25-04-2013.- La Cámara de Diputados devolvió al Senado de la República, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política, en materia de telecomunicaciones.

Con 409 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones –en lo general- los diputados aceptaron las 18 modificaciones de la Cámara de Senadores a la reforma constitucional.

En lo particular, se aprobó con 393 votos en pro, 46 en contra y 3 abstenciones, la reserva del diputado Luis Alberto Villarreal García (PAN) al párrafo 19 fracción VII del artículo 28 de la Carta Magna, para cambiar las palabras “las resoluciones se ejecutarán” por “éstas se excusarán”.

Quedó: “Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de la Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se excusarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos, emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución durante el procedimiento”.

Con el dictamen, se reincorpora la obligación del Estado para garantizar el derecho a la información e incluyen contrapesos para los órganos reguladores, el derecho de las audiencias, el reconocimiento de los medios comunitarios e indígenas y el acceso libre a las telecomunicaciones “sin injerencias arbitrarias”.

Se destaca que las opiniones del secretario de Comunicaciones y Transportes sobre el otorgamiento de concesiones y las de la autoridad hacendaria para fijar las contraprestaciones no serán vinculantes y se emitan en un plazo de 30 días.

En cuanto a las concesiones para uso público y social, éstas serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas.

Se estableció que para ser comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, se requiere no haber laborado en los tres años anteriores en alguna empresa relacionada a las telecomunicaciones y deberá poseer un título profesional, aunque no sea en esta materia.

Para ser comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), el candidato no debe haberse desempeñado durante el año anterior como secretario de Estado, procurador, legislador, gobernador o jefe de gobierno del Distrito Federal.

Sólo en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales y acciones, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.
Además, será en la ley secundaria donde se especifiquen las modalidades con las que los comisionados podrán establecer contacto con representantes de los agentes económicos regulados.

Se eliminó el deber de los órganos reguladores de hacer del conocimiento del Ministerio Público cuando adviertan la probable existencia de un delito en materia de monopolios.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Rivera (PRD) argumentó que las reformas sentarán las bases para que el país se encuentre a la vanguardia en el campo de las telecomunicaciones dentro de un mundo globalizado.

Indicó que esta es una de las reformas más trascendentales de esta Legislatura, “ya que los intereses que se trastocaron no son menores. Es por ello que el trabajo legislativo que hasta hoy se ha realizado en ambas Cámaras ha tenido como única finalidad lograr una profunda transformación en esta materia en beneficio de todos”.

Las telecomunicaciones, agregó, fortalecen todo Estado democrático, porque permiten el acceso a una dimensión inacabable de información, conocimiento, aprendizaje, de nuevas capacidades y a posibilidades inmensas de comunicación con otras personas e instituciones.

Recordó que en esta Cámara se creó una reforma completa que no dejó nada a la desatención, sino por el contrario, previo los elementos indispensables para fortalecer el derecho a la información y las tecnologías, a través de la creación de organismos especializados que con su función, lograrán que el sector de telecomunicaciones sea estable y robusto.

Celebró que el Senado de la República se sumará al espíritu de la reforma aprobada en esta Cámara, fruto del consenso y del trabajo de las comisiones y el pleno de ambas Cámaras al incluir que el organismo público de telecomunicaciones que preste el servicio de radiodifusión será descentralizado.

Moreno Rivera detalló que se prevé dentro del concepto de concesiones sociales a las comunitarias e indígenas; incorpora como contrapesos a los órganos de IFETEL y el de Comisión Federal de Competencia Económica, los que deberán presentar un informe de actividad trimestral y agrega que por falta grave los comisionados de los órganos puedan ser removidos de su cargo.

Asimismo, cada órgano deberá contar con una contraloría interna. En los servicios de telecomunicaciones, los mismos se prestarán en condiciones de acceso libre y sin injerencias arbitrarias, sin confundir esta expresión con la gratuidad de los servicios.

Se establece que el IFETEL fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de concesiones, previa opinión de la autoridad hacendaria, que deberá emitirse en un plazo no mayor de 30 días.

En materia de amparo, agregó que las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.

Resaltó que solamente en las resoluciones que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo. Por lo cual se daría una suspensión de hecho, ya que será hasta que el juicio de amparo culmine con una resolución que las sanciones puedan aplicarse.

En cuanto, a las resoluciones emanadas del procedimiento seguido en forma de juicio, sólo podrán impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento.

Agregó que los legisladores “debemos estar conscientes del control que se debe ejercer sobre el servicio de televisión y telefonía, sectores que desde hace décadas se encuentran intactos sin ser objeto de reforma alguna”.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) señaló que en el dictamen la inversión extranjera se mantiene al 100 por ciento y “hemos señalado que esto es parte de la extranjerización de la vida nacional”.

Manifestó su voto en contra ya que en la reforma no se establecieron porcentajes para las radios comunitarias; “simplemente se mencionó, pero no hay porcentajes”.

La diputada Roxana Luna Porquillo (PRD) dijo que esta reforma, además del reconocimiento de los derechos de las audiencias y de los usuarios en telecomunicaciones, busca materializarlos y hacerlos realidad al ordenar al Congreso de la Unión a legislar lo necesario para establecer los mecanismos de protección efectiva.

Agregó que se incluye el derecho de los gobernados a tener un acceso a las telecomunicaciones libre y sin injerencias de arbitrajes. “Esta precisión es importante, toda vez que en otros países el acceso especialmente de Internet, se había visto por razones de índole político o comercial, con una notoria afectación a los derechos humanos de los gobernados”.

En su turno, la diputada Purificación Carpinteyro Calderón (PRD) consideró que fue un retroceso las modificaciones que realizó la Cámara alta, específicamente los cambios al artículo 28 constitucional, fracción VII, el cual establece que las decisiones de la Comisión Federal de Competencia en materia de imposición de multas y desincorporación de bienes y activos, no podrán ser ejecutadas sino hasta después de que se haya terminado el proceso de juicio de amparo que eventualmente puedan interponer las partes.

Asimismo, dijo, en donde efectivamente se incluye a las radios comunitarias y a las indigenistas como parte de las radios sociales, “tal y como lo habíamos previsto nosotros aquí en esta Cámara de Diputados con buena reflexión, pero lamentablemente también incluyeron la restricción de que no podrán tener fines de lucro”.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) subrayó que no existe claridad en el reconocimiento de los medios comunitarios indígenas, estos es, la inserción que se hace no es garantía para el ejercicio del derecho de las comunidades y pueblos indígenas al acceso a concesiones en radiodifusión.
“Toda vez que las propuestas que remite el Senado tienden a simular un cambio democrático en el acceso y uso de las telecomunicaciones, facilitando las acciones de empresas privadas nacionales y extranjeras que disponen de concesiones con la finalidad del uso desmedido y explotación de mercados cautivos, manifiesto mi voto en contra, porque esta reforma no favorece al pueblo de México”, puntualizó.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) dijo que con las reformas a las empresas las vamos a obligar “a que compitan, a que inviertan, a que en lugar de ver en el mundo qué otro mercado puede conquistar que primero conquisten el nuestro, porque –sí– es un riesgo para sus intereses, nadie lo niega, pero también es una oportunidad. Una oportunidad para que puedan renovar, innovar”.

Enfatizó que “hay algunos avances como los derechos de la audiencia, que valoro, pero hay otras regresivas. A pesar de eso hay que ir a favor, ¿por qué?, porque el punto clave es cómo vamos a cambiar este país”.

Posteriormente, concluyó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo lunes 29 de abril, a las 12:00 horas.

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