22-11-2011 El Pleno de la Cámara de Diputados conocerá este jueves el dictamen con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobado en lo particular la madrugada de hoy por las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública.

En lo general, el dictamen fue avalado ayer por PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, aunque diputados de Acción Nacional tuvieron reservas en lo particular; lo rechazaron PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
En lo particular, se hicieron modificaciones a dos artículos del dictamen. A las fracciones XVIII y XIX del artículo 27, así como el inciso c, y las fracciones VII y X, del artículo 32.

El primer cambio se aprobó con 37 votos a favor y nueve en contra, a partir de la reserva presentada por el diputado del PAN Alfredo Rivadeneyra Hernández para cambiar las fracciones XVIII y XIX del artículo 27, a fin de acotar el uso de la fuerza pública por parte de la Secretaría de Gobernación.

Para ello, se aprobó la siguiente redacción del mencionado artículo: “Auxiliar del Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias, órganos de gobierno, entidades federativas y municipios.

Auxiliar cuando así lo requiera la PGR en la investigación y persecución de delitos y disponer de la fuerza pública en términos de disposiciones legales aplicables en situaciones de alteraciones graves de orden público”.

La segunda enmienda se aprobó por unanimidad, luego de que la diputada Esther Quintana Salinas (PAN) propuso modificar el inciso c y eliminar las fracciones VII y X, del artículo 32.

De esta forma, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) no serían sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por lo que mantendrán su autonomía jurídica y económica.

La reserva de la diputada Elizabeth Yáñez Robles (PAN) al artículo 26, para no desaparecer la Secretaría de la Función Pública hasta crear un organismo anticorrupción autónomo, fue rechazada.
El proceso para discutir la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue cuestionado desde un principio de la reunión, encabezada por los presidentes de las comisiones de Gobernación, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), y de Seguridad Pública, José Guillermo Anaya Llamas (PAN).
El Partido del Trabajo, en voz de Manuel Huerta Ladrón de Guevara consideró que se violentaban los procedimientos, pidió suspender el encuentro de análisis y propuso invitar a la discusión a las comisiones de Desarrollo Social, de Reforma Agraria y de Hacienda.

En la reunión se aprobó el orden del día e inició el posicionamiento de seis diputados a favor de la iniciativa (PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza), y seis en contra (PRD, PT y Movimiento Ciudadano).

Los diputados del PRI, entre ellos el secretario de la Comisión de Seguridad Pública, José Montano Guzmán, opinó que las reformas buscan fortalecer a la Secretaría de Gobernación, evitarían dispersión de la información delictiva y consolidarían un sistema de seguridad humana, con la prevención como de las acciones.

Los legisladores de ese partido también rechazaron que las modificaciones propuestas deriven en una súper secretaría o que haya un vicepresidente, como se ha dicho”. Frente a ello, el diputado panista Juan Aquino Calvo afirmó: “Estamos de acuerdo en que se trasladen las funciones de la Seguridad Pública a Gobernación, pero que no se utilice a la policía con fines políticos”.

Mónica García de la Fuente, del PVEM, afirmó que reorganizar la Administración Pública pretende modernizar el sistema y la coordinación entre dependencias; en tanto, Luis González Roldán (Nueva Alianza) dijo que establece un esquema funcional de las dependencias federales.

Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) calificó las reformas propuestas como “restauradoras del viejo régimen y recetas del pasado”, con las cuales quieren responder a los retos del presente. Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano), por su lado, advirtió: “si se desmantela a la Secretaría de la Función Pública (SFP), se dispararía la corrupción”.

En una segunda ronda de posicionamientos, se expresaron a favor Alfonso Robledo Leal (PAN), Francisco González Vargas (PRI), Arturo Camarena García (PVEM), Sonia Rincón Chanona (NA), Simón Valanci Buzali (PRI) y Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI).

En contra hablaron Juan Luis Martínez Martínez (Movimiento Ciudadano) Luis Arias Pallares (PRD), Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano) Julio César Moreno (PRD), Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano) y Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT).

Al concluir esta ronda, se consideró que el proyecto de dictamen había sido suficientemente discutido, se votó en lo general y fue aprobado. La Comisión de Gobernación registró 22 votos a favor y ocho en contra, mientras que la de Seguridad Pública tuvo 19 a favor y cinco en contra.

Los diputados del PRI, PVEM, Nueva Alianza y PAN emitieron su voto a favor en lo general, aunque el PAN anticipó que tenía reservas en lo particular; legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano se expresaron en contra.

Después de declararse en sesión permanente y haber decidido un receso alrededor de las 16:40 horas de ayer, las Comisiones Unidas reanudaron su reunión a las 00:30 horas de este jueves, para discutir las reservas, y terminaron a las 4:50 horas de hoy.
-- ooOoo --