07-04-2013 La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos analiza propuesta de reformas a la Ley General del ramo para establecer evaluaciones psicológicas del personal docente y directivo, así como de los alumnos, con el objeto de prevenir la comisión de un delito contra la vida o la integridad física en escuelas.

La secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputada María Guadalupe Mondragón González (PAN) detalló que para elevar el nivel de seguridad en las escuelas se debe fortalecer las medidas legislativas en torno a la prevención de delitos en general y de agresión a las comunidades educativas, en particular, con garantía del derecho a la protección a la salud mental para niñas, niños y adolescentes así como para las y los trabajadores de la educación.

“No sólo se trata de prevenir muertes en las escuelas, sino alinear a escuelas, maestros y autoridades en el marco de las obligaciones constitucionales de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos”, afirmó.

La diputada federal resaltó que no es suficiente hacer saber a los padres de familia sobre probables riesgos para sus hijas o hijos, sino brindarles atención y hacer efectivo el derecho a la protección a la salud.

La prevención de delitos en centros educativos, agregó, requiere que las medidas también se apliquen en favor de los trabajadores de la educación.

Por ello, la reforma al artículo 12, en la fracción VII de la Ley General de Educación, incluye evaluaciones de carácter psicológico al personal docente y directivo, a efecto de certificar que son aptos para relacionarse y otorgar buen trato a niñas, niños y adolescentes.

De igual modo, se prevé contar con la participación de la ciudadanía, pues “la viabilidad y resultados de una estrategia de prevención criminal descansa en la intervención decidida y consciente de sus habitantes”, dijo Mondragón González.

Con la propuesta, indicó, se extiende el esquema de evaluaciones psicológicas a los Consejos de Participación Social tanto municipales como estatales, para que dichos organismos sean la fuente de donde se difunda e implementen los programas de prevención del delito, en particular la evaluación y atención psicológicas de personas “en riesgo de cometer algún delito causándose daño a sí mismas y a las demás”.

Afirmó que las personas que presenten trastornos mentales en el ámbito escolar tendrán derecho a recibir atención, contar con un diagnóstico y decidir sobre el mejor tratamiento de los disponibles en el Sistema Nacional de Salud. En el caso de los menores de edad, la responsabilidad de que gocen del derecho a la protección a la salud recae en los padres o tutores.

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