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Boletín N°. 1396 La seguridad social es responsabilidad del Estado: diputado Salgado Delgado

• Incluir a trabajadores informales en sistemas de ahorro para el retiro, proponen

22-04-2013.- La seguridad social no es materia de negocio, afirmó el diputado Fernando Salgado Delgado (PRI), al advertir que los trabajadores no son responsables de la quiebra de los esquemas de seguridad social, cuya cobertura es responsabilidad del Estado mexicano, la cual debe ejercer y consolidar.

Al participar en la Semana Nacional de la Seguridad Social, en la mesa Seguridad Social en México y otras experiencias: La visión desde los actores de la Seguridad Social, el también secretario de Acción Política de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) urgió a darle viabilidad a las acciones de seguridad social, y en esa medida sentar las bases de todo un esquema que garantice una pensión digna a las personas de la tercera edad, tanto formales como los independientes.

Para lograrlo, propuso utilizar los recursos del sistema de pensiones, de 2 billones de pesos, y los 700 mil millones de pesos de la subcuenta de vivienda, es decir, casi tres billones ahorrados por los trabajadores que podrían canalizarse para diseñar “un solidario esquema de seguridad social, con pensiones dignas”.

También sería factible elaborar una agenda integral de reformas, que incluya hacer más eficientes a las instituciones, ya que “es vergonzoso enviar a los adultos mayores a ser empacadores en centros comerciales; no es vergonzoso para ellos, sino para el Estado y para la sociedad”, aclaró el legislador federal del PRI.

El presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Javier Moreno Padilla, recomendó que ante las deficiencias de las instituciones de salud es necesario crear un sistema de seguridad social para el autoempleo que se homologue al régimen obligatorio del seguro.

“Es necesaria una estructura real, válida y coherente, por medio de la cual se cumpla el dar seguridad social a todos, como lo mandata el artículo 123 de nuestra Carta Magna”, enfatizó.

Esto, dijo, ante un gasto de hasta 35 por ciento de su ingreso anual que puede realizar una persona en época de afectación a su salud.
Precisó que es necesaria una nueva estructura donde el trabajador con autoempleo aporte un ingreso de una tasa del 10 por ciento, 6.5 para pensiones y 5 por ciento para vivienda como un trabajador formal; el gobierno, con cargo a sus subsidios, integraría otro 10 por ciento.

Por su parte, Norma Arzate Galván, representante de la Comisión Fiscal de la Cámara Nacional de la Industria de las Transformación (CANACINTRA) se pronunció por una verdadera reforma a la Ley General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que las modificaciones propuestas a los artículos 27 y 32, no fueron consensadas con el sector patronal, además de reflejar un desconocimiento del sistema de pensiones.

Demandó trato igualitario a las empresas para no desincentivar la contratación de trabajadores, al asegurar que las outsourcing -empresas de suministro de personal- gozan de un manejo preferencial en cuanto a las obligaciones de seguridad social; tan sólo por las primas de seguro por riesgo de trabajo, a sus clientes les ofrecen ahorros de hasta mil 400 por ciento.

A nombre del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Gutiérrez Ruiz, presidente de la Comisión de Seguridad Social, destacó que la universalidad de estos servicios requiere romper paradigmas, para lo cual, garantizó la disposición de la iniciativa privada del país a participar en el financiamiento, transferencia de riesgos al sector asegurador, articulación, inversión en la infraestructura, abasto de insumos, principalmente medicamentos, obra social, información y comunicaciones, así como en la prestación de servicios.

Señaló la importancia de revisar la edad de jubilación y establecerla en los 70 años, insertar a los trabajadores informales en el ahorro para el retiro y considerar el sistema de pensiones como una prioridad dentro de la estrategia integral de seguridad social, porque de continuar como hasta ahora será insostenible en el mediano plazo, con los pasivos estimados en 14 mil 356 millones de pesos, los cuales “se irán agravando de manera considerable”.

En su intervención, el vocal del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, precisó que se requiere una distribución en infraestructura en salud y un sistema de fiscalización que entregue recursos a la seguridad social, aunada a la ampliación de competencia por parte de las afores.

Ante ello, detalló, es preciso implantar un modelo que privilegie la medicina preventiva con énfasis en mujeres, la tercera edad y familiar. Con ello se lograría constituir en formas de ahorro que den viabilidad a la seguridad social; consolidar un sistema universal de salud; promover una cultura de productividad y eficiencia en los servicios, así como corregir desequilibrios financieros.

Dijo que al aumentar la expectativa de vida de los ciudadanos hasta 78.8 años, implica que se tiene que atender a más gente en cuanto a enfermedades y pensiones; esto, aunado a las enfermedades crónico degenerativas que se atienden desde los 45 años.

En cuanto a la problemática estructural de atención a la población, detalló que 67.4 millones de personas tienen Seguro Social, ISSSTE o alguna otra que constituye aproximadamente un 60.2 por ciento de la población actual, pero hay 44.6 millones que recurren al seguro popular.

El secretario general del Sindicato de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, mencionó que la caída en la calidad de servicios de salud, la falta de especialidades médicas, de contratación de personal y el atraso tecnológico de su equipamiento, orilla a los derechohabientes a recurrir a medicina privada lo que afecta sus de por si raquíticos salarios, aunado al problema de pensiones y la ausencia de una política laboral.

Subrayó que se requiere rescatar a las instituciones de seguridad social, pues su crisis “no garantizará pensiones dignas, por lo que requerimos de un nuevo modelo en este rubro”.

Sugirió construir un sistema de pensiones multipolar cuyo pilar central sea el Estado y definir opciones para las aportaciones individuales, así como incorporar en el modelo pensionario acciones específicas de género para compensar los tiempos de maternidad, anexar las cuotas obrero-patronales al sueldo base de cotización, mejorar la eficiencia recaudatoria y crear un seguro de desempleo.

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