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Boletín N°. 1372 Dará el Ejecutivo autorización para recibir y usar condecoraciones extranjeras

18-04-2013 La Cámara de Diputados aprobó con 348 votos a favor, 94 en contra y 10 abstenciones reformas al artículo 37 de la Constitución Política, a fin de que el Presidente de la República, senadores, diputados, y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puedan aceptar y usar libremente condecoraciones extranjeras.

La reforma también otorga facultades al Ejecutivo para que autorice a los ciudadanos permiso de recibir condecoraciones o reconocimientos de gobiernos extranjeros.

El dictamen que modifica las fracciones II, III, IV, y suprime el último párrafo del apartado C del artículo 37, busca modificar el trámite que deben hacer los ciudadanos mexicanos para no perder la nacionalidad al aceptar prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, usar condecoraciones y admitir títulos o funciones.

Además, se plantea que el permiso se solicite al Ejecutivo Federal y no al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente. El no contar con el permiso del Ejecutivo Federal en los casos señalados traerá como consecuencia la pérdida de la ciudadanía.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Rivera, argumentó que “hoy en día resulta injustificable poner en funcionamiento a la maquinaría del Poder Legislativo con el solo propósito de emitir una autorización con alcances tan particulares y específicos”.

Refirió que en la LX Legislatura se autorizaron 135 permisos para aceptar y usar condecoraciones, 107 para prestar servicios y 33 por nombramientos de cónsules. Mientras que en la LXI, se otorgaron 105 permisos para aceptar y usar condecoraciones, 86 para prestar servicios y 15 por nombramientos de cónsules honorarios.

Lo anterior, dijo, ilustran que todo este trabajo legislativo realizado por algunas comisiones y la soberanía de este Pleno “se pueden aprovechar de una manera más sustantiva para elaborar dictámenes que se traduzcan en reformas de ley para los temas prioritarios de nuestra nación, y no, como sucede actualmente, en trámites que parecieran más administrativos que legislativos”.

Puntualizó que con esta reforma se da certeza y agilidad al trámite que realizan los ciudadanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros, así como usar condecoraciones.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) indicó que son precisamente los servidores públicos; Presidente de la República; diputados y senadores al Congreso; ministros a la Corte, quienes por las tareas que desempeñan están en posibilidades de poder comprometer al Estado mexicano mediante sus actos u omisiones que favorezcan a otro país que les haya otorgado alguna condecoración, título o reconocimiento.

“Somos nosotros quienes en todo caso sí debemos pedir la autorización y no el resto de la ciudadanía”. Por lo que se pronunció en que se mantenga el texto actual del Apartado C del artículo 37 constitucional.
En su turno, el diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) subrayó que se está comprometiendo el principio de separación y equilibrio entre Poderes, se está posibilitando la institucionalización y legalización del intervencionismo e injerencismo.
Al hablar el contra de la reforma, el legislador enfatizó que los diputados no se dan cuenta de que “están autocercenando sus facultades y cuando el Congreso legisla para autolimitarse es un error”.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD) señaló que “es una pena que estemos aprobando una reforma que limita las facultades de este Congreso, que las transfiere sin argumentación mayor al Poder Ejecutivo”.

Precisó que su voto sería en contra del dictamen porque la reforma “permite la subordinación de ciudadanos mexicanos, de manera literal, a naciones extranjeras por el uso de condecoraciones o titulo sin haber pasado por este Congreso que es depositario de la representación popular y que, indirectamente, eran los ciudadanos quienes otorgaban su venia y beneplácito para el uso de esas condecoraciones”.

La reforma se envió a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional.
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