28-11-2012.-El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 381 votos a favor, 19 en contra y 22 abstenciones la minuta que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, con la cual se crea el Sistema Federal de Justicia para los Adolescentes, que permitirá la reintegración o reincorporación social y familiar del adolescente o adulto joven.

La minuta remitida al Ejecutivo Federal también reforma y adiciona diversos artículos a las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República y de la Ley Federal de la Defensoría Pública, con la finalidad de establecer el respeto, integridad, dignidad y estricto cumplimiento de los derechos y garantías de los adolescentes y adultos jóvenes.

El Sistema Federal de Justicia para los Adolescentes incluye a los órganos, instancias, procedimientos, principios, derechos y garantías previstos en la Constitución, la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tratados y convenios internacionales.

Entre los principios rectores del Sistema está el interés superior del adolescente, la presunción de inocencia, la mínima intervención que consiste en la adopción de medidas para tratarlos sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendido de que se respetarán plenamente sus derechos humanos y garantías legales.

Garantiza que durante la fase de detención no se mantenga al adolescente incomunicado ni se le coaccione, intimide, someta a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y que se satisfagan sus derechos a la alimentación y a la salud.

Dicha ley se aplicará a quienes se les atribuya o compruebe la realización de una o varias conductas tipificadas como delito de competencia de las autoridades federales y que tengan al momento de la comisión de dichas conductas, entre doce años cumplidos y menos de 18 años de edad.

Se busca que en ningún caso se podrá aplicar al adolescente o adulto joven la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Entre los castigos contenidos en el nuevo ordenamiento se encuentran las medidas de ingreso a los Centros Federales de Internamiento Juvenil, cuya duración será prevista de acuerdo al delito cometido por el menor.

En este sentido, se incluye la medida de internamiento permanente como la pena más grave en esta ley, que consiste en la privación de la libertad y se debe cumplir exclusivamente en dichos centros, de los que podrán salir el adolescente o adulto joven sólo mediante orden escrita de la autoridad judicial.

La duración de la pena deberá tener relación directa con los daños causados, sin poder ser inferior a un año ni superior a cinco cuando el adolescente o adulto joven tenga entre catorce años cumplidos y menos de dieciséis al momento de realizar la conducta delictiva. Cuando tenga dieciséis años cumplidos y menos de dieciocho, no podrá ser inferior a dos años ni superior a siete años.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (PRI) señaló que esta ley ofrece al adolescente los principios rectores de un sistema basado en el interés superior del adolescente, para su reintegración social y familiar.

Expresó que el sistema dispone medidas de orientación y protección, como lo son el apercibimiento, prestación de servicios a favor de la comunidad, libertad asistida, asistencia a instituciones educativas y prohibiciones diversas que favorezcan al adolescente.

Subrayó que está orientada a los adolescentes que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18, así como a los adultos jóvenes de 18 años cumplidos y menos de 25 que se les atribuye y compruebe la realización de una o varias conductas tipificadas como delito, cuando eran adolescentes.

“Con la aprobación de esta ley estimamos que se cumpla con la aprobación constitucional para que opere lo más perfecto posible todo el aparato del Estado mexicano para aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento de los adolescentes”, dijo.

En su oportunidad, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) expresó que el dictamen es violatorio de derechos humanos al establecer que los jóvenes jurídicamente pueden ser ingresados, sin un claro respeto a sus derechos, en los centros de internamiento.

La diputada Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano) dijo que las normas que regulan el proceso “mantienen el modelo del sistema inquisitivo actual, por lo que a pesar de las aparentes bondades escritas en la ley, debe afrontar algunas observaciones que demeritan y contradicen el proyecto presentado, ya que es abiertamente contrario a las garantías del debido proceso legal, reconocido por la propia Constitución”.

En tanto, el diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) afirmó que es una ley que permite tener instrumentos para que autoridades especializadas del orden administrativo o judicial acaben por individualizar las medidas más adecuadas para dar tratamiento a la violencia en la que se ven inmersos adolescentes cuando cometen delitos. “Se respetarán garantías fundamentales de todo gobernado como sujetos de un debido proceso legal”.

El diputado Alejandro Carbajal González (PRD) subrayó que se requiere generar una política que apueste por la prevención, que genere condiciones de desarrollo y alternativas de trabajo, estudio, educación y cultura. “Deben existir estructuras jurídicas, pero también generar las condiciones en donde los jóvenes tengan áreas de recreación”, añadió.

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN) argumentó que esta ley deja a México a la vanguardia de los tratados internacionales, toda vez que el sistema de justicia para adolescentes, reconoce los principios de protección integral e implementa en forma indiscutible el debido proceso legal, estableciendo formas alternativas de justicia.

La diputada Cristina González Cruz (PRI) expresó que esta reforma constituye una gran aportación al crear una ingeniería jurídica en el ámbito federal, para garantizar la justicia en materia de adolescentes, mediante la instalación de organismos especializados. “Complementa la obligación constitucional del Estado mexicano, para aplicar medidas de orientación, protección y tratamiento de las y los adolescentes”.

En tribuna, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano) subrayó que el dictamen resulta obsoleto, por lo que se tendría que elaborar una nueva legislación que se adecue al nuevo sistema de justicia adversarial en base al decreto del 2008, “además resulta ser inconstitucional y violatorio a los derechos humanos de los adolescentes”.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza (PRI) reconoció que el dictamen aprobado es una ley perfectible que tiene que adecuarse en el margen de dos años. “Es de reconocerse el trabajo de todos los diputados de esta Cámara que están pensando única y exclusivamente en el bienestar de los adolescentes”.

Por su parte, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán (PRD) destacó que la reforma contraviene los principios del artículo 20 constitucional, contradiciendo las normas elementales de la técnica legislativa.

La diputada Crystal Tovar Aragón (PRD) manifestó que el dictamen establece que el sistema penitenciario se deberá organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, al trabajo, capacitación, educación, salud y el deporte como medios de reinserción social de la juventud.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya (PAN) dijo que este dictamen propone que el juzgador debe estar en las audiencias donde se aborde el proceso para adolescentes, “principios que deben regular y regir la normatividad para la justicia para adolescentes”.

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