15-04-2013.- Durante la segunda mesa de análisis, “Funciones de desarrollo social”, sobre el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011, diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF cuestionaron al auditor Juan Manuel Portal sobre temas de salud, educación y pobreza alimentaría.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado José Luis Muñoz Soria (PRD), señaló que los informes que entrega la ASF sirven al Congreso para el buen diseño y mejor orientación de los recursos federales.

Por ello, hizo un llamado al Auditor General para continuar con el diálogo abierto y la revisión puntual de la aplicación de los recursos federales. “Los invito a mantener otras reuniones con la Auditoría, la Unidad de Evaluación, que nos permitiera elaborar un documento que busque resolver problemas de subejercicios y lo relativo a la aplicación de las reglas de operación”.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes (PRD) consideró que el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo no se cumplió, ya que el porcentaje de población en pobreza alimentaria pasó de 23.8 millones de personas, en 2008 a 28 millones en 2010.

Lo anterior, dijo, exhibe una política pública errática que no logró combatir la pobreza, por lo que cuestionó si la ASF realizó alguna auditoría de desempeño. Preguntó si son insuficientes los recursos que se destinan al campo a través de la Sagarpa o es la política la que no funciona. Asimismo, sobre las obras de infraestructura deportiva.

En su turno, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) enfatizó que siendo el desabasto de medicamentos una irregularidad recurrente en la fiscalización superior “¿cuáles son las recomendaciones que en este sentido ha emitido al IMSS y cuáles de ellas han sido atendidas?”.

Mencionó que de acuerdo con la auditoría se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio del IMSS por un total de 847 mil 225.62 de pesos derivados de los cuatro pliegos de observaciones emitidos?

Del PRI, la diputada Elsa Patricia Araujo de la Torre dijo que de acuerdo con el informe de la ASF, las acciones realizadas en el 2011 por las instituciones de seguridad social no fueron suficientes para identificar en forma temprana los padecimientos crónico-degenerativos que afectaron la calidad de vida de la población.

Por otro lado, indicó que en 2011 caducaron 18 mil 771 sobres de complementos alimenticios destinados a mejorar la alimentación de mujeres embarazadas y niños menores de cinco años, correspondientes al programa de apoyo alimentario. “¿Qué deficiencias detectó la ASF?”, especificó.

La diputada Socorro de la Luz Quintana León (PRI) mencionó que en los programas de Procampo no se está al pendiente de que lleguen a los beneficiarios. Respecto a los servicios de guardería, preguntó qué acciones se están poniendo en práctica por parte de la ASF para erradicar las irregularidades y cuál es su estatus actual.

En su oportunidad, el diputado Kamel Athie Flores (PRI) calificó de buena idea la creación del Seguro Popular, aunque lamentó la mala planificación y realización para llevar este programa a la población.

Comentó que para hacerlo eficaz y cumpla con cobertura y calidad “se requiere invertir en infraestructura hospitalaria, más médicos, enfermeras, medicamentos; entonces el Seguro Popular será un sistema, por ahora no lo es”, insistió.

La diputada Elizabeth Yáñez Robles (PAN) refirió que el Seguro Popular atiende a la población que no cuenta con ningún tipo de cobertura de salud; “existían 45 millones de mexicanos sin este derecho”.

Agregó que de ninguna manera se trata de decir que el servicio cubre las expectativas de la ciudadanía, “pero el gobierno federal atendiendo a la obligación inicia el programa Oportunidades, a fin de impulsar un sistema de salud más incluyente. Como legisladores debemos revisar los alcances de este proyecto y así saber qué nos toca hacer para fortalecerlo”.

En tanto, Víctor Bautista López (PRD) advirtió a la ASF sobre la nula revisión de las cuentas públicas a la Secretaría de Salud. “No hay cobertura total con el Seguro Popular y se ha incrementado el catálogo de enfermedades que no son atendidas en el sistema de salud”.

Ante ello, añadió, es necesario hacer una amplia revisión del funcionamiento del sector salud, para atender mayormente ciertos padecimientos de la población que no tiene acceso por no ser derechohabiente.

El legislador Alberto Benavides Castañeda (PT) expuso que la participación ciudadana es el elemento fundamental para la rendición de cuentas, por lo que cuestionó los mecanismos para incluir a la población en los procesos de revisión de cuentas; ¿cuál es la estrategia o el método para involucrarla?

Respecto a las funciones de Desarrollo Social, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez mencionó que los ramos que lo integran son: educación, salud y desarrollo social; el ramo general de Aportaciones a Seguridad Social; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La revisión, dijo, abarcó a 41 dependencias y entidades; se practicaron 96 revisiones; se formularon 815 observaciones; las cuales generaron mil 396 acciones, que corresponden a mil 071 recomendaciones, 55 solicitudes de aclaración, 21 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 185 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 47 pliegos de observaciones, 13 denuncias de hechos, una de ellas ante la Comisión Federal de Competencia, y cuatro multas.

Afirmó que la educación básica mostró deficiencias que afectaron la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. En materia de planes y programas, se requiere revisar y actualizar sistemáticamente la currícula en función del perfil del egreso en el largo plazo, a efecto de que los alumnos prosigan su trayectoria en la educación media superior, que a partir de 2012 es obligatoria, y se inserten en la actividad productiva.

La baja participación de los docentes en su actualización y capacitación continúa, agregó, hace necesaria la implementación de un servicio profesional para que el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia se fundamente en la evaluación del desempeño.

“Los resultados de la fiscalización superior revelan que persisten los rezagos educativos en los distintos niveles, tanto cuantitativa como cualitativamente. Esto obstaculiza la inserción de México en un mercado internacional altamente competitivo”, agregó.

Portal Martínez resaltó que no se ha logrado vincular la investigación científica y tecnológica con los problemas que frenan el desarrollo económico y social del país, a pesar de existir recursos disponibles para este propósito.

En cuanto a los servicios de salud del primer nivel de atención, abundó que se requiere fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, así como las de prevención y control de enfermedades que favorezcan su detección temprana, ya que en 2011 se observó un decremento en los indicadores de vacunación y prevención del cáncer de mama y cérvico-uterino, entre otros.

Se considera indispensable que el Sistema Nacional de Salud fortalezca las acciones de promoción y difusión del Seguro Popular para hacer extensivo este beneficio a aproximadamente 8.1 millones de personas que aún no cuentan con él.

De igual modo, se manifestó por depurar el padrón nacional de beneficiados del seguro, ya que se estima que 5.8 millones de personas se encontraban también registradas en los padrones de otras instituciones de seguridad social.

Respecto al combate a la pobreza, argumentó que los programas no han mostrado eficacia para abatir los índices. Además, es necesario revisar si el enfoque asistencialista constituye la mejor opción para enfrentar el problema y considerar si existe multiplicidad de programas existentes.

En lo que se refiere a la atención de la población indígena, relató, es necesario realizar un diagnóstico de los problemas de este grupo; que el diseño de la política se fundamente en una asignación puntual de responsabilidades para cada una de los dependencias y entidades y se definan medidas para racionalizar el gasto y eliminar la duplicidad de acciones.

En tanto, Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), relató que se detectaron notables irregularidades en Conaculta, el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, entre otros.

Agregó que de las auditorías practicadas, una de cada tres tuvo dictamen negativo, situación que es de llamar la atención, sobre todo en un campo donde lo que se requiere es justamente un uso eficiente de los recursos públicos.

Temas importantes que derivan de las auditorías, abundó, revelan la insuficiencia de gasto en educación que alcanzó el 5.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) frente al 8.0 por ciento que establece la Ley General de Educación o el 0.46 del gasto en ciencia y tecnología frente al 1 por ciento que define el marco legal.

Al dar respuesta, la directora General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social de la ASF, Marisela Márquez Uribe, explicó que al hacer una revisión al Sistema Integral de Salud, para la Cuenta Pública 2011, se detectó que éste se integra con 18 mil unidades médicas, de las cuales 12 mil dos unidades prestaban servicio a los afiliados al Seguro Popular, pero sólo nueve mil 945 están certificadas.

“Encontramos que las unidades médicas ya acreditadas deben cumplir con ciertas especificaciones, para continuar siendo consideradas como prestadoras de servicios en materia de infraestructura, insumos, higiene y calidad para el Seguro Popular. No obstante, en 2011 la Secretaría de Salud no elaboró un programa de supervisión y tampoco realizó dichas acciones de inspección”, subrayó.

La funcionaria comentó que en relación a las acciones de control y prevención de las enfermedades crónico-degenerativas, a cargo del IMSS, el ISSSTE, ISSFAM y PEMEX, ninguna de las cuatro instituciones aplicaron todas las pruebas requeridas y se considera que esto representa un alto riesgo.

Márquez Uribe señaló que en cuanto al apoyo alimentario, no se cuenta con una estructura orgánica específica para operar el programa y lo que significó que en 2011 al igual que en 2010, no se entregaron los complementos alimenticos a ninguna mujer embarazada o en periodo de lactancia. Por lo que “omitimos una opinión negativa debido a que no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al programa”.

Respecto de la CONADE, dijo, se realizó una auditoría de desempeño a esta institución que implicó una revisión de manera integral a los cuatro programas con reglas operación y se encontró que de los 5 mil 441.9 millones que ejerció en todos los programas, el 88.1 por ciento, equivalente a 4 mil 795 millones de pesos, la Conade no acreditó los beneficiarios a quienes les fueron entregados estos recursos.

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