11-04-2013.- El Pleno aprobó por 443 votos a favor y tres abstenciones, reformar los artículos 343-A, 343-C y 343-E de la Ley Federal del Trabajo, para eliminar las prácticas mineras de riesgo elevado e implementar las medidas, programas y acciones que complementen la seguridad en la extracción de carbón en tiros verticales, cuevas y pozos carboneros.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputada Claudia Delgadillo González (PRI), destacó que se busca que todos los centros de trabajo cuenten con un sistema de gestión de seguridad y salud; además de estudios, planos y análisis para las actividades que se desarrollen.

Manifestó que las empresas estarán obligadas a informar a los trabajadores de los peligros y riesgos que corren. “Deberán contar con sistemas adecuados de ventilación, fortificación en todas las explotaciones subterráneas, un sistema de supervisión y control que garantice la explotación de la mina con buenas condiciones de seguridad”, agregó.

La legisladora detalló que en el 2011 la industria minera nacional se consolidó como el cuarto sector productivo, “al producir 20 mil 148 millones de dólares, superando por segundo año consecutivo la generación de divisas de la industria turística, que alcanzó 11 mil 663 millones de dólares”.

No obstante, dijo, estos números tendrían un mayor impacto si se regulan las condiciones de seguridad, ya que a la larga mejoraría nuestra economía y, sobre todo, la vida laboral de los mineros.

Delgadillo González afirmó que es fundamental contar con reformas que brinden una mayor seguridad a los trabajadores en las minas. “Con ello se logará un impacto en la industria minera que signifique desarrollo para el país”, sentenció.

Al fijar la posición de su grupo parlamentario, el diputado Jorge Del Ángel Acosta (PRI) expresó que con estas reformas se protegerá a los mineros de prácticas laborales abusivas, inhumanas, peligrosas e insalubres; “y desde luego castigar a quienes las realizan y operan en la clandestinidad y al margen de las normas de seguridad”.

La diputada Esther Quintana Salinas (PAN) se pronunció a favor del dictamen debido a que “el trabajo en los pocitos es una forma artesanal de extraer el carbón que se realiza en condiciones infrahumanas para los mineros, situación que es insoslayable revertir”.

En tanto, Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD) señaló que el dictamen rescata la responsabilidad solidaria entre los titulares de las concesiones y los patrones, para que adopten un papel activo en la prevención de los riesgos de trabajo y que los trabajadores cuenten con este respaldo.

La diputada Lourdes López Moreno (PVEM) se congratuló porque con estas reformas se brinda mayor seguridad a los trabajadores del sector minero y se recordó el compromiso de su grupo parlamentario para impulsar leyes encaminadas a elevar el nivel de vida de la ciudadanía.

A su vez, Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) subrayó que este dictamen atiende una grave problemática relacionada con los pocitos. “Estamos a favor de que se prohíba y se castigue la minería en pozos, pero también este Congreso tiene que poner manos en el asunto, de los tajos y que en las minas se pueda regular no sólo la seguridad social, sino su manejo integral”.

El legislador Arturo López Cándido (PT) indicó que la importancia de aprobar este dictamen es proteger una parte de los trabajadores dedicados a la industria minera, “en este caso a los que laboran en las minas de carbón”.

El diputado Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza) refirió que es necesario anteponer la seguridad de quienes laboran en la extracción de carbón a pequeña escala. El Estado debe implementar medidas de supervisión y sanidad en estas áreas de trabajo. “Con esta reforma estaremos aportando a mejorar las condiciones de los mineros”.

Posteriormente se aprobaron, por 327 votos a favor y 110 en contra, reservas a los artículos 343-A; 343-C, fracción VII; 343-C, último párrafo; 343-E, fracción III; propuestas por los diputados Marcelo Torres Cofiño (PAN) y Tomás Torres Mercado (PVEM).

Las modificaciones plantean la prohibición del trabajo en pozos o cuevas para extracción de carbón a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes, entendiéndose por esto, a los trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal.

También buscan que se implemente un registro y sistema que permita conocer los nombres de todas las personas que se encuentren en la mina, así como mantener un control de entradas y salidas.

Suscriben que los titulares de las concesiones o quienes se encuentren realizando trabajos en las minas serán subsidiariamente responsables en caso de que ocurra un percance en donde uno o más trabajadores sufran incapacidad parcial o total, o la muerte derivada de dicho suceso.

Plantea que a quien no observe las reglas de seguridad e higiene en el trabajo, que establece la fracción III del 343-E, se le sancionará con prisión de tres a seis años y una multa de hasta cinco mil veces el salario mínimo.

La adición de un artículo transitorio segundo, del legislador Ricardo Pacheco Rodríguez (PRI), que fue aprobada por 365 votos en pro, 51 en contra y dos abstenciones, busca otorgar un plazo máximo de 12 meses para que se cumpla con el acondicionamiento de los centros de trabajo.

-- ooOoo --