• Temas: “Rápido y Furioso”, caso Tres Marías, protección a migrantes, seguridad pública, drogas, juegos y sorteos

15-11-2012 Diputados de los siete grupos parlamentarios que integran la LXII Legislatura cuestionaron al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, quien compareció ante la Comisión de Gobernación a efecto de ampliar el análisis correspondiente al VI Informe de Gobierno.

Luego de rendir protesta de decir verdad ante la comisión presidida por el diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, el titular de la Segob dio respuesta a temas relativos a la estrategia para el combate al crimen organizado, el Operativo “Rápido y Furioso”, migrantes, índices de violencia, transformación del marco normativo y el tema sobre la legalización de la mariguana.

PRI

El diputado Heriberto Galindo Quiñones dijo que ante los resultados de la estrategia para el combate al crimen organizado es menester revisarla a detalle y rectificarla, en su caso, a fin de que el próximo Gobierno tenga un mejor desempeño en beneficio del desarrollo armónico de nuestra sociedad. “No ponemos en duda las buenas intenciones del Gobierno en el combate al crimen, pero clamamos por mejores resultados”, indicó.

El legislador calificó de fundamental la modernización del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), con el propósito de que su trabajo sea confiable ante el combate al crimen organizado; “consideremos de la mayor importancia fortalecerlo en todos los aspectos”, dijo.
El diputado Arnoldo Ochoa González llamó a analizar las políticas implementadas por el gobierno federal en materia de adicciones, seguridad y garantías individuales, para ver qué funciona y qué debe rectificarse, con una visión de Estado y el concurso de todas las fuerzas políticas.

Indicó que, según datos del INEGI, 24.3 por ciento de los menores en Consejos Tutelares delinquió bajo la influencia de alguna sustancia; 68 por ciento consume drogas habitualmente, y la mariguana es la más reportada, con 35 por ciento, seguida de alcohol y tabaco.

El diputado Víctor Hugo Velasco Orozco cuestionó la cobertura del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y si sus recursos han llegado en tiempo y forma para los afectados.

PAN

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño mencionó que la corrupción es un mal que ofende y lacera a los ciudadanos, por lo que durante la presente administración se pusieron en marcha diversos programas para combatirla, y se han impulsado leyes que la sancionan, como la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas.

Señaló que México cuenta con una democracia efectiva que se ha traducido en reformas constitucionales en materia política que significan avances para su consolidación. La pasada reforma política abrió la puerta para las candidaturas independientes, la consulta popular y a la iniciativa preferente que ya demostró ser un camino para llegar a los acuerdos de forma ágil.

El diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández preguntó qué acciones preventivas se han realizado en el marco de la estrategia nacional de seguridad, a fin de evitar que el crimen siga lesionando la vida de muchas comunidades al encontrar terreno fértil para reproducirse sin control.

La diputada Esther Quintana Salinas interrogó al funcionario por qué no se ha replicado en otras ciudades y comunidades del país el Programa Todos somos Juárez, que ha reducido la violencia en un 50 por ciento de enero a julio de 2012 comparado con 2011.

El diputado Juan Jesús Aquino Calvo pidió se informará sobre los avances para contrarrestar la corrupción y malas prácticas en el Instituto Nacional de Migración. Su compañero de bancada, José Alfredo Botello Montes dijo que su partido refrenda el compromiso para que se promueva un puntual seguimiento a las acciones de gobierno que se emprendan por la nueva administración.

PRD

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero recalcó que la guerra contra el crimen organizado han producido dolor, desgracia y desaparición de personas, por lo que pidió cancelarla.

Subrayó que se menciona que las fuerzas federales inhabilitaron el 67 por ciento de los presuntos criminales más peligrosos del país y que hasta octubre de 2012 se capturaron o fallecieron 25 de los 37 criminales más buscados por la PGR. Sin embargo, “este enfoque es erróneo, ya que por cada muerto capturado surgen dos o tres cabezas nuevas en cada territorio abatido, teniendo con ello un crecimiento exponencial de los líderes de los criminales”.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez cuestionó si tiene sentido mantener la persecución de cargamentos de mariguana para impedir que llegue a la Unión Americana, “cuando en ese país ya está permitida y regulada en 18 estados como sustancia médica y en dos como recreativa”.

Pidió conocer lo que pasa con la labor de inteligencia del Estado mexicano, toda vez que no se sabe dónde están las incautaciones o congelamientos de los recursos que financian al crimen organizado. Cuestionó qué ha hecho el gobierno mexicano sobre el operativo “Rápido y Furioso”.
PVEM

La diputada Ruth Zavaleta Salgado afirmó que el actual gobierno tuvo una deficiente comunicación con los diferentes actores políticos “y ésa es la prueba de fuego que debemos superar los legisladores, el Ejecutivo, y en su caso, el Judicial para consolidar la democracia sustancial que esperamos se desarrolle en la siguiente alternancia”.

Afirmó que el fortalecimiento democrático debe concretar cambios legales y en las relaciones políticas, pero también “reflejarse en los bolsillos de los ciudadanos, en lo concreto, en lo sustancial, en la disminución de pobreza y la desigualdad social que no hemos logrado impactar”.

Zavaleta Salgado cuestionó que el Gobierno Federal no haya invitado al Congreso de la Unión cuando elaboró el Plan Nacional de Desarrollo; argumentó que los legisladores hubieran aportado indicadores de seguimiento a la política gubernamental. “Entonces sí hablaríamos de una transparencia plena y del combate a la corrupción”, opinó.

Movimiento Ciudadano

En tanto, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño subrayó que el desempeño específico de la Secretaría de Gobernación hereda al menos 112 conflictos de impacto nacional y regional.

Subrayó que han sido mínimos los resultados del combate a la delincuencia durante los últimos años. “En este sentido, le pregunto: ¿funcionó la separación de tareas entre la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad Pública?”

Señaló que las violaciones de derechos humanos tienen un carácter sistemático en el país, mientras que las condiciones de pobreza dejan como resultado 52 millones de personas que están prácticamente “muertas de hambre”.

Preguntó cuál fue la razón por la cual la SEGOB no convocó a un diálogo nacional para reformular al Estado, de acuerdo a las condiciones de una nueva democracia, y también por qué se dejó en la absoluta impunidad a las actitudes caciquiles de gobernadores que hicieron de sus estados escenarios de criminalidad, corrupción y deuda pública.
PT

En tanto, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara resaltó que en el alcance de metas en los programas sectoriales, el Gobierno Federal obtiene un 59 por ciento, mientras que las metas de la Secretaría de Gobernación obtienen un nivel del 55 por ciento. “Ambos reprobados”, enfatizó.

Respecto al tema migratorio puntualizó, que “no sólo hay un déficit institucional en la obtención de metas y programas sino una complicidad con la delincuencia por acción y por omisión para formular y conducir la política de población.

Pidió dar a conocer el número de armas aseguradas por la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, la SHCP, a través de aduanas que se identifican con el caso de Rápido y furioso, ya que el Gobierno Federal omitió informar de las incautadas en los distintos operativos señalados en el Sexto Informe de Gobierno.

Señaló que la operación del crimen organizado se concentra en 29 por ciento de los municipios territorio ha quedado fuera del imperio de la ley; esto es, 713 municipios que están fuera del Estado de derecho, situación que ha generado miles de desplazados.

Nueva Alianza

El diputado Luis Antonio González Roldán expresó que el sistema de justicia, se encuentra hundido en una grave crisis. “Enfrentamos índices históricos de criminalidad y violencia, en buena medida porque el Estado ha sido incapaz de erguirse como una amenaza real de castigo para quien transgrede y viola la ley”.

Dijo que la estrategia implementada en el combate a los grupos delictivos ha resultado infructuosa y generado una escalada de la violencia en gran parte del territorio nacional. “En los últimos 10 años, los índices de impunidad han permanecido estables, es decir, sólo 1 de cada 100 delitos cometidos en México recibe castigo”, agregó.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún cuestionó qué acciones ha realizado la Segob en materia de seguridad fronteriza y cuántos migrantes pasan diariamente por el país y son víctimas de vejaciones y extorsiones por parte de policías federales, estatales, municipales y agentes migratorios.

El diputado Luis Antonio González Roldán preguntó qué se ha hecho para garantizar la seguridad de los migrantes, y si la actual administración enmendó el camino o fracasó en el combate a la delincuencia organizada, pues no ha tenido efectos reales.

Intervención del secretario de Gobernación

Al dar respuesta a los cuestionamientos, el secretario de Gobernación se refirió al operativo “Rápido y Furioso”, del que informó que la Procuraduría General de la República “está conduciendo las investigaciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades, no solamente de personas que llegaron a conocer de los hechos en este lado de la frontera con Estados Unidos, sino de aquellos otros que estuviesen involucrados o que se identifique su responsabilidad”.

Dijo que de parte del gobierno de Estados Unidos no hubo, ninguna comunicación que solicitara permiso, o siquiera informara, sobre este operativo; de haber sido así, lo habríamos negado y lo hubiéramos rechazado de forma categórica. La PGR “está trabajando y está obligada al sigilo por lo que presentará las pruebas correspondientes en el momento adecuado”.

De igual, forma rechazó que el país esté inmerso en una crisis de gobernabilidad y que el combate a la delincuencia haya sido una ocurrencia del gobierno; fue una demanda expresada desde hace muchos años por la sociedad, sostuvo.

Respecto a la presencia de agentes de Estados Unidos en territorio nacional, indicó que es necesaria para la obtención de información de aspectos específicos que sirven a las funciones de las autoridades mexicanas en el uso de sus atribuciones, lo cual está reglamentado desde 1992.

En el tema de la legalización de la mariguana, Alejandro Poire dijo estar de acuerdo en que es indispensable abrir el debate. “Ya lo dijo el presidente Calderón, no de manera tardía, sino desde la primera vez que se planteó, pero tiene que ser integral, global, tiene que incluir todos los aspectos, no solamente el de seguridad, sino de salud pública y la coordinación de cualquier política pública en la materia”, abundó.

Recordó que fue este gobierno el que permitió la promulgación de la miscelánea para despenalizar y descriminalizar el consumo no solamente de la mariguana, sino una serie de sustancias bajo la premisa de que a la última persona a la que se le tiene que perseguir es al consumidor.

No podemos ocultar, dijo, que son justamente las ganancias exorbitantes, resultantes de este tráfico hacia el extranjero, las que generan la rivalidad entre los grupos delincuenciales, la violencia, corrupción y dificultad para que las instituciones de seguridad pública local reduzcan los índices delictivos con el apoyo de la fuerza federal.

Mencionó que el precio de la droga y de referencia lo impone el mercado de Estados Unidos, por lo que los grupos delincuenciales “seguirán teniendo ganancias exorbitantes y, en este tenor, continuarán los fenómenos de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, independiente de la política que adopte de forma unilateral nuestro país”.

Por ello, consideró indispensable restablecer el Estado de derecho y fortalecerlo. Provocar un debate, como lo hace el gobierno federal en el plano internacional, a fin de que sea una política integral y para que en Estados Unidos deje de existir este fenómeno paradójico que ocasiona que, desde el ámbito político y diplomático, no se dé una discusión sobre el mismo tema mientras su pueblo en “algunos estados” les provoca esa discusión y toma decisiones.

Tras el cuestionamiento sobre un incremento de la presencia de las fuerzas armadas en estados y municipios, Poiré señaló que fue a petición de las autoridades locales para combatir el crecimiento de la delincuencia en todos sus órdenes.

Afirmó también que se han reducido considerablemente los índices de violencia, y citó el caso de Ciudad Juárez, donde, la participación de las fuerzas federales, permitió reducir hasta un 76 por ciento el número de homicidios, y lo mismo sucedió en Baja California.

Dijo que ante presiones del crimen organizado a alcaldes, se envió una iniciativa al Congreso de la Unión con el objetivo de lograr un mando policial único. Agregó que en la medida en la que mantengan las 2 mil 200 corporaciones municipales, se seguirán enfrentando problemas de capacidad institucional.

Se refirió también al tema de la delincuencia organizada y el tráfico de personas, particularmente en las rutas de migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos. Aseguró que se ha aplicado una política integral de atención al fenómeno.

Esa política integral pasa inicialmente por la transformación del marco normativo, como despenalizar la migración indocumentada dentro de nuestro país, acentuar la defensa de los derechos humanos de éstas personas, además de una transformación del Instituto Nacional de Migración.

Como parte del ejercicio de depuración, se han separado de su cargo a más de 700 servidores públicos, lo cual constituye 15 por ciento de su planilla, reconociendo que había sido infiltrado por la delincuencia y la corrupción.

Agregó que ante hechos lamentables registrados en el tren llamado “La Bestia”, se han efectuado operativos sistemáticos, incluso con la presencia de las Comisiones de Derechos Humanos, para desincentivar su utilización de ese transporte por parte de los migrantes.

“A la fecha y como resultado de los trabajos que se han llevado a cabo en los últimos meses han sido más de 13 mil 500 migrantes los que se han retirado de ese tren, evitando su trayecto hacia zonas de riesgo frente a los grupos delincuenciales, además de que han sido repatriados hacia sus países de origen”, informó Poiré.

Al inicio de su intervención, el secretario de Gobernación, expresó que durante la actual administración se estableció una acción conjunta y coordinada con el Poder Legislativo para responder a las demandas ciudadanas. “Más allá de las legítimas diferencias que nos caracterizan por vivir en democracia, el debate y el diálogo de las ideas, hemos buscado garantizar y promover la búsqueda de acuerdos y consensos para mejorar la vida de los mexicanos”, afirmó.

Reconoció que durante el actual gobierno federal y con base en la responsabilidad compartida con el Legislativo, se han realizado transformaciones de gran trascendencia para el país. “Hemos dado a México logros que antes no parecían posibles”.

En los últimos seis años, detalló, se lograron grandes reformas, como la constitucional en materia de derechos humanos; al sistema de justicia penal; de combate a la delincuencia organizada; la electoral; de pensiones; hacendaria y al sistema nacional de seguridad pública.

La política, refirió, no sólo ha abierto mayores espacios de participación a los ciudadanos sino que permitió al Ejecutivo y al Legislativo concentrar su atención en temas prioritarios, como la reciente Reforma Laboral y la de Contabilidad Gubernamental.

Además, precisó, se ha efectuado una tarea trascendental en materia de defensa y promoción de los derechos humanos, así como pasos significativos en la renovación de la política migratoria del Estado.

De igual forma, subrayó el funcionario, se han emitido protocolos para el uso legítimo de la fuerza, para la detención y puesta a disposición de personas, y la cadena de custodia y preservación de evidencias del delito, que le dan más certidumbre a los ciudadanos ante la acción de la autoridad en materia de combate de la delincuencia.

Otra acción, precisó, es la implementación de la nueva Ley para protección y defensa de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. “El compromiso del gobierno federal en la materia es indeclinable”, comentó.

En su intervención final, el titular de la Segob enfatizó que el Estado tiene la obligación de combatir a la delincuencia, en un trabajo conjunto con los estados. “Durante el presente año, de enero a septiembre, en relación con el mismo periodo del año pasado, hay una reducción del siete por ciento en los homicidios; 11 por ciento en secuestros; del 58 por ciento en la extorsión y del ocho por ciento del robo con violencia”.

El funcionario argumentó que se debe poner especial atención en la transformación institucional, a través de políticas de seguridad que deben perfeccionarse. “Coincidimos en la formación de algunos consensos básicos, y eso es lo que significa verdaderamente la democracia y la alternancia”, concluyó.

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