04-04-2013.- El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó al gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, a crear una página electrónica con una base de datos digital que contenga la información actualizada sobre los casos de desaparición y feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, desde el año 1993.

Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a los resolutivos 20 y 21 de la sentencia del 16 de noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el Caso González y otras (“Campo Algodonero”) versus México.

También se solicitó al gobernador, instruya a la Fiscalía General del estado, zona norte, a entregar a la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, información sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez desde el 2008 a la fecha.

Al presentar el punto de acuerdo, considerado de urgente resolución y aprobado por mayoría, la diputada María de Lourdes Amaya Reyes (PRD) expresó que desde hace dos décadas los crímenes y la violencia contra niñas y mujeres en Ciudad Juárez ha sido el caso más representativo de los asesinatos de mujeres en el país y la comunidad internacional, no sólo por el número, sino por la brutalidad y la impunidad de los hechos.

Mencionó que la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, solicitó el 18 de febrero de 2013 a la Fiscalía General, zona norte, de Chihuahua, información relacionada con el número de mujeres asesinadas y desaparecidas desde el año 2008 a la fecha.

De manera concreta, afirmó, se solicitó: el número de reportes que se recibió durante 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que va del 2013, de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez; cuántas fueron localizadas; cuántas aún están desaparecidas; en cuántos de estos casos se activó el Protocolo Alba; la cifra de asesinadas; cuántos de estos cuerpos se tuvieron que identificar a través del ADN; cuántos cuerpos aún continúan sin ser identificados en el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez.

Recordó que México, ha recibido más de cincuenta recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos y de relatores de diversas instancias de Naciones Unidas, para que se esclarezca todos los casos, y se pueda lograr el acceso a la justicia por parte de familiares de víctimas, la reparación integral de los daños y políticas con perspectiva de género, así como erradicar la violencia contra las mujeres.

Manifestó que de acuerdo con la sentencia, el Estado tenía un año para que, entre otras cosas, creara una página electrónica sobre mujeres desaparecidas en Chihuahua desde 1993, así como una base de datos sobre desapariciones y homicidios de mujeres con información actualizada y específica de cada uno de los casos; sin embargo, tras dos años de haberse vencido el plazo aún no se ha obtenido avances.

En la actualidad, resaltó, no existen datos oficiales sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, “la información con la que se cuenta es extraoficial, producto de medios de información locales, por lo que la petición hecha por Nuestras Hijas de Regreso a Casa, es pertinente y justa”.

Del grupo parlamentario del PRI, la diputada Adriana Fuentes Téllez manifestó que en la página http/fiscalía.chihuahua.gob.mx está la información pública de cada uno de los casos de mujeres que cuentan con reportes de desaparición desde 1993 hasta la fecha.

Abundó que en Chihuahua existe un 95 por ciento de efectividad en los casos de mujeres desaparecidas, pues la totalidad de reportes entre 1 de octubre de 2010 al 21 de enero de 2013, hubo 824 mujeres desaparecidas, de ellas 759 se encontraron con vida, 21 de ellas sin vida y existen sólo 44 reportes vigentes sobre los cuales se está trabajando.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (PAN) resaltó que los crímenes y la violencia en contra de niñas y mujeres en Ciudad Juárez ha sido una muestra “del deterioro social de aquella ciudad fronteriza”.

Denunció que la falta de información oficial sobre la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, no sólo es prueba de la ineficiencia e indiferencia de las autoridades, sino la ausencia de datos que obstaculiza el acceso a la justicia y alimenta la impunidad.

A su vez, la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (PRD) indicó que las mujeres que han fallecido con motivo de la violencia feminicida no son solamente una estadística o un número más. “Es lamentable que la mayor parte quede sin esclarecerse o que se pueda dictar una sentencia que revierta ya esta forma de violencia extrema e inhumana contra ellas”.

Como presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, agregó, se está impulsando una política para que los asesinatos de las mujeres no queden en el olvido y la impunidad siga siendo parte de la “lastimosa vida de las familias de las víctimas”.

El diputado Rubén Acosta Montoya (PVEM) agregó que la problemática de feminicidios que ha vivido Chihuahua por más de dos décadas, es indignante, por ello, se debe dar a conocer información actualizada sobre los casos de desaparición y feminicidios, así como cumplir con lo que mandata la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal mencionó que si bien es difícil imaginar la violencia y el sufrimiento de una mujer mientras es secuestra, violada, golpeada para finalmente ser asesinada, “es más difícil aún tener que tolerar que México ocupe los primeros lugares en el mundo en feminicidios. Qué insoportable realidad”.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) argumentó que a la fecha y a pesar de que la sentencia fue dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “se ha mostrado no solamente el gobierno de Chihuahua, sino el federal indolente, insensible para darle cumplimiento”.

En tanto, la diputada Dora María Guadalupe Talamante (Nueva Alianza) expresó que leyes como la General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya establece crear un registro público de los delitos cometidos contra ellas, por lo que es una obligación de la Fiscalía facilitar a la organización de dicha información, dado que se integra por familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez.

Licencias a diputados

El Pleno Camaral aprobó las licencias por tiempo indefinido de Blas Ramón Rubio Lara (PRI-Distrito IV, Sinaloa) y Víctor Emanuel Díaz Palacios (PRI-Distrito III, Puebla) para separarse del cargo de diputados federales e integrantes de la LXII Legislatura.

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