29-04-2013.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó sancionar con multa de uno a 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso, retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie.

Con 380 votos a favor, 50 en contra y 12 abstenciones, se acordó adicionar el artículo 215 Bis al Código Penal Federal, para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución Política, en la fracción IV de su artículo tercero, que determina: “toda la educación que el Estado imparta será gratuita”, y a lo previsto en la Ley General de Educación.

En el dictamen se precisa que la adición permite el ejercicio pleno del derecho a la educación, mayor equidad educativa e igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, sancionando a quienes soliciten contraprestaciones económicas en dinero o en especie por prestar este servicio.

De forma económica, se avaló una reserva de la diputada Alfa Eliana González Magallanes (PRD) para eliminar las palabras: “Se equipara al abuso de autoridad”, quedando establecida sólo la sanción a la autoridad escolar que impida el ingreso, retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación.

Por el grupo parlamentario del PRI, el diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia indicó que la reforma va más allá de la simple proyección del texto constitucional hacia sus leyes reglamentarias, porque establece una sanción dirigida a quien, en el ejercicio de sus funciones de autoridad escolar, impida el ingreso o retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier.

Manifestó que aunque existen muchos directores y profesores que acuden honestamente a los padres de familia a fin de solicitar su colaboración en el mantenimiento de los planteles escolares, también “los hay que se han valido de esta necesidad apremiante para presionar de tal modo a los padres, llegando al exceso de prohibir o restringir la entrada de los alumnos a las escuelas”.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD) precisó que sancionar a aquellos servidores públicos que están violando la gratuidad de la educación, es correcto. “Estamos a favor para evitar la práctica de algunos servidores públicos de enriquecerse o hacer acciones de poder en beneficio personal”.

Mencionó que la discusión ahora debe refrendar el compromiso de luchar porque exista un mayor presupuesto para el campo educativo, en el cual se brinden las condiciones para que la calidad pueda ser mejor y para que niños y maestros desarrollen la actividad educativa en buenas condiciones.

Del PVEM, el diputado Ricardo Astudillo Suárez argumentó que la reforma no criminaliza a ningún funcionario, sino busca que a ningún niño o joven se impida la entrada y acceso a la educación, o bien se le retengan documentos o la oportunidad de poder continuar y terminar su vida educativa y profesional.

Agregó que se busca prohibir que exista plantel, municipio o comunidad que restrinja la educación gratuita y evitar que familias, niños y jóvenes se sientan discriminados por el hecho de que no puedan aportar una cuota. “Estamos proponiendo una sanción pecuniaria; no estamos tratando de criminalizar ni de sancionar con cárcel”.

A su vez, la diputada Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano) subrayó en contra la posición de su partido, “porque esta adición viene de alguna forma a atenuar por otra vía legal los excesos que se generaron al aprobar irreflexivamente el cuerpo de los cambios constitucionales en materia de educación”.

Se mostró dudosa de que los padres de familia en el sistema procesal vayan a presentar una denuncia en contra de la autoridad escolar para que sólo lo multen. “¿Cuánto tiempo va a pasar para que este proceso se desahogue? Tal vez pase mucho tiempo para que un certificado sea entregado. Esto sólo provocará más injusticias de las que ya existen en el país”, agregó.

En tanto, la diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) expresó que las cuotas escolares y su administración no es responsabilidad de las maestras y los maestros, sino de las propias asociaciones de padres de familia, que están reguladas por las autoridades mediante reglamento.

Se pronunció en contra de criminalizar a los docentes y padres de familia. “En lugar de este intento de exhibir a los trabajadores de la educación, los convocamos a definir los mecanismos a través de los cuales debemos sancionar también a las autoridades que por omisión, negligencia o premeditación no ministren a las escuelas los recursos necesarios para su sostenimiento y eficiente operación”.

En contra, los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja expresaron que este artículo es inusitado y dijeron que “no se puede criminalizar lo que ustedes mismos abrieron en la ley; por eso hay que ser congruentes”.

Al hablar a favor, los legisladores Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) y Tomás Torres Mercado (PVEM) argumentaron que las cuotas escolares seguirán siendo anticonstitucionales y se busca que haya impunidad para los que secuestran los papeles de los niños y jóvenes.

Se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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