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Boletín N°. 1313 Proponen en Comisión Especial estrategia integral para frenar la trata de personas

11-04-2013 La Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas se pronunció por armonizar la legislación en esta materia, a fin de hacer más efectivas las acciones para combatir este flagelo convertido en la esclavitud del siglo XXI.

En reunión de trabajo de la instancia legislativa, presidida por la diputada Leticia López Landero (PAN), sus integrantes acordaron diseñar una estrategia desde el Poder Legislativo en coordinación con las Comisiones de Migración y Derechos Humanos, para que todas las instancias públicas participen y se comprometan a realizar las acciones para atender la problemática social que implica la explotación de personas.

Este delito transnacional genera como ganancias entre 5 mil a 10 mil millones de dólares anuales en el mundo; en el país 32 mil niñas, niños y adolescentes son explotados sexualmente; 20 mil infantes se extravían cada año y se les vincula con la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de órganos, destaca el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial.

Al respecto, el diputado Glafiro Salinas Mendiola (PAN) advirtió que el ingreso o tránsito de alrededor de medio millón de migrantes anual por la frontera con Guatemala y Bélice agudiza en México el problema de la trata, ya que sólo el 15 por ciento logra llegar a Estados Unidos, y de ese porcentaje vuelve a reingresar, sin control, un considerable porcentaje.

Muchos de los migrantes se quedan en el país y son parte de explotación sexual y laboral, “cerca del 80 por ciento son víctimas del tráfico de órganos” precisó, por lo que urgió a tener un control de esa gente que entra como migrantes, y que México, inclusive, otorga permisos de cruce o de transito por el país, sin verificar que traigan un permiso para entrar a Estados Unidos, señaló el legislador Salinas Mendiola.

“Estamos dejando entrar a nuestro país una cantidad de gente sin control que viene precisamente a agudizar el problema que ya tenemos de la trata de personas”. Demandó entrar de lleno al análisis de esta situación, de no hacerlo, advirtió “estamos creando un problema mayúsculo de la trata de personas”.

La diputada de María Fernanda Schroeder Verdugo (PRI) indicó que sólo por la frontera de Mexicali, Baja California, ingresaron más de 70 mil migrantes el año pasado, muchos de ellos son centroamericanos con antecedentes penales.

Por su parte, la diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) señaló la urgencia de construir y manejarse una base de datos de personas desaparecidas, en particular de mujeres, ya que en su mayoría son las víctimas de trata.
Recordó que de tener datos confiables en esa base, el Estado mexicano daría cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Campo Algodonero, la cual no ha cumplido.

La diputada del PT indicó, que de tenerse esa base de datos, instalada en la frontera sur y norte del país, y a disposición de las autoridades federal y locales, “la persecución del delito de trata seria más sencilla”.

María Sanjuana Cerda Franco, diputada de Nueva Alianza, consideró necesaria una estrategia integral a nivel federal y estatal que armonice la legislación para frenar la trata de personas en México, que incluya un plan de control de la migración, en particular en la frontera sur y la conformación de una base de datos de personas desaparecidas.

La diputada del PT Ortíz Ahlf dijo, que se requiere fortalecer la vigilancia en las franjas y a través de dicha base de datos se podría saber quién está desparecido, qué tipo de sangre tiene, así como una serie de datos de identificación, ya que actualmente ni siquiera las autoridades saben si un menor que viaja solo es víctima de ese crimen.
Los legisladores integrantes de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas reconocieron que el país está muy lejos de contar con las herramientas necesarias para poder dar una lucha eficaz y combate a este crimen internacional.

Pugnaron por aplicar el Protocolo de Palermo en conjunción con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos, aprobada el año pasado.

Además, armonizar las legislaciones estatales y que todos los operadores del sistema de impartición de justicia apliquen las acciones para identificar, controlar y erradicar la trata de personas.

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