La Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI), se reunió con el titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica, quien dio a conocer su opinión respecto a la minuta que reforma la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La legisladora manifestó que la Comisión está próxima a debatir la minuta enviada por el Senado de la República, por lo que es necesario conocer las circunstancias y opiniones del Conapred, a fin de llevar a cabo las reformas y planteamientos necesarios para su aprobación.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano) expresó que en todos los ámbitos de las instituciones federales se debe cumplir el derecho y las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la no discriminación. “El gran reto del país se encuentra en hacer realidad el gran número de instrumentos jurídicos tendientes a garantizar los derechos fundamentales”.

Por su parte, la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD) dijo que es necesario profundizar la trasnversalización del tema en toda la Administración Pública Federal, así como crear mayores acciones que se extiendan a las personas con alguna discapacidad o habitantes de las comunidades indígenas.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (PAN) precisó que se debe erradicar la discriminación a través de un acercamiento a la conducta cotidiana del ser humano, la cultura, usos, costumbres y la legislación.

En tanto, Francisco Javier Fernández Clamont (PRI) precisó que la raíz del problema se encuentra en la cultura de los ciudadanos, por lo que propuso que se fijen en la Ley General de Educación las herramientas necesarias para generar una conciencia en las personas para evitar la discriminación.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) propuso la creación de una ley federal que permita tipificar como delito la discriminación, que se mida bajo parámetros internacionales.

El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) Ricardo Bucio Mújica, señaló que en México la garantía del derecho a la no discriminación actualmente es discriminatoria, ya que no está regulada para todo el país en igualdad de circunstancias. “Esta ley es federal, que sólo puede recibir asuntos que tienen que ver con autoridades federales y con particulares”.

Afirmó que cuando se trata de estados y municipios que tienen que elaborar sus propias leyes locales, se encuentra que hay más de tres estados que no cuentan con una, pero además hay otros 10 que no aplican la ley estatal que ya tienen aprobada.

Señaló que la minuta prevé la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación racial; que el programa nacional para prevenir y eliminar la discriminación sea transversal en la Administración Pública; medidas de igualación, inclusión y acciones como las cuotas de género.

Asimismo, busca restituir el derecho violentado por el acto de discriminación, donde el efecto dañino no lo cubra la persona discriminada, sino la persona e institución que lo lleva a cabo.

Subrayó que hay poca regulación de contenidos de violencia, odio y discriminación en los medios de comunicación. “El rango de edad que más justifica la violencia contra las mujeres son los jóvenes entre 14 y 17 años de edad, lo que hace necesario trabajar en la materia”.

Manifestó que las políticas públicas están pensadas en lo general y para cierto grupo de población, “no están hechas para las minorías y en México, representan una enorme mayoría, dejando desprotegidos a discapacitados, indígenas, campesinos, analfabetas”.

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