29-04-2013 La Cámara de Diputados aprobó con 439 votos reformas y adiciones a la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para aumentar a doce años de prisión, como la pena más alta a quienes cometan infracciones a este ordenamiento.

Las reformas al capítulo VI, denominado “De las Sanciones”, establecen que se castigará al que ilegalmente tenga en su poder un monumento artístico mueble, con prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal.

A quien dañe y altere dichos monumentos se aplicará multa de mil a tres mil días de salario mínimo y cargo del costo de la reparación del daño causado y a quien por cualquier medio realice trabajos de exploración arqueológica.

Se sancionará con prisión de dos a doce años y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo, al que valiéndose del cargo o comisión, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble.

Asimismo, al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento histórico o artístico sin permiso, con prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie los actos descritos en este artículo, se le incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

De cinco a doce años de prisión y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo a quien pretenda sacar o saque del país dichos monumentos.

Al que introduzca al territorio nacional bienes culturales considerados como patrimonio cultural artístico, histórico, arqueológico o paleontológico por el país de origen, sin que cuenten con el permiso correspondiente de las autoridades del Estado de origen, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Si los delitos previstos en esta Ley, los cometen funcionarios encargados, las sanciones relativas se aplicarán conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El dictamen reforma los artículos 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53 y 55, y adiciona el artículo 53 Bis de la Ley en mención. Se remitió a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

La diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) dijo que al actualizar el marco jurídico en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se brinda protección a estos. “Conscientes que no sólo se requiere de medidas legislativas para preservarlos, sino del trabajo conjunto de la sociedad y gobierno”, mencionó.
Detalló que, derivado de las Recomendaciones emitidas por la Conferencia General de la UNESCO, el Estado se obligó a prevenir y combatir la falsificación de bienes culturales, robos, excavaciones ilícitas, actos de vandalismo y empleo de falsificaciones, por lo que, destacó, es una obligación reforzar la prevención a este delito.

Por su parte, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT) señaló que bajo el argumento de realizar investigaciones se da el encubrimiento de saqueos en las zonas arqueológicas, lo que afecta el patrimonio cultural de la nación, mientras que las autoridades no sancionan por falta de instrumentos jurídicos adecuados.

Subrayó que a fin de que se inhiba este tipo de actos, las reformas pretenden actualizar las sanciones y penas carcelarias para que los robos, saqueos, vandalismo y exportación ilegal de bienes nacionales sean castigados puntualmente.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Zuleyma Huidobro González, detalló que datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), existen 182 zonas arqueológicas abiertas al público, las cuales, tan sólo en el 2012, tuvieron una afluencia de más de 6 millones 967 mil visitantes nacionales y extranjeros.

Comentó que en la categorización de la UNESCO, México ocupa el quinto lugar mundial en número de espacios considerados como patrimonio universal, lo que lo hace uno de los países con mayor riqueza en este ámbito.

En su intervención, la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca (PVEM) detalló que el saqueo y destrucción del patrimonio cultural de la humanidad está aumentando, lo que denota que el tráfico de estos bienes resulta una actividad lucrativa, para erradicarlas, acotó, es necesario trabajar en una labor normativa.

Agregó que el dictamen refuerza el entramado legal destinado a la regulación, protección y conservación de nuestro patrimonio histórico, así como endurecer las sanciones para quienes atenten en su contra.

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