11-11-2012 Los desafíos contra la pobreza y las nuevas condiciones sobre el trabajo, salud, educación y vivienda en México deben ser rescatados en el debate de la agenda legislativa, se dijo en el “Seminario Internacional sobre Pobreza y Vulnerabilidad Social”, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados y en el cual participaron diversos investigadores.

De El Colegio de México (Colmex), Landy Sánchez, Edith Pacheco y Araceli Damián se manifestaron por una legislación que implemente proyectos de vivienda compartida y mantenga y mejore las inversiones en servicios e infraestructura.

Edith Pacheco señaló que aunque se han creado empleos estables, las tasas de desempleo siguen creciendo, y existe una fuerte correlación entre no contar con un trabajo formal -con contrato y permanente- y la persistencia en la indigencia y la pobreza.

Araceli Damián indicó que cuando los trabajadores tienen asegurados sus derechos es menos probable que se ubiquen en el segmento de vulnerables o pobreza, pues a mayores derechos menor probabilidad de ser pobre.

Respecto a la situación laboral agrícola, Nelson Flores, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) resaltó que los ingresos de los hogares agrícolas actualmente se han diversificado y no provienen exclusivamente del sector.

“La precariedad en el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores se han acentuado especialmente para las mujeres, pues solamente el 6 por ciento de los agricultores tienen acceso a prestaciones”, detalló.

En materia de salud, el CESOP reconoció que existe una profunda desigualdad en su acceso, en virtud de que la atención primaria para la prevención es fundamental, a fin de evitar gastos “catastróficos” en los que incurren los grupos más vulnerables por no contar con el derecho a los servicios públicos de salud.

Al respecto, Eduardo Lazcano Ponce, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, precisó que entre 2010 y 2012 se registró una cobertura de la población derechohabiente de seguridad social de 65 por ciento y de 33 por ciento que aún no tiene acceso a los servicios institucionales.

Detalló que la población sin cobertura de seguridad social se concentra en personas de 15 a 30 años de edad y el mayor porcentaje entre quienes tienen 20 y 24 años. Además, el Seguro Popular se incrementó de cinco millones de personas en 2004 a casi 53 millones a abril de 2012.

Conforme a datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) registrados entre 2006 y 2012, la utilización de consultorios dependientes de farmacias como servicio médico ambulatorio aumentó de 2.3 a 14.8 por ciento de quienes sí cuentan con seguridad social y de 5.5 a 29.7 por ciento de las que no tienen acceso a ella, agregó.

Subrayó que la prevalencia de diabetes en adultos mayores de 60 años se incrementó en más seis por ciento en este sexenio. Además, las personas con esta enfermedad e hipertensión que cuentan con seguridad social registran mayores decesos (78 mil 522) que quienes no tienen ningún servicio institucional de salud (62 mil 577).

Puntualizó que los retos en salud están en los rubros demográficos (envejecimiento); epidemiológico (diabetes mellitus, cáncer y enfermedad cardiovascular); riesgos (violencia, tabaquismo y obesidad) y sociales (inequidad).

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