29-04-2013 El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular con 438 votos, el dictamen que reforma la Ley General de Educación para prevenir, detectar y atender el acoso escolar, maltrato físico o psicológico, conocido como bullying.

La enmienda establece que a fin de impulsar el derecho a una educación libre de violencia, las autoridades educativas deberán establecer en los reglamentos escolares las medidas necesarias para su atención y solución.

De igual forma, plantea la realización de programas de difusión sobre los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes respecto a este fenómeno, orientados a la prevención, detección y atención.

Obliga a las autoridades educativas a salvaguardar la integridad física y psicológica de los educandos dentro de los planteles y, en su caso, solicitar a las autoridades correspondientes la protección que garantice la seguridad de los estudiantes en los alrededores de las escuelas.

Agrega que la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, será considerada como indisciplina. En este sentido, establece que es violencia escolar el hostigamiento e intimidación entre estudiantes y se puede presentar de las siguientes formas: física, mediante empujones, golpes o lesiones, y verbal, a través de insultos, discriminación y menosprecio que se realice por un estudiante a otro, de manera pública o privada.

También psicológica, por medio de la persecución, intimidación, sometimiento, chantaje, manipulación o amenazas, incluidas las gesticulaciones y obscenidades mediante señas, miradas o expresiones corporales, y exclusión social, donde el estudiante víctima es notoriamente excluido y aislado de la convivencia escolar.

Sexual, mediante comentarios de índole sexual, de forma verbal o escrita, miradas o señas que denoten obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual y por último violencia cibernética, por medios electrónicos como Internet, páginas web, redes sociales, blogs, correo electrónico, mensajes de teléfono celular o videograbaciones.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (MC), mencionó que este fenómeno ha alcanzado niveles alarmantes, ya que no distingue raza, religión o posición social y no se cuenta con mecanismos legales para contrarrestarlo.

Refirió que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México, en 2007, el 65 por ciento de niños y niñas en edad escolar declaró haber sufrido violencia en alguna de sus manifestaciones, “lo que quiere decir que 7 de cada 10 niños han sufrido bullying en alguna etapa de su vida escolar”.

Actualmente, agregó, el 50 por ciento de los suicidios entre jóvenes están relacionados con este fenómeno. Otro estudio, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), menciona que nuestro país se encuentra en el primer sitio en cuanto al número de casos de bullying, en el nivel escolar de secundaria.

En tanto, concluyó, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destaca que el 11 por ciento de los estudiantes de primaria han robado o amenazado a algún compañero en alguna etapa de su ciclo escolar.

Advirtió que el brote de violencia en las escuelas puede condicionar una infracción futura, pues el bullying es la antesala del pandillerismo y la delincuencia.
La diputada Judit Magdalena Guerrero Vázquez (PVEM) dijo que el bullying infantil se ha convertido en un flagelo que debe ser prevenido y atendido con responsabilidad por el Estado y por sus instituciones, particularmente las pertenecientes a los sectores educativos y de salud.

Señaló que para ello no solamente se requiere actualizar el compromiso del Estado o modernizar la normatividad para abordarlo con racionalidad jurídica, sino avanzar en la creación de una agencia nacional profesionalizada de carácter multidisciplinario que atienda y procese dicho problema.

De no hacerlo, dijo Guerrero López, “estaríamos incumpliendo con la protección de los derechos básicos y fundamentales de los niños, y esto a todas luces es irresponsable”.

Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT) destacó que el desarrollo e implementación de programas y acciones para prevenir, detectar y atender el acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico o sicológico entre y hacia estudiantes, tendrá como resultado una educación libre de violencia, además de que el proceso educativo conllevará principios de libertad, responsabilidad y tolerancia.
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