29-04-2013.- La Cámara de Diputados conoció para trámite de declaratoria de publicidad el dictamen que reforma el artículo 16 de la Constitución Política, para reducir de 40 a 20 días el plazo máximo en que la autoridad judicial podrá decretar el arraigo de una persona.
Ello, cuando se acredite ante la autoridad judicial la existencia de indicios suficientes para vincularla, siempre que durante la subsistencia de esta medida puedan allegarse mayores elementos probatorios en la investigación y se proteja la vida e integridad de las personas.
O bien, evite que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado para ello, por lo que la duración de la medida no podrá exceder los treinta y cinco días.
Se argumenta que los organismos de protección de los Derechos Humanos podrán revisar, en todo momento la aplicación de dicha medida a solicitud de la persona sujeta a ella o su representante.
La autoridad judicial podrá determinar que el Ministerio Público retenga al indiciado por un periodo adicional de hasta setenta y dos horas para la prisión preventiva, siempre que sea necesario para ampliar los elementos probatorios que motivan la retención; la autorización de esta medida hará improcedente la solicitud posterior del arraigo.
Comunicaciones
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se mandó iniciativa del senador Martín Orozco Sandoval (PAN), que reforma la fracción XIX del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El Banco de México remitió el Informe sobre el ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión en Activos Fijos y de Inversión en Activo Circulante, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, y los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2011 y 2012. Se mandó a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaría de Gobernación dio respuesta a dos puntos de acuerdo relativos a las acciones implementadas contra la tuberculosis y brucelosis bovina en Michoacán, y al área natural protegida Yum Balam.
Del Congreso de Puebla, se conoció contestación a una proposición, aprobado por la Comisión Permanente, en materia de deuda pública.
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