25-04-2013.- La Cámara de Diputados aprobó que el Ministerio Público Federal pueda atraer delitos del fuero común cometidos contra periodistas, personas o instalaciones, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Con las reformas –enviadas al Ejecutivo Federal- a los códigos Federal de Procedimientos Penales y el Penal Federal, así como a las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y de la Procuraduría General de la República, se establece que los jueces federales tendrán competencia para juzgar estos delitos.

En el documento aprobado por 451 votos a favor, 0 en contra y 1 una abstención, se detalla que esta facultad se ejercerá en los casos de delitos en los que se presuma intención dolosa; cuando existan indicios de que en el hecho hubiese participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal, o delitos graves calificados por la ley.

De igual forma, cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real; lo solicite la autoridad competente de la entidad Federativa de que se trate; cuando los hechos impacten de manera trascendente al ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta.

También, cuando por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas y/o medios de comunicación.

En el dictamen, se precisa que “cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito”.

Se detalla que se incrementará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia.

La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD), expresó que las y los periodistas enfrentan inseguridad con motivo de su profesión, pues los graves eventos de secuestro, desaparición, amenazas, asesinatos y agresiones a sus instalaciones, permanecen en gran parte en la impunidad.

Indicó que las investigaciones penales permanecen estancadas y hay un déficit de sanciones a los responsables. Agregó que en los últimos años México se ha convertido en uno de los países con más asesinatos contra periodistas.

Hoy, dijo, son los grupos del crimen organizado y mafias compenetradas con las instituciones las que ejercen un cerco sobre los medios de comunicación, “que en ocasiones han optado por la autocensura con tal de poner a salvo su vida y la subsistencia de su actividad”.

Resaltó que con estas reformas se reglamenta la norma constitucional y detalla comprensivamente los casos en que la Federación puede ejercer la facultad de atracción, incluyendo la presencia de circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta y también en caso de que la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo.

Tapia Fonllem subrayó que se modifican los tipos penales aplicables a los ataques contra periodistas o instalaciones para los que se aumenta la pena hasta en un tercio cuando se presuma el dolo de acuerdo a los supuestos normativos y se acrecienta la pena en presencia de violencia de género, de acuerdo con el marco legal establecido.

Con estas reformas, abundó, se obliga a la autoridad federal a dar respuesta en 48 horas a la solicitud de atracción y se otorga a la víctima un recurso de reconsideración si la autoridad investigadora niega la solicitud.

Del grupo parlamentario del PRI, el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda argumentó que reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, citan que en los últimos 12 años han sido aproximadamente 626 las agresiones que se han dirigido contra periodistas o medios de comunicación.

Afirmó que como Cámara de Diputados no se puede quedar únicamente en la aprobación de esta minuta, sino asumir una actitud proactiva, de responsabilidad y constituir la Comisión Especial que coadyuve con los otros órganos del poder público del Estado para erradicar las agresiones a los seres humanos que desempeñan la labor del periodismo y a los medios de comunicación.

La diputada Esther Quintana Salinas (PAN) manifestó que con este dictamen se fortalece el marco jurídico nacional de una manera armónica, integral y sistemática, garantizando la seguridad y los derechos de todos los periodistas y ciudadanos. “Las reformas son de suma importancia, dado el grave contexto de inseguridad e impunidad”.

Dijo que es una verdadera vergüenza para México que el Instituto Internacional de la Prensa “nos equipare a países tradicionalmente peligrosos para los periodistas como Pakistán, Somalia, Filipinas, Honduras y Brasil.

A su vez, el diputado Vicario Portillo Martínez (PRD) señaló que la autocensura en algunos medios es consecuencia de la inseguridad y la impunidad; y debería ser revertido, pues pone en riesgo la democracia y el Estado de Derecho.

Se pronunció para que la Procuraduría General de la República trabaje conjuntamente en un esquema que fortalezca a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en el proceso de restructuración administrativa, a fin de cumplir con las recomendaciones internacionales y lograr la mayor eficacia en la labor de investigación.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) expresó que para nadie es un secreto que los periodistas mexicanos se han visto seriamente afectados por la creciente ola de violencia en el país, pues las cifras que se manejan de periodistas muertos, oscilan entre 70 y 80.

Agregó que estas reformas le brindan a los periodistas y medios de comunicación la tranquilidad de estar amparados ante cualquier agresión, derivada del cumplimiento de su trabajo y no sean vulnerados sus derechos y su integridad.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja argumentó que este dictamen es fundamental para avanzar en la protección y salvaguarda del ejercicio periodístico y de la libertad de prensa en el país. “Ni un minuto más de impunidad, ni un minuto más de censura o autocensura a la actividad periodística provocada por asechanzas inmediatas y cruentas que se viven”.

Resaltó que se necesita vivir en un país de libertades, no en uno de represión o autoritario, e hizo un llamado a los gobiernos a que respeten el ejercicio de la libertad de expresión y no ejerzan amenazas a periodistas, comunicadores o reporteros gráficos.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) expresó que de enero de 2005 a noviembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) conoció de 658 quejas de comunicadores por violaciones a los derechos de seguridad jurídica, libertad, legalidad, integridad y seguridad personal.

Indicó que la CNDH tiene registrados 82 homicidios y 18 desapariciones de comunicadores del año 2005 al 2012, y que la violencia contra quienes informan a la sociedad tiene un efecto disuasivo para libre flujo de las ideas y de la información. “El derecho humano a la libertad de expresión es una libertad esencial para la democracia, para el desarrollo del conocimiento y para el avance de la sociedad”, valoró.

Al hablar a favor, la diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (PAN) resaltó que con este dictamen la autoridad federal podrá atraer estos delitos y se dará certeza a los ciudadanos de que en México “se vale expresarse o no estar de acuerdo”.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) afirmó que hoy los periodistas viven sometidos no sólo por los gobiernos, sino también por el crimen organizado. “Quienes se dedican a informar en el país, no sólo viven con bajos salarios y amenazados por el poder, sino se ha sumado la delincuencia organizada”.

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