La Cámara de Diputados recibió del Ejecutivo federal el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación.

Junto con la propuesta, se recibió el documento suscrito por los representantes de los partidos Revolucionario Institucional, Cristina Díaz Salazar; Acción Nacional, Gustavo Enrique Madero, y de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, en el que consta que presenciaron, como testigos de honor, la suscripción de dicha iniciativa por parte del Presidente de la República.

También se anexó el dictamen de Impacto Presupuestario, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La iniciativa y los documentos anexos fueron turnados por la Mesa Directiva, que preside el diputado Francisco Arroyo Vieyra, a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a las de Educación Pública y Servicios Educativos y de Equidad y Género, para opinión.

El Ejecutivo plantea reformar los artículos 3º, fracciones III, VII y VIII, así como el 73, fracción XXV y adicionar la fracción IX al artículo 3º de la Constitución Política.

Propone la creación de un servicio profesional docente, que permita el concurso de ingreso y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en los niveles de educación básica y media superior.

Señala que los criterios para determinar la promoción deben corresponder, de manera efectiva, al mérito del maestro en su desempeño individual, además de cumplir con los requerimientos del perfil respectivo.

Plantea la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, encargado de evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Adicionalmente, la propuesta señala que el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa, el fortalecimiento de la formación continua de los maestros y la expedición de normas que refuercen la autonomía de gestión de las escuelas.

Del mismo modo, establecer las escuelas de tiempo completo e impulsar el suministro de alimentos nutritivos y prohibir en los planteles el consumo de los llamados “alimentos chatarra”, ya que no favorecen a la salud de los estudiantes.

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