• Crecimiento urbano se recargó en el ámbito rural; no hay equilibrio: Ramírez Marín, titular de la Sedatu

17-04-2013.- Por una política pública de gran calado que impulse la agricultura, alentada desde la producción de los ejidos en busca de la soberanía alimentaria que frene la importación se pronunció la diputada Gisela Raquel Mota Campo (PRD), presidenta de la Comisión de Reforma Agraria.

Demandó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sea eje rector de esa estrategia para reactivar y modernizar la pequeña propiedad social, para revertir la tendencia creciente de la importación de granos, y “detener lo que puede ser una tragedia y que se antoja catastrófica”, para recuperar el crecimiento económico regional.

Ante el titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien inauguró el foro “La Creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Realidad Agraria de México”, organizado por la Comisión de Reforma Agraria, la legisladora federal urgió a no perder la oportunidad, y llamó a todos los sectores a diseñar un gran proyecto para el campo mexicano, a fin de retomar la competitividad del agro.

La diputada Mota Ocampo destacó que a través de esta dependencia del Ejecutivo federal se puede impulsar una estrategia integral, ya que tiene el panorama general de dónde están los conflictos agrarios, dónde la mayor demanda de proyectos para el campo y dónde la propiedad social –ejidos-, en vías de urbanización.

Advirtió que con esfuerzos aislados no se ha podido frenar la realidad de que “el campo no aguanta más”, que refleja la realidad del sector, al comprometerse desde el Poder legislativo a facilitar las figuras jurídicas que permitan a los campesinos organizarse para trabajar la tierra y obtener beneficios.

Sólo con la conjunción de esfuerzos se podrá dar una alternativa para solucionar el gran problema de soberanía nacional que enfrenta el país, afirmó la diputada por Morelos.

Refirió la presidenta de la Comisión de Reforma Agraria, el aumento considerable en la concentración de tierras en rangos de superficie de 20 a 50 hectáreas y en más de cien, en el 50 a 70 por ciento de los propietarios, mientras que las verdaderas familias rurales tienen tierras con áreas de una a 5 hectáreas como máximo.

Por su parte, el secretario Jorge Carlos Ramírez Marín apuntó que “el proceso de descampesinización avanza en el país, ya no paulatinamente, sino sistemáticamente, y es una auténtica amenaza para el equilibrio social de nuestra nación”, ya que el crecimiento urbano se ha recargado en el rural, sin el debido equilibrio ni los beneficios que implica el desarrollo.

De ahí urgió a revalorizar la tierra, reorientar la visión del gobierno respecto a la organización social rural, dotar de más capacidades a los organismos agrarios y modernizar los temas relacionados con la disposición de la tierra rural.

Señaló la necesidad de hacer una revisión completa de la legislación agraria sobre la disposición de suelo en el país, “es una de las tareas indispensables de la Sedatu”, así como un rediseño institucional que empieza con la aprobación del reglamento interno de la Sedutu, aseguró el funcionario federal.

Durante la inauguración del foro, organizado por la Comisión de Reforma Agraria, el magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, Marco Vinicio Martínez Guerrero, afirmó que esa institución es garante de la seguridad jurídica en el campo mexicano, que no sólo da certeza de la propiedad de la tierra, “sino que damos paz y seguridad en este país”.

Refirió que el Tribunal Superior Agrario ha resuelto más de 700 mil asuntos en 20 años; hoy tiene más de 90 mil asuntos en trámite en 54 tribunales federales, a los que se sumará un nuevo tribunal en el estado de Hidalgo.

El procurador Agrario, Cruz López Aguilar, señaló la importancia de los núcleos agrarios, como célula básica del concepto territorial, incorporado a las acciones de la Sedatu e insertados al Plan Nacional de Desarrollo para impulsar la recuperación del campo mexicano.

Rodrigo Gutiérrez, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM manifestó su preocupación por la descampesinización del agro nacional, a partir de la lógica de mercado, alentada por la compra–venta de terrenos agrícolas y aceptada por la pobreza que sufren los campesinos.

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