22-04-2013.- En el análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011: Gasto federalizado, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, afirmó que las debilidades en los sistemas de control interno para la gestión de los fondos y programas es causa importante de las insuficiencias en los resultados y gestión del gasto federalizado.

Por ello, propuso la promulgación de una Ley General de Gasto Federalizado, toda vez que se registran insuficiencias que, en buena medida, obedecen a la imprecisión del marco jurídico y normativo.

“Hay opacidad en la gestión del gasto, que se manifiesta en la entrega irregular de los informes trimestrales, así como en la falta de evaluación de los impactos sociales de las obras y acciones con base en indicadores estratégicos y de gestión”, aseguró el contador público a diputados.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado José Luis Muñoz Soria (PRD), resaltó que es fundamental conocer la disposición en el Pleno Camaral y el Gobierno Federal para construir una Ley General de Gasto Federalizado, y considerar las observaciones de las auditorías para rediseñar, redefinir y corregir este “gran desorden en el gasto federalizado”.

Del grupo parlamentario del PRI, el diputado Kamel Athie Flores consideró muy graves los subejercicios de los diferentes fondos que integran el ramo 33, “porque una de las razones del endeudamiento de los estados es la falta de inversión pública”. Comentó que en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, las irregularidades más significativas fueron el pago de nominas a trabajadores.

La diputada Socorro de la Luz Quintana León (PRI) mencionó que la mayoría de los estados y municipios tienen deuda pública y que las participaciones federales han sido insuficientes, por lo que preguntó qué se hace en materia de impartición de justicia para combatir la corrupción.

Elsa Patricia Araujo de la Torre (PRI) mencionó que entre 2006 y 2011, la ASF encontró irregularidades en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) por 67 mil 715 millones de pesos y, de esa cifra, sólo se ha devuelto el 15 por ciento al erario público, por lo que pidió mayor transparencia en el ejercicio del presupuesto.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN) destacó que se tiene que hacer una revisión de la entrega de los recursos bajo las actuales reglas y normas de operación. “Hay una gran dispersión de recursos y de programas, falta coordinación entre instituciones y se requiere una base integral de usuarios de los programas federales que nos permita evitar esa dispersión porque el presupuesto no alcanza para nada”, dijo.

Mariana Dunyaska García Rojas (PAN) cuestionó qué se hace para evitar que las entidades fiscalizadas no reincidan en las mismas irregularidades cada año, “porque la reincidencia puede hablar de opacidad, vacío, impunidad y carencia de un marco normativo”.

Por el PRD, el diputado Víctor Manuel Bautista López señaló que es necesario incluir en el Informe un instrumento que sintetice el resultado nacional y el desglose de cada fondo en las entidades federativas y los subejercicios, que permitirá contar con indicadores objetivos, cuantitativos y comparables entre las diferentes entidades.

Del mismo grupo parlamentario, la diputada Alfa Eliana González Magallanes indicó que “solamente el 30.9 por ciento de los dictámenes, según la auditoría, fueron limpios”. En el gasto federalizado de 640 dictámenes, sólo 160, esto es el 25 por ciento, por lo que preguntó a qué se debe tan bajo parámetro y qué recomendación podría hacerse.

Por el PVEM, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares preguntó si se ha realizado una evaluación del grado de autonomía que pueden tener los órganos de fiscalización locales, toda vez que del gasto federalizado, el 65 por ciento de los ingresos municipales dependen de ello y el 90 por ciento de las entidades federativas.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) resaltó que es necesario actualizar la normatividad vigente para tener un uso responsable de los recursos y mejorar los mecanismos de control, toda vez que 2011 se detectaron irregularidades en el FAEB, en donde se financiaron a 133 mil 748 centros de educación básica, con una matrícula de 17 millones 734 mil 134 alumnos.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez señaló que la fiscalización de los fondos de aportaciones y subsidios en materia de seguridad pública reveló que existe una coordinación insuficiente del ejercicio de recursos, con respecto a las estrategias definidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Detalló que existen subejercicios recurrentes, en fondos de aportaciones para Seguridad Pública (FASP), para infraestructura Municipal (FISM) y de Aportaciones Múltiples (FAM), así como al subsidio a los municipios para la seguridad púbica (SUBSEMUN).

Resaltó que la complejidad normativa y operativa de todos los instrumentos mediante los cuales se transfieren recursos federales a las entidades federativas y municipios, así como la multiplicidad de vertientes de cada uno de ellos, aunados a la exigencia que impone el principio de anualidad en la ejecución de las obras y acciones, hacen necesario mejorar la coordinación intergubernamental y fortalecer la capacidad institucional, principalmente a nivel municipal.

Portal Martínez mencionó que en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), se detectaron pagos indebidos por distintos conceptos como son: trabajadores comisionados al sindicato; plazas no localizadas en los catálogos de puestos; compensaciones discrecionales, así como trabajadores con dos o más plazas sin disponer de la compatibilidad de empleos.

También, pago de gastos correspondientes a ejercicios anteriores; apoyos económicos otorgados indebidamente a las secciones sindicales; gastos de operación que no corresponden a los objetivos del fondo y falta de documentación comprobatoria.

Resaltó que en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) se observaron pagos indebidos al personal y gastos no justificados o que no cumplen con los objetivos del fondo.

En materia de infraestructura educativa, las auditorías al Fondo de Aportaciones Múltiples, sobresalen observaciones sobre recursos destinados a fines distintos a los previstos, así como deficiencias en los procesos de adjudicación, contratación y ejecución de obra pública y adquisiciones, mencionó.

El titular de la ASF subrayó que en la fiscalización del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y el Seguro Popular, se revelaron pagos al personal no financiables; falta de documentación comprobatoria del gasto; entrega extemporánea o incompleta de recursos por parte de las secretarías de finanzas o sus equivalentes.

De igual modo, trasferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos; recursos destinados a acciones no vinculadas con los objetivos del fondo; carencia de mecanismos de control y conservación de medicamentos y otros insumos médicos, así como falta de mecanismos de evaluación del fondo.

Subrayó que tampoco existe un reglamento de la Ley de Coordinación Fiscal que regule el uso de los fondos federales y no hay reglas para la aplicación de cada uno de los fondos.

A su vez, el titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), Alejandro Romero Gudiño, relató que por primera ocasión se solicitó a las entidades fiscalizadoras superiores locales emprender auditorías complementarias a los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; de Aportaciones para los Servicios de Salud y al Seguro Popular.

Se aprecia, dijo, que los sistemas de control interno para la gestión de los fondos y programas en las entidades federativas registran debilidades, sobre todo, en municipios, pues es “una causa importante de insuficiencias en los resultados y la inadecuada gestión del gasto federalizado”.

Mencionó que los resultados confirman la elevada presencia de irregularidades de control y probables daños a la hacienda pública, ya que del monto de recuperaciones cuantificadas, los estados y municipios concentraron poco más de 37 mil millones de pesos, el equivalente al 76 por ciento del total determinado.

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