18-12-2012.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 410 votos, reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para facultar a la Procuraduría del ramo a regular las casas de empeño y se sancione con multa de 617.41 pesos a dos millones 414 mil 759 pesos (2´414,759.14.) a quienes infrinjan dichas disposiciones.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, diputado Mario Sánchez Ruiz (PAN), explicó que la minuta, que reforma los artículos 65 Bis y 28 y adiciona del 65 Bis 1 al 65 Bis 7 de dicha ley, establece la obligación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de expedir las disposiciones de carácter general para las operaciones de registro público de casas de empeño.

Éstas, agregó, deberán transparentar sus operaciones y colocar en su publicidad o en sus establecimientos los términos y condiciones de los contratos; informar el costo diario, así como el costo mensual totalizado, que deberá expresar en tasas de interés porcentual sobre el monto prestado.

Asimismo, dijo, las casas de empeño deberán cumplir los requisitos que fije la Norma Oficial Mexicana que se expida al efecto por la secretaría, misma que determinará la información que incluirán en el contrato de adhesión para formalizar las operaciones, la información que se proporcionará al consumidor y la metodología para determinar la información relativa a la totalidad de los costos asociados a la operación. Se deberá garantizar al usuario la restitución de su prenda.

El legislador precisó que con el objeto de combatir la inseguridad y la entrega como garantía de un contrato de mutuo de objetos obtenidos a través de vías ilícitas, las casas de empeño deberán entregar un reporte mensual a la procuraduría estatal en el cual se informe cuando un cliente ha empeñado tres o más artículos iguales en una o más sucursales y cuando existe un comportamiento que permite suponer que los bienes prendarios son objetos provenientes de hechos ilícitos.

Lo anterior, dijo, permitirá a los agentes del Ministerio Público una mejor integración de las denuncias y querellas existentes y reducir la incidencia de este proceder, desincentivando la comisión de los delitos.

También se establece la posibilidad de cancelar el registro de las casas de empeño cuando tengan socios, accionistas, administradores, directivos o representantes que hayan sido condenados por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada.

Además, se prevé la facultad expresa de la Profeco de expedir las exposiciones de carácter general que sean necesarias para la operación del registro, así como las causales de suspensión y de cancelación. Se puntualizan los requisitos que deberán cumplir las casas de empeño para obtener su inscripción en el Registro Público.

En su turno, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) sostuvo que algunas casas de empeño no están reguladas y se vuelven en negocios que operan, lucran y muchas veces hacen fraude con los mexicanos.

Por ello, dijo, esta reforma es una realidad a la demanda de muchos mexicanos que han tenido que empeñar sus pertenencias para salvar su económica en momentos de crisis.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (MC) indicó que con la reforma se podrá regular una “plaga” de pequeñas empresas que están controladas por solamente 60 empresas que acaparan el mercado.

Mencionó que en Tlaxcala, Hidalgo y Oaxaca, estas empresas han crecido el mil por ciento, lo que significa que están llegando a la población de menor capacidad económica y cultural, lo que provoca que abusen de esta situación con ellos. Por lo tanto, dijo, es necesario regular a las casas de empeño.

Por el PVEM, el diputado David Pérez Tejada Padilla comentó que en la actualidad el poder adquisitivo de las clases populares se encuentra muy deteriorado, ya que la única opción es recurrir a las casa de empeño.

Estas entidades, añadió, manejan información con mucha opacidad, ya que no se informa bien a los consumidores acerca de los contratos a que están sujetos y se presentan cobros extras. Por ello, se requiere orden y claridad en beneficio de los consumidores, así como que la Profeco cuente con un registro de todas las empresas que están operando.

La diputada Yesenia Nolasco Ramírez (PRD) señaló que los principales afectados por los abusos de las casa de empeños son las personas de escasos recursos, ya que ante alguna emergencia son su única opción porque es un préstamo rápido, por lo que se ven obligados a aceptar tasas de interés que llegan a superar hasta el mil por ciento anual a un préstamo prendario.

Recalcó que esta reforma abona en transparentar esta actividad comercial al establecerse la existencia de un registro en el que se deberán inscribir las casas de empeño y los formatos de los contratos de adhesión que se celebran con sus clientes.

Del PAN, el diputado Juan Carlos Uribe Padilla indicó que las casas de empeño proliferan y no se conoce cómo se rigen para realizar sus actividades; por ello, es importante regular porque los usuarios ponen de por medio su patrimonio.

Destacó que son pocas las casas de empeño que cuentan con un contrato de adhesión registrado, otras operan bajo el esquema de franquicia o tienditas, que indirectamente realizan operaciones de mutuo con interés y/o garantía prendaria, sin que haya una autoridad y una legislación que los obligue a respetar ciertas garantías mínimas que le permitan al usuario tener un mejor trato. Por ello, se requiere regular con mayor eficiencia la prestación de estos servicios.

Por último, el diputado Salvador Romero Valencia (PRI) subrayó que hace 15 años existían alrededor de 40 instituciones que prestaban ese servicio. “Hoy en día se calcula que existen alrededor de 6 mil 500 instituciones a lo largo y ancho del país”.

Además, la publicidad engañosa, el ocultamiento del costo anual total, el cobro de otros gastos como seguro contra robos y almacenaje, así como el sistema de refrendos arrastra a que el consumidor pague muchísimas veces más de lo que recibió de préstamo o pierda la prenda en forma definitiva.

Las reformas fueron enviadas al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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