29-04-2013.- La Cámara de Diputados aprobó con 400 votos en pro y tres abstenciones reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para establecer un manejo especial de pilas que contienen litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo o zinc, cuyo alto volumen de consumo y deshecho producen efectos perjudiciales en el medio ambiente y los recursos naturales.

Al fundamentar, la diputada Lourdes Adriana López Moreno (PVEM), presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consideró que es necesario establecer un plan de manejo de las pilas, que deberán tratarse como residuo de manejo especial y especificar la coordinación entre municipios, estados y federación para atender la problemática.

Explicó que las pilas se oxidan, lo que provoca daños a la envoltura, lo cual libera sus componentes tóxicos al ambiente, suelos cercanos y cuerpos de agua. Además, los incendios en basureros representan un reporte significativo de esos contaminantes al aire libre.
Al fijar la posición de su grupo parlamentario, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún (Nueva Alianza), señaló que en México se comercializan 600 millones de pilas y baterías primarias al año, lo que representa un consumo promedio de seis pilas por habitante, sin considerar las que vienen incluidas en los aparatos nuevos.

Refirió que la contaminación generada por desechar pilas de forma inadecuada es un grave problema en México, por lo que se han implementado acciones para ubicar contenedores especiales y organizar programas de reciclaje, sin embargo no ha sido suficiente y faltan políticas eficaces para su manejo.

Enseguida, la diputada Loretta Ortíz Ahlf (PT) afirmó que las políticas públicas que favorezcan un medio ambiente sano deben ser prioridad en la agenda y coordinar entre estados y federación las acciones para garantizar que estas pilas no pongan en riesgo al medio ambiente.

Explicó que según el Instituto Nacional de Ecología, el consumo de pilas no recargables en el mercado formal nacional se incrementó 13 veces entre 1996 y 2007, al pasar de dos mil 500 toneladas a cerca de 32 mil 900 toneladas y, el consumo de pilas per cápita pasó de 5.2 pilas por habitante a 12.6 pilas por persona en el mismo lapso.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (MC) advirtió que el uso irracional de las pilas y la irresponsabilidad con la que se desechan toneladas de estos productos a cielo abierto, generará en un tiempo no muy lejano la alteración y mutación de las especies. “¿Acaso no es preocupante pensar en una especie extraña cuando en México se consumen alrededor de 10 millones de pilas y baterías desechables?”, cuestionó.

Añadió que es necesario desarrollar una conciencia ambiental en esta materia, pues “no se puede ser indiferente ante una problemática que día con día deteriora el universo” y advirtió que no es un tema menor pues en los grandes basureros confluyen la fauna nociva y las radiaciones que producen estos residuos sólidos

En su oportunidad, la diputada Milkdret Marina Verde Avendaño (PRD) refirió que según cálculos presentados por el INEGI, cada año se comercializan en México, más de 32 mil toneladas de pilas primarias no recargables, sin embargo, el marco legal no fomenta un manejo adecuado, por lo que terminan desechándolas en cualquier lugar.

Dijo que los residuos de las pilas y baterías generados no son un problema menor para la salud humana y el ambiente, “es urgente bajo un enfoque de precaución y prevención impulsar una política nacional ordenada integral sobre el tema”.

La diputada Patricia Lugo Barriga (PAN) afirmó que el incremento en la demanda, uso de pilas y su inadecuada disposición son un riesgo, por lo que es urgente aplicar instrumentos de política que permitan el correcto manejo de estos potencialmente riesgosos para el medio ambiente, los ecosistemas y los humanos.

Agregó que se debe concientizar a la ciudadanía involucrándola en los diferentes programas de gobierno federal o local, para que desde los hogares se inicie la separación de la basura y que se acuda a los diversos centros de acopio, facilitando así la labor de las instituciones.

Por el PRI, el diputado José Luis Cruz Flores Gómez, se pronunció a favor del dictamen, porque es necesario que México legisle en la implementación de un plan de manejo adecuado de residuos, que incluya recolección, manejo y disposición final de baterías con litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo o zinc en beneficio de la salud de la población y la conservación del medio ambiente.

Agregó que debido a que el mercado informal de estas pilas representa alrededor de 50 por ciento del total de pilas vendidas, hay una excesiva generación de residuos, lo que lleva a tomar medidas urgentes para poner fin a esta problemática, pues la mayor parte de estos residuos se disponen en tiraderos a cielo abierto.

Con este dictamen se modifica el proyecto de decreto propuesto por el Senado de la República y sustituye la propuesta de reforma al artículo 31 del ordenamiento citado, con la adición de una fracción IX a su artículo 19, estableciendo que las pilas que contengan esos elementos o cualquier otro que permita la generación de energía en las mismas, quedan clasificadas como residuos de manejo especial.

Plantea reformas la fracción I del artículo 7 de dicho ordenamiento, para facultar a la Federación a elaborar programas para la prevención y gestión integral de los residuos de manejo especial, y coordinar su instrumentación con las entidades federativas. Asimismo, la modificación a la fracción I del artículo 9 de la propia Ley faculta a las entidades federativas, para instrumentar en coordinación con la federación, programas regionales o locales para la prevención y gestión integral de los residuos de manejo especial.

En el artículo 26 propone que la atribución de las entidades federativas y los municipios para elaborar e instrumentar los programas locales para prevención y gestión integral de los residuos, se refiera a los residuos sólidos urbanos y, con la adición de una nueva fracción IV al artículo 28, señalar la necesidad de que las pilas sean sujetas a planes de manejo.

Aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen fue devuelto al Senado para los efectos constitucionales.

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