14-11-2012 César Becker Cuéllar, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) se manifestó por fortalecer la cultura en materia de libre competencia e identificar los efectos nocivos de las organizaciones monopólicas, ya que afectan a los consumidores y a la economía.

Al presentar la conferencia Reflexiones sobre la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, Becker Cuéllar destacó que los monopolios no sólo dañan a los consumidores, sino al crecimiento de la economía y otros actores que intervienen en ella, lo cual se refleja en una baja generación de empleos y reducida creación de empresas.

El titular del CEDIP añadió que se debe trabajar en las reformas que impulsen y fortalezcan la competencia.

Osvaldo Hernández Cervantes, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica son significativas, ya que prevén fortalecer el libre proceso de competencia, elevar las multas por ingresos obtenidos en prácticas monopólicas absolutas o relativas, aplicar sanciones penales y modificar de la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Competencia (COFECO).

Expuso que a pesar de estas reformas, los trámites son confusos, por lo que se tiene que recurrir al Código Penal de Procedimientos Civiles para conocer las sanciones.

Reiteró que se debe analizar la propuesta de transformar la naturaleza jurídica la COFECO, ya que no debe ser órgano desconcentrado, sino organismo público descentralizado, con el propósito de que posea independencia y sus resoluciones sean más viables y eficientes.

Por su parte, Víctor Pavón Villamayor, director general de Proyectos y Apoyo Técnico de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), destacó que unas de las contribuciones de la reforma de competencia económica fue el incremento en las multas, ya sea por prácticas monopólicas absolutas o relativas, con un tope del 10 por ciento de los ingresos totales de los infractores.

Sin embargo añadió que la propuesta inicial también se consideraba los ingresos a nivel internacional, pero se descartaron tras discusiones en los órganos competentes.
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