23-04-2013.- La Cámara de Diputados aprobó por 454 votos modificaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que plantea, entre otras cosas, la contención del mercado ilegal de madera, ya que se estima que en nuestro país el 50 por ciento de la madera es objeto de comercialización de procedencia ilegal.

El documento establece que se inscribirán en el Registro Forestal Nacional, a fin de acreditar su legal procedencia, las carpinterías, madererías, centro de producción de muebles, entre los no integrados a un centro de transformación primaria, cuya materia prima la constituyan productos maderables, con excepción de madera en rollo y labrada.

Precisa que estos negocios deberán informar periódicamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la procedencia y destino de sus productos forestales maderables.

El dictamen que modifica los artículos 7, 20, 71, 74, 107, 112, 115, 128 y 142; adiciona los artículos 9 Bis; 20 Bis, 51, con una fracción X, y deroga el artículo 99 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establece un artículo transitorio en el que los titulares de dichos establecimientos deberán estar inscritos en el Registro Forestal Nacional en un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Destaca que el sector forestal tiene un grave retraso, pues es evidente que las políticas públicas y sus programas han sido insuficientes para dar respuesta a la necesidad de recuperar y mantener la cubierta forestal cada vez más deteriorada de nuestro territorio.

Reconoce que una forma de contrarrestar el empobrecimiento de las comunidades rurales, es generalizando las prácticas de manejo forestal sostenible en todas las comunidades en poder de los terrenos forestales, bajo una política forestal sustentada en un proyecto de manejo forestal comunitario.

Al argumentar el dictamen, la diputada Claudia Elena Águila Torres, del PRD, dijo que entre las 20 modificaciones a los citados artículos se encuentra también lograr una óptima operación del Servicio Nacional Forestal y su grupo de trabajo, en donde se obliga al presidente de este servicio a convocar a sus integrantes, cuando menos dos veces al año.

Precisó que en el documento se definen las atribuciones de la propia Junta de Gobierno. “Con estas reformas se contribuye a generar un modelo de desarrollo forestal que coadyuve a aprovechar de forma sostenible los recursos forestales y preservar el medio ambiente, tomando en cuenta el interés de las futuras generaciones”, agregó.

Por el PRI, la diputada Minerva Castillo Rodríguez dijo que la falta de planeación y racionalidad al momento de aprovechar los recursos, lleva a su abuso y eventual agotamiento. En este sentido, mencionó que las causas principales que ocasionan la deforestación son la agricultura y la ganadería, que equivalen a un 65 por ciento de la demanda de las tierras en México.

Ante ello, destacó, el manejo y desarrollo sustentable de los recursos forestales es sin duda la política pública que requiere el país para preservarlos y favorecer el desarrollo de la población.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Luis Martínez Martínez, señaló que la tala ilegal es el segundo factor de deforestación de las selvas y bosques de México, además de que cada año genera entre 10 mil y 15 mil millones de dólares, “dinero que es controlado por el crimen organizado”.

Detalló que según la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en el 2011 se reportaron 12 mil 103 incendios forestales que afectaron una superficie de madera considerable de 956 mil 404 hectáreas, lo que corresponde a un aumento de casi 50 por ciento de casos de incendios y un 88 por ciento de superficie afectada en relación al año anterior.

Agregó que la falta de coordinación de las autoridades impide el cumplimiento estricto de las leyes para la protección de recursos forestales, por lo que el dictamen genera un modelo para evitar esta situación mediante un modelo de desarrollo forestal que sirva para aprovechar estos recursos.

Por el PT, el diputado José Humberto Vega Vázquez, expresó que las reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable favorecen a las comunidades y el cuidado del medio ambiente, a fin de lograr un desarrollo forestal.

El dictamen señala que ante el grave daño a las regiones forestales se creó la Conafor en el 2001; sin embargo, los esfuerzos y avances no han sido suficientes, a pesar de que este órgano tuvo recursos presupuestarios crecientes de hasta 6 mil 812.7 millones de pesos para 2012.

Aunado a que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que entró en vigor en mayo de 2003, a la fecha no se tiene información completa sobre la integración y funcionamiento de los grupos de trabajo del Servicio Nacional Forestal; por tanto, tampoco se ha establecido su reglamento.

Resalta que no hay una política integral que dé respuesta a la deforestación creciente y clandestinaje forestal que ya rebasó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Ello ocasionó que entre 2007 al 2010, el 22.7 por ciento de los ejidos y comunidades apoyados durante dicho lapso, vendieron su madera a los rentistas y 48.2 por ciento de éstos no aprovechen sus bosques y selvas.

Esta situación significa que el 71 por ciento de ejidos y comunidades apoyados con los programas forestales no estén organizados para la producción forestal o malbaratan sus recursos en beneficio de los rentistas.

El dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que el presidente del Servicio Nacional Forestal deberá convocar a sus integrantes por lo menos a dos reuniones al año, y en forma extraordinaria, cuando la naturaleza de algún asunto de su competencia así lo exija.

Entre las atribuciones de su Junta de Gobierno, se encuentran: aprobar y evaluar los programas y proyectos a cargo de la comisión; aprobar, de conformidad con la presente ley y sus reglamentos, presupuesto y operaciones de la misma, así como supervisar su ejecución.

Asimismo, se encargará de acordar políticas y medidas que permitan la programación para el desarrollo forestal sustentable y la acción coordinada entre las dependencias de la administración pública federal y otras que deban intervenir en materia forestal.

Define como terreno preferentemente forestal aquel que pueda sufrir degradación permanente para brindar servicios ambientales, así como capacidad productiva, aumentar su vulnerabilidad climática o baja infiltración hídrica y el que se encuentre en terrenos identificados como corredores biológicos. Se envió a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

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