25-04-2013.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes Minera y de Coordinación Fiscal, para establecer el pago de una contraprestación por aprovechamiento de la extracción de sustancias minerales en beneficio de los estados y municipios en donde se realice la extracción.

Con las reformas aprobadas –en lo general- por 359 votos a favor, 77 en contra y 19 abstenciones, se fija la obligación para los concesionarios mineros, de pagar un derecho del 5 por ciento sobre la diferencia positiva que resulte de disminuir los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva las deducciones autorizadas.

Además, por 341 votos en pro, 68 en contra y 16 abstenciones, se avaló –en lo particular- una reforma al artículo Primero Transitorio, para que estos cambios entren en vigor 90 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En el dictamen se precisa que este porcentaje es similar al que pagan las empresas mineras de varios países del mundo y las reformas generarán un beneficio económico justo para la Nación derivado de la explotación de los recursos del subsuelo que son propiedad originaria de la misma y propiciará un adecuado desarrollo de las zonas productoras y de las comunidades mineras asentadas en ellas.

Se menciona que en la Ley de Coordinación Fiscal se establece el destino específico de la recaudación: 30 por ciento al Fondo General de Participaciones y el 70 por ciento a distribuir en partes iguales entre las entidades federativas y los municipios en donde se realizan las actividades de extracción minera, creándose el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

De igual modo, se crea un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, con representación del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los municipios y de las comunidades indígenas o agrarias, así como una de las empresas mineras en la demarcación.

Los recursos serán empleados en centros escolares, pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, alumbrado público, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales, obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, mejora de la calidad del aire, rehabilitación de ríos y cuerpos de agua y obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana y transporte masivo.

En los artículos transitorios, se precisa que los titulares de concesiones y asignaciones mineras, deberán llevar un formato de reporte de producción por unidad minera, mismo que expedirá la Secretaría de Economía y en el cual se desglose la información contable referente a los ingresos y las deducciones que se utilicen para el cálculo del derecho respectivo.

Además, se procederá a la cancelación de la concesión minera en los términos de la Ley Minera, a aquellos concesionarios o asignatarios que no presenten la información requerida en términos de esta disposición o que la misma sea falsa.

En el dictamen se subraya que los concesionarios o asignatarios que paguen el derecho correspondiente al gas asociado a los yacimientos de carbón mineral no estarán obligados al pago del nuevo derecho del 5 por ciento, únicamente respecto de dicho gas.

Al fundamentar, el diputado Adolfo Bonilla Gómez (PRI) expresó que México es una potencia minera a nivel mundial y el valor anual de la producción en 2011 fue de 20 mil 148 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía.

Resaltó que aunque existe actividad en 24 estados del país, destacan Sonora, primero en oro; Zacatecas, primero en plata; Chihuahua, primero en plomo; Coahuila, primero en fierro y carbón; San Luis Potosí, primero en fluorita; y Durango, primero en bentonita y perlita.

Con el dictamen, agregó, se buscará un beneficio para 612 municipios del país, llegando a una población de casi 70 millones de mexicanos, y que al día hoy existen empresas mineras que muestran responsabilidad social y con el medio ambiente, “las cuales generan más de 330 mil empleos directos y más de un millón 500 mil indirectos”.

Se actualiza, destacó, el pago de derechos por aprovechamiento, conforme se realiza en la industria minera mundial, ya que México es de los pocos países en el mundo, junto con China, que no incluyen el pago de una regalía, la cual se sitúa en promedio entre el 3 y el 10 por ciento.

Bonilla Gómez mencionó que el derecho especial de minería del 5 por ciento que establece, es respecto de la utilidad neta, “por lo que no se afecta a los trabajadores mineros en su reparto de utilidades”.

Enfatizó que “por ningún motivo estos recursos podrán ser empleados en gasto corriente ni en gasto suntuario, sino en infraestructura física”.

Del grupo parlamentario del PRI, la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales resaltó que el dictamen potencia al sector minero nacional, al tiempo que beneficia el desarrollo regional y fortalece a la economía popular. “Se da por terminada la terrible paradoja de tener empresas mineras boyantes y competitivas en regiones donde la pobreza y la desigualdad son las características de sus pobladores”.

Añadió que se privilegia la participación de las instituciones públicas, de la iniciativa privada y de los ciudadanos a efecto de atender la problemática social específica de las comunidades, dotando de certeza y transparencia el destino de los recursos. “Es un acto de congruencia en la lucha contra la erradicación de la pobreza y el desasosiego que ésta produce”.

A su vez, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN) precisó que el dictamen representa única y exclusivamente una reforma al régimen de derechos mineros, “los cuales deberían ser estudiados y analizados de acuerdo al calendario al Pacto por México en la reforma hacendaria en el siguiente semestre de este año”.

Manifestó que de avalar la propuesta se estaría estableciendo un derecho en una ley de carácter no fiscal, “la cual sin dudar a equivocarme a través del juicio de amparo se vendrá abajo. No nos oponemos de ninguna manera a la revisión de un derecho minero, al contrario, estaríamos a favor, previo análisis y valoración de impacto presupuestal y regulatorio”.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD) relató que estas reformas son un complemento necesario para el desarrollo de los pueblos y comunidades. “No se puede seguir manteniendo en situación de miseria, atraso y olvido a quienes han dado riqueza al mundo, a mexicanos, pero fundamentalmente a extranjeros”.

Con estas reformas, agregó, habrá mejores condiciones de salud e higiene, de impactos ambientales, de respetos culturales, los cuales permitan a los pueblos un mejor disfrute de la riqueza que yace en el subsuelo.

Por el PVEM, la legisladora federal Judit Magdalena Guerrero López expresó que en la actualidad la minería extractiva representa un 2 por ciento del Producto Interno Bruto, y agregó que la legislación minera vigente, así como las disposiciones relativas a la actividad, no producen beneficios a favor de la nación ni de los habitantes originarios de las tierras de donde se extraen los minerales, sino que favorecen únicamente a las grandes compañías.

Se manifestó porque la minería no solamente deje a la población salarios precarios, contaminación y enfermedades, sino que la industria extractiva se convierta en progreso y desarrollo humano de la población.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) manifestó que la composición del producto minero de México está constituido por 27 diferentes metales y 45 tipos de minerales no metálicos; existen operaciones en 22 de 32 entidades federativas y que ocupan más de 200 mil trabajadores, y representan el 30 por ciento del territorio nacional las concesiones otorgadas en casi 25 millones de hectáreas.

Puntualizó que en 60 años, México perdió su capacidad metalúrgica; heredó pueblos fantasmas; vio reducida su capacidad de planeación y posiblemente de progreso social, al perder fuentes de trabajo local que obligaron a la emigración masiva de sus habitantes a las grandes ciudades, por lo que “se contemple este impuesto, este recurso, me parece correcto”.

A su vez, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) argumentó que aunque no se trata de una reforma minera, los cambios traerán justicia a un reclamo de las poblaciones donde se encuentran asentadas las minas.

Destacó que la derrama que se dejará en estos pueblos no solamente debería ser en infraestructura y no solamente va a ayudar a desarrollar a estos pueblos que quedan devastados una vez que se van estas minas, sino también a los pueblos aledaños. “No es un castigo a las empresas mineras, es darle respuesta a un reclamo a estas comunidades”.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) expresó que conforme a la Cámara Minera de México en 2011 el valor total de la producción minero metalúrgica aumentó 50 por ciento respecto al año anterior; al alcanzar los 143 mil millones de pesos, lo que significa más de 47.8 mil millones de pesos que en 2010.

Precisó que para concretar esta reforma es necesario que se establezca un destino claro y específico para los recursos adicionales que se recauden, así como orientar a la realización de obras de beneficio social para las entidades y municipios en los que se realizan actividades de extracción de sustancias minerales.

Previamente, el diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) presentó una moción suspensiva, para que no se presente a discusión el dictamen, toda vez que el proceso de dictaminación tuvo “origen en un acuerdo verbal de los secretarios de la junta directiva de la Comisión de Economía”.

Al hablar en contra, el diputado Rubén Camarillo Ortega (PAN) resaltó que no se pueden aprobar leyes cuando éstas están plagadas de ilegalidades; porque es falaz el argumento de que esta iniciativa pretende favorecer a estados y municipios donde existe actividad minera, y porque existe una gravísima equivocación en el ordenamiento legal “que en todo caso debería de reformarse”.

En tanto, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (Movimiento Ciudadano) mencionó que se debe intervenir si se quiere dar autonomía al municipio y económica, “y ella se puede lograr en estos municipios con el recurso minero que les pertenece”.

La diputada Amalia Dolores García Medina (PRD) agregó que el 30 por ciento del país está concesionado y “estamos aquí haciendo un análisis de un impuesto que permitiría que por lo menos una pequeñísima de las ganancias enormes que tienen las empresas mineras pudiera ir a los estados, municipios y regiones que son depredadas y destrozadas por la acción de las mineras nacionales y extranjeras”.

Con 341 votos en pro, 68 en contra y 16 abstenciones, quedaron en términos del dictamen, las reservas a los artículos 27 Bis, párrafo primero de la Ley Minera, así como 2º párrafos segundo y cuarto, y 47 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal.

Se canalizó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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