02-04-2013.- La Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores remita al Senado de la República el expediente de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a fin de que pueda ser ratificada, dado que desde octubre de 2005 México se adhirió y la firmó.

Entre los objetivos de la Convención están promover la generación de políticas públicas de juventud; investigar las diferentes realidades juveniles y capacitar a funcionarios y representantes de este sector, así como impulsar proyectos de integración para jóvenes a nivel nacional y regional.

Al presentar el punto de acuerdo, considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica, la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz (PRI) explicó que México se adhirió y firmó la Convención en octubre de 2005; sin embargo, no ha sido ratificado por el Senado de la República debido a que la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha enviado el expediente y el proceso se encuentra detenido.

Destacó que el tratado ya fue firmado y ratificado por República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Honduras, España, Uruguay y Bolivia, y se encuentra en proceso en Cuba, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela.

La ratificación del tratado, subrayó, representa el compromiso del Estado mexicano con el sector poblacional más numeroso del país, y brindarle una mejor calidad de vida en la cual prevalezcan respeto, igualdad, mejores y mayores oportunidades y, sobre todo, libertad a cada uno de los jóvenes.

Ellos no son ni deberán ser un botín político; al contrario, requieren políticas públicas y acciones de gobierno reales, orientadas a su desarrollo, agregó.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (PRI) indicó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay 29.7 millones de jóvenes y los temas que les preocupan son la inseguridad y el desempleo.

Además, el promedio de escolaridad de los jóvenes es hasta el primer año de medio superior; el 47 por ciento trabaja; el 27 estudia, pero el 26 por ciento queda indefinido en cuanto a su actividad diaria.

Por el PAN, la diputada María Teresa Jiménez Esquivel resaltó que las políticas públicas de los jóvenes tienen que ser directamente instruidas por ellos. “Se debe voltear a ver a los jóvenes como fuentes de desarrollo para la libertad y para tener un país más moderno y transformador”, dijo.

La diputada Crystal Tovar Aragón (PRD) resaltó que no es posible que México ejerza prácticas dilatorias en la ratificación de tratados y convenios internacionales que implican un mejoramiento del marco jurídico, dado que las y los jóvenes son uno de los sectores más estratégicos para el desarrollo del país y representan una verdadera posibilidad de cambio y transformación.

Del PVEM, la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca expresó que las instituciones públicas deben proveer a los jóvenes de mejores condiciones de vida y de mayores oportunidades, ya que actualmente el 18.5 por ciento de la población de entre 15 y 24 años se encuentra en las regiones menos desarrolladas.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (MC) resaltó que es inaceptable que México no haya ratificado dicho tratado, toda vez que en el país existen más jóvenes y se calcula en más de siete millones de ellos que ni estudian ni trabajan, y el sector atraviesa desempleo, falta de oportunidades, de educación y de salud.

A su vez, la diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) argumentó que de acuerdo con el Censo de Población 2010, actualizado en diciembre del 2012, la población mexicana se integra con 116 millones 902 mil habitantes, de los que el 54.4 por ciento son jóvenes de 14 a 29 años de edad, es decir, 63 millones 600 mil; por ello, la urgencia de que se ratifique la Convención.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) expresó que el punto es relevante porque la ratificación de la Convención se ha postergado por más de siete años. Este documento representa un hito en la historia de lucha y conquista de los derechos de las y los jóvenes de Iberoamérica, concluyó.

-- ooOoo --