24-04-2013.- La Cámara de Diputados aprobó facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para investigar hechos que constituyan violaciones graves en este ámbito, cuando así lo juzgue conveniente o soliciten el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, un Gobernador, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

Las reformas a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aprobadas por 389 votos a favor, destacan que corresponde al presidente de la CNDH la facultad de decidir, mediante acuerdo fundado y motivado, si ha lugar o no a ejercer la investigación.

En el dictamen, se faculta a la CNDH a citar a todos los servidores públicos que considere deban comparecer ante la misma, a fin de esclarecer los hechos que originaron el inicio de la investigación, incluyendo a secretarios de Estado, gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quienes estarán obligados a comparecer de manera personal, protestar decir verdad, y responder a todos los cuestionamientos que les sean realizados.

Se precisa que en las recomendaciones que se emitan con motivo del ejercicio de la facultad de investigación, la CNDH podrá presentar denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados o ante las legislaturas de los estados, según corresponda.

En caso de que una recomendación emitida en ejercicio de esta facultad no sea aceptada o cumplida, la comparecencia se hará invariablemente ante el pleno de la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, se agrega.

De igual modo, el dictamen incluye el Título VIII, denominado “Del procedimiento para la comparecencia de los servidores públicos que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones”, con el objeto de regular dicho proceso.

En este se precisa que cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, la autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa.

Se argumenta que si persiste la negativa, la CNDH hará del conocimiento público dicha circunstancia y podrá denunciar ante el Ministerio Público o ante la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.

El secretario de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Carlos Fernando Angulo Parra (PAN), expresó que el objetivo es otorgar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos una facultad que antes tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “que era cuando había una violación grave de derechos humanos, la Suprema tenía la facultad de investigarla, y ahora la CNDH la adquiere”.

Tal reforma, dijo, reglamenta esta nueva facultad, relativa a esta investigación, así como el proceso de comparecencia ante la Cámara de Senadores de los funcionarios que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones de la propia CNDH.

Esta última facultad, dijo, permite que las recomendaciones hechas por el ombudsman nacional se conviertan en un recurso con capacidad instrumental para hacer efectiva la tutela de los derechos humanos, fortaleciendo así la actuación de la Comisión.

Argumentó que estas reformas responden a la necesidad de armonizar la ley secundaria con el texto de la Constitución Política, después de las reformas de junio de 2011.

La diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI) señaló que dentro del decreto se prevé la facultad del presidente de la CNDH para citar a cualquier servidor público, cuya presencia sea necesaria para esclarecer los hechos que originaron la investigación.

Resaltó que además se regula la comparecencia de funcionarios ante el Senado cuando no acepten o no cumplan las recomendaciones o resulten responsables de violaciones graves, por lo que se definen las reglas a que se sujetará dicha comparecencia, así como las sanciones administrativas que podrán resultar en caso de que la negativa de aceptar la recomendación sea reiterativa.

A su vez, la diputada Martha Edith Vital Vera (PVEM) manifestó que el fin es que la CNDH no solamente devele la violación e incluso emita su resolución no vinculatoria, sino requiera al Senado o a la Comisión Permanente, citar al funcionario para que éste explique las razones por la cuales se niega a cumplir una recomendación.

Precisó que la realidad de la administración pública e, incluso, la operatividad de otras instituciones de otros poderes, hace necesaria una medida como esta, “pues hasta este momento las autoridades pueden hacer caso omiso a las recomendaciones”.

De Movimiento Ciudadano, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez resaltó que este dictamen armoniza la ley secundaria con el texto de la Constitución Política en atención a la reforma vigente desde junio 2011, dado que los derechos humanos se han convertido en referente permanente de la opinión pública y de la actividad de la sociedad civil organizada.

Subrayó que se regulan las nuevas atribuciones de la CNDH, relativas a la investigación de violaciones graves a éstos, así como el proceso de comparecencia ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente de los servidores públicos que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) indicó que estos cambios son un avance importante, sin embargo, los reclamos piden reformar la Constitución para que puedan ser revisadas las sentencias judiciales. “Nada que esté en el ámbito judicial puede ser en su momento revisado por limitación constitucional”.

Agregó que muchas violaciones a los derechos humanos tienen lugar en el ámbito judicial. “Hay violaciones no solamente de los que pueden ser procesados, o los que son iniciados en un proceso de los sentenciados y de las mismas víctimas del delito. Y con esa trabazón o amarre que existe en la Constitución no se les puede atender en la CNDH”, aclaró.

En tanto, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) resaltó que salvaguardar los derechos humanos es una obligación ineludible del Estado mexicano; por ello, dijo, es necesario otorgar mayor certidumbre jurídica a la actuación de la CNDH para velar por el respeto de los derechos de las mexicanas y de los mexicanos.

Con las reformas, agregó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá presentar denuncias de juicio político ante la Cámara de Diputados o ante las Legislaturas de los estados, derivada de las recomendaciones que se emitan.

Se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

-- ooOoo --