28-11-2012.- La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social aprobó su plan de trabajo, a fin de impulsar las actividades relacionadas con el sector social de la economía, posibilitar su desarrollo, fomentar empleo y mejorar los niveles de competitividad de las empresas.

En reunión de trabajo también se avaló citar a los funcionarios en la materia que designe el próximo Ejecutivo Federal, para que expliquen de qué forma apoyarán a las cooperativas del país, cómo se integrarán las reglas de operación y a cuánto ascendieron los recursos presupuestales.

La presidenta de la Comisión, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD) explicó que el propósito es colocar en el escenario público una agenda nacional que considere la importancia que deben tener la economía social y el cooperativismo, así como elevarlos a rango de política de Estado.

Dijo que ante el incremento en los índices de desempleo en el medio rural y urbano, recobran importancia las estrategias orientadas a la incorporación de grupos sociales que promuevan el autoempleo, la formación y desarrollo de iniciativas económicas autogestivas, sostenibles y sustentables.

Por ello, agregó, se debe elaborar un proyecto que reforme las leyes en la materia, en cuanto a fondos de riesgo, seguros, supervisión prudencial, integración de consejos y comités, así como regulación bancaria.

Expresó que las microempresas sociales cooperativas cuentan con una ruta para el impulso de actividades productivas, comerciales o de servicios y en campos que las afectan, como el abasto alimentario, vivienda, salud, cultura, ahorro y finanzas sociales.

Bautista Bravo añadió que en los últimos años poco se ha hecho para mejorar el marco legislativo que asegure su crecimiento y posibilite la formación de microempresas colectivas.

En el plan de trabajo, se urge a efectuar una actuación decidida del Poder Legislativo y una concertación entre empresarios, productores, trabajadores, gobierno y comunidades, para la creación de redes de inversión, complementación y comercialización, a fin de asegurar una distribución más equitativa de la generación de riqueza.

De igual modo, se requiere de una banca que fomente y canalice recursos a la pequeña y mediana empresas y éstas se integren a la economía en calidad de proveedoras de insumos y bienes intermedios.

Un factor clave, se menciona, es la actividad industrial en el campo para la incorporación competitiva de los sectores marginados del país. “El productor agrícola debe ampliar sus horizontes e insertarse al proceso económico”.

Se añade que mientras Europa y Estados Unidos protegen y subsidian a sus campesinos, en México, la mayor pobreza y el más alto número de personas en esta situación está en el campo.

“México se ha convertido en importador neto de alimentos, con un campesinado depauperado y marginado, con la única perspectiva de emigrar al extranjero, ya que no encuentra en el país posibilidades de bienestar”, se resalta.

Conforme al documento, se prevén foros para analizar las leyes General de Sociedades Cooperativas y la que Regula las Operaciones de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo: para discutir el marco del sector cooperativo de la pesca; sobre un apartado de economía social y cooperativismo, en los Tratados de Libre Comercio que tiene México, entre otros.

Además se plantea la constitución de cuatro subcomisiones: Estudios legislativos y análisis jurídico; Relaciones con el sector social y cooperativo; Vinculación con el sector público y Profesionalización institucional.

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