25-04-2013.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 450 votos la adición del artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) a efecto de plasmar el modelo de cobranza social y garantizar esquemas justos y dignos al replantear un crédito para casa habitación.

El documento elaborado por la Comisión de Vivienda, refiere que el modelo de cobranza social existe en la práctica, por lo que es necesario incluirlo en el cuerpo normativo para dar seguridad jurídica en beneficio de la solidez financiera del Infonavit y de cada trabajador que se vea en la necesidad de replantear su crédito hipotecario.

Señala que con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes depositado en su subcuenta de vivienda y atendiendo los balances necesarios que su naturaleza social exige, el Instituto brindará opciones que ayuden a los acreditados a conservar su patrimonio, por lo que llevará a cabo la recuperación de los créditos partiendo de un esquema de cobranza social aprobado por el Consejo de Administración.

En el dictamen a la iniciativa de la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI), se indica que al adherir dicho precepto se garantiza la aplicación constante y segura del modelo de cobranza social, dotando de certeza jurídica y poniendo a la vanguardia la Ley del Infonavit en el modelo económico que impera en el país.

Se menciona que el Instituto ha apoyado a más de seis millones de trabajadores a generar su patrimonio a través de la adquisición de vivienda, y es el actor más importante del mercado, con 76 por ciento de participación en la cartera de crédito y es uno de los principales fondos complementarios para el retiro de los trabajadores, con 24 por ciento de participación.

Además, refiere que se requieren cerca de 552 mil créditos al año para satisfacer la demanda de vivienda y “el Infonavit puede cubrir hasta 90 por ciento de esa demanda, fortaleciéndose y garantizando a los trabajadores mejores condiciones crediticias vía un modelo de cobranza social implementado en la ley”.

De acuerdo con el Plan Financiero 2013-2017 del Infonavit, 21 de cada 100 mexicanos vive en una casa financiada por el instituto y, según datos de la Comisión Nacional de Vivienda, el sector de la construcción crece cinco por ciento anual en promedio y “Infonavit otorga el mayor número de créditos para la adquisición de nuevas casas, con 69 de cada 100”.

Ello beneficia más a los trabajadores con menores recursos, ya que 63 por ciento de los créditos se destinan a derechohabientes que ganan menos de cuatro salarios mínimos”.

La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (PRI) destacó la importancia del Infonavit para hacer realidad el derecho humano a una vivienda y ha impulsado una cobranza social acompañada de mecanismos que reconozcan su sentido solidario y social.

Explicó que muchos derechohabientes se encuentran con deudas en sus créditos y enfrentan demandas y mecanismos de cobro a través de despachos que, al margen del derecho y de la ética, hostigan, recriminan y criminalizan a los trabajadores por sus adeudos.

“Estas conductas deben declinar hasta ser erradicadas para transitar a un modelo de gestión de cobranza social, que reconozca las distintas situaciones de los trabajadores, en especial, cuando éstos pierden el empleo o disminuyen sus ingresos de manera involuntaria”, enfatizó.

Al fijar la posición de su grupo parlamentario, el diputado Rodrigo Chávez Contreras (MC) sostuvo que, de acuerdo con datos confirmados por la Secretaría de Desarrollo Social, hay cinco millones las viviendas abandonadas en México y agregó que una de las principales causas de abandono es a la imposibilidad de pagar los créditos.

Con esta propuesta, dijo, se abre la posibilidad a los acreditados de conservar su patrimonio, pues constituye la recuperación de los créditos bajo un esquema de cobranza social sensible a las dificultades que enfrentan los trabajadores”, puntualizó.

Manifestó que se contrarrestaría la problemática del abandono de la vivienda y se garantizaría el patrimonio de los trabajadores y sus familias, facilitando esquemas de pago acordes a su solvencia económica y buscando alcanzar las expectativas de millones de mexicanos de contar con una vivienda digna.

Aprobado en lo general y en lo particular, fue enviado al Senado para los efectos constitucionales.

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