacional de Gasoductos y Poliductos; trabajar de manera conjunta con las empresas privadas evitando el hurto; que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público facilite los recursos para el mantenimiento y supervisión de los ductos”, abundó.

De Acción Nacional, el legislador Homero Ricardo Niño de Rivera Vela argumentó que ni Pemex ni la Secretaría de Energía realizan labores de combate a ese delito.

“La red de ductos tiene una enorme extensión, cuenta con más de 65 mil kilómetros de longitud, pues así de grande es la empresa y por supuesto así de grande también debe ser la inversión de recursos que se requieren para mantenimiento y vigilancia”, aclaró.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (PRD) expresó que si bien se necesita mayor vigilancia para evitar el robo de combustible, es primordial que la paraestatal aclare e informe las condiciones de seguridad, higiene, protección civil y prevención de riesgos que se presentan en todas y cada una de las instalaciones y plantas de Pemex.

Solicitó la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, y del secretario de Energía, Jordy Hernán Herrera Flores, para que den a conocer el estado que guarda la infraestructura de la paraestatal y el mantenimiento que se le da, así como los montos destinados para su actualización o renovación.

El diputado José Luis Valle Magaña (Movimiento Ciudadano) destacó que en las últimas administraciones el robo de hidrocarburos se ha multiplicado exponencialmente, aun cuando de 2008 a 2011, Pemex erogó alrededor de 105 millones de dólares en un sistema de seguridad para vigilar la Red Nacional de Ductos, y 244 millones 905 mil pesos en servicios de patrullaje, en donde en 2011 la paraestatal reportó un incremento en el hurto del 38 por ciento.

Añadió que es pertinente hacer un llamado al gabinete de seguridad y a la Secretaría de Energía para que destinen mayores labores de inteligencia, tecnología, recursos económicos y humanos para ampliar la supervisión, vigilancia y eficientar las labores de prevención de robo de hidrocarburos.

Por el PT, el diputado José Alberto Benavides Castañeda detalló que el robo de combustible representa más de cinco mil millones de pesos, en donde la delincuencia organizada ya ha encontrado la forma de sacar ventaja “a la débil infraestructura que Pemex posee en sus líneas alimentadoras y de distribución”.

Agregó que los recientes ataques son una muestra de la crisis de seguridad que vive Pemex, ya que una de las facilidades con las que se encuentran los atracadores es que más del 40 por ciento de los ductos que transportan petróleo, gas y petrolíferos tienen más de 40 años de antigüedad.

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