30-04-2013.- La Cámara de Diputados avaló por mayoría calificada de 389 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones reformas al Artículo 16 de la Constitución en materia de arraigo, que reduce el tiempo para la aplicación de esta figura y se imponen requisitos para su petición y otorgamiento.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Rivera, explicó que se trata de una figura en la que las autoridades encargadas de la investigación de los delitos argumentan su utilidad para allegarse mayores elementos probatorios.

Sin embargo, “dada la afectación a la libertad personal que implica esta medida, las comisiones de derechos humanos, tanto las previstas en la Constitución como las no gubernamentales, se oponen al arraigo por considerar que su aplicación conlleva a detenciones arbitrarias, tortura, violación al debido proceso y a la presunción de inocencia”.

Señaló que para salvaguardar la libertad personal se propone disminuir de 80 días, como actualmente se estipula, a un máximo de 35 días, tratándose de delincuencia organizada y en el caso de delitos graves el arraigo sólo duraría 20 días sin prórroga, cuando en la actualidad el máximo es de 40 días.

Indicó que con ánimo de avanzar en la desaparición de esta figura, se reduce su plazo y se imponen requisitos para su petición y su respectiva concesión.

Además, para fortalecer la protección de los derechos humanos, se propone que el Ministerio Público, al solicitar al juez la medida de arraigo, la sustentará en indicios suficientes que vinculen a la persona con la delincuencia organizada, en un delito grave.

Indicó que para solicitar o conceder el arraigo deberá acreditarse, cuando menos, que permitirá allegarse mayores elementos en la investigación; protegerá la vida, la integridad de las personas y los bienes jurídicos y evitará que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia

Además, para evitar maltratos físicos, psicológicos o violación a los derechos humanos, los organismos de protección de derechos humanos previstos en la Ley Suprema, podrán participar revisando en todo momento la aplicación del arraigo a solicitud de la persona sujeta a esta medida cautelar o de su representante.

Respecto a la retención ante el Ministerio Público, que actualmente es de 48 horas, se plantea que pueda aumentarse por 72 horas tratándose de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas; delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos; así como delitos graves que determine la ley, en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Dijo que la ampliación de la retención por 72 horas, hace improcedente la posterior solicitud del arraigo, “con lo que se pretende ir a la eliminación de esta figura”.

El dictamen precisa que la finalidad es que la averiguación previa tenga suficiente sustento probatorio para que el ejercicio de la acción penal cumpla con los requisitos de acreditación del hecho señalado como delito y la probable responsabilidad del indiciado y paulatinamente se derogue la medida cautelar del arraigo.

Moreno Rivera enunció una fe de erratas en atención al párrafo octavo del artículo 16, “donde en los organismos de protección de derechos humanos, se sustituye la palabra podrán por deberán”. Asimismo, se cambia la palabra domiciliario, por la de indiciado, en el artículo décimo primero transitorio.

Enseguida, el diputado Ricardo Monreal Ávila (MC), presentó una moción suspensiva y anunció que su grupo parlamentario votaría en contra porque es una de las figuras más nocivas en materia de derechos humanos, que priva de la libertad a supuestos participantes del crimen organizado “y ha sido usada de manera irresponsable por la autoridad”.

Dijo que votaría en contra porque reducir el tiempo de arraigo, “no resuelve la violación grave de los derechos humanos de quienes son sometidos”, pues aun cuando reduce el tiempo, se mantiene inalterable “y por tanto seguirán violándose los principios elementales del debido proceso de la presunción de inocencia y de juicios correctos para los presuntos responsables”. La moción no se aceptó.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), manifestó su voto a favor del dictamen y llamó a valorar la realidad social de México. “Una expansión de la delincuencia organizada en los últimos años es el claro ejemplo de los retos que el Estado mexicano y la autoridad deben de enfrentar”.

“Lo ideal sería erradicar de una vez esa figura del texto constitucional y de la aplicación normativa en el sistema penal inquisitorio, pero para nadie son desconocidos los desafíos a los que el Estado se ha enfrentado, no han sido menores y que han lacerado a la población mexicana”.

El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) dijo que votaría contra el dictamen, pues de los arraigos realizados desde 2008 sólo se consignó 3.3 por ciento, contra el 96.7 por ciento en cuyos casos nunca se consiguieron pruebas que acreditaran su presunta responsabilidad. “Es un instrumento legal que se usa indebidamente para suplir las deficiencias en investigación de delitos con base a la violación de derechos humanos”.

Expresó que esta figura debe desaparecer de la Constitución, pues es contraria a su Artículo 1° y los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México.

A su vez, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) señaló que éste no es un asunto de tiempo, de números o de negociaciones, sino de eliminar figuras que lastiman los derechos humanos, “que no pueden estar en el regateo”.

Dijo que el arraigo ha servido como fábrica de culpables y sólo tres por ciento de los casos ha acabado en proceso judicial, “todos los demás han regresado con el escarnio público, con la tortura, con rastros ominosos de violaciones a los derechos humanos, simple y sencillamente con un usted disculpe”, por lo que se pronunció por derogar la medida pues reducir su temporalidad y “poner vaguedades de supuestas atenuantes” no es suficiente.

En su oportunidad, la diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) afirmó que esta fracción parlamentaria tendrá un voto diferenciado, “algunos compañeros votarán a favor, otros lo harán en abstención y otros más lo haremos en contra”.

Puntualizó que la Asamblea debe valorar los elementos que existen en contra mantener esta figura jurídica y, por otra parte, la necesidad de mantenerla como una herramienta indispensable para la procuración de justicia.

El diputado Catalino Duarte Ortuño (PRD), aclaró que un postulado prioritario de su agenda legislativa es impulsar la derogación del arraigo penal del texto constitucional “y nuestra posición es y será congruente en este tema. Debemos transitar hacia su derogación total”.

Por ello, agregó, con bases sólidas de principios y convicciones, votaremos para imponer mayores controles, condiciones y requisitos a esa figura jurídica. “No es el dictamen que hubiésemos querido, ni es el dictamen que cumple y atiende las recomendaciones de organismos internacionales en materia derechos humanos, pero se perfila bajo el principio de progresividad de los derechos humanos en el camino de una derogación pronta y absoluta del arraigo en este país”.

Agregó que votar contra el dictamen representa votar contra la progresividad de los derechos humanos, en contra de imponer controles y restricciones al arraigo y, por ende, votar a favor de la perpetuación de las violaciones a los derechos humanos impuestas en la reforma del 2008 al artículo 16 constitucional”.

Más adelante, la diputada Consuelo Argüelles Loya (PAN) dijo que la complejidad actual del concepto nacional de seguridad implica tomar medidas urgentes que fortalezcan el Estado de derecho para garantizar la paz, la justicia y la seguridad de los mexicanos.

Destacó que la necesidad de la subsistencia de esta medida atiende a la situación alarmante que padecemos en nuestro país debido a la delincuencia organizada, en la que las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia deben contar con elementos probatorios, que garanticen el bienestar social y la seguridad pública, sin vulnerar el respeto a los derechos humanos”.

Afirmó que con aprobación de esta reforma se da un paso en el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento en la Constitución. “Eliminar esta figura en este momento implica no reconocer la fuerza que han tomado las organizaciones criminales y ser ciegos ante una realidad que enfrentamos”.

“Esperamos que en un futuro no muy lejano podamos trabajar en la eliminación de estas medidas. En que el Estado haya recobrado para los mexicanos la paz y la seguridad que merecen; en el que podamos afirmar que la delincuencia organizada ha cedido ante las medidas adoptadas, las cuales toman fuerza de nuestro actuar legislativo”.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado José Alberto Rodríguez Calderón (PRI) se pronunció a favor del dictamen, pues en la aplicación de la figura del arraigo intervendrán todos los actores interesados en concebir a los derechos humanos como una condición esencial para consolidar un auténtico estado democrático de derecho.

Explicó que esta medida cautelar será solicitada en apego a derecho por el Ministerio Público, autorizada por el Poder Judicial y adicionalmente, en caso de que se decrete, estará sujeta al monitoreo y observación de la sociedad civil.

Se reduce la temporalidad de la aplicación del arraigo de un plazo de 40 días a 20 días, pudiendo ser prorrogable por 15 días más; fortalece la intervención y participación de los organismos de protección de los derechos humanos;

Aclaró que las cifras mencionadas se refieren a la eficiencia del arraigo en materia de delitos federales, los cuales representan a nivel nacional el 10 por ciento de la realidad penal. “El 90 por ciento está en manos de las autoridades estatales en el fuero común –y aquí es importante resaltarlo– la eficiencia en el fuero común del arraigo oscila entre el 75 y el 80 por ciento de efectividad”.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) expresó que el dictamen establece la posibilidad de disminuir el arraigo. “Valoren muy bien su voto, porque votar a favor no es votar a favor del arraigo, sino disminuir las condiciones conforme a las cuales el arraigo se puede otorgar”.

Agregó que no se trata sólo de una disminución de días ni del periodo en el cual una persona puede estar arraigada, sino votar a favor de que la procuración de justicia, de que el Ministerio Público asuma cargas procesales dentro del amplio procedimiento penal, a fin de justificar la procedencia del arraigo.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán resaltó que el arraigo es un golpe brutal a los derechos humanos, es un método violento y violatorio, es un secuestro de Estado en casas de seguridad legalizadas y a veces hasta en instalaciones militares, “lo cual es doblemente violatorio”.

Refirió que de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de junio de 2008 a octubre de 2011 la cifra global de personas arraigadas fue de seis mil 562, que aumentó a más de siete mil con datos actualizados de este año.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD) refrendó la postura de su fracción parlamentaria de eliminar esta figura e instrumento de la Constitución. “Esa es y ha sido la postura; que el arraigo desaparezca de la Carta Magna”.

Precisó que este dictamen “no es lo que queremos, sino lo que logramos ante una iniciativa de solamente reducir el número de días del arraiga. Logramos más candados para que no sea un sólo indicio sino con varios, el que un Ministerio Público lo solicite y que en todo momento haya el acompañamiento de la CNDH”.

A su vez, el diputado Felipe Arturo Camarena García (PVEM) mencionó que si bien se han cometido arbitrariedades e injusticias en su instrumentación, dicha figura tuvo justificación en las instituciones de procuración de justicia, por el entorno del crecimiento a la delincuencia organizada. Sin embargo, dijo, “no justifica la violación a los derechos humanos contenidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales”.

Subrayó que la iniciativa implica un acotamiento a la figura del arraigo y que una vez implementados los juicios orales tiende a su desaparición “implica la misma figura la violación a los derechos fundamentales que el reducirla en tiempos, en ningún momento conlleva a su legalidad”.

El diputado Fernando Zárate Salgado (PRD) argumentó que hoy se está en la disyuntiva de si se mantiene o desaparece el arraigo, aunque aclaró que desde el 2008, el pronunciamiento de su grupo parlamentario ha sido respecto de desaparecer el arraigo y profundizar en materia de derechos humanos.

Afirmó que hoy el PRD contribuye para que se ejerzan los debidos controles judiciales en las figuras que pudiera causar un abuso del Estado, pues lo más importante de esta reforma es que los derechos humanos estarán presentes en todo momento con el inculpado o el presunto delincuente.

Por el PT, la diputada Lilia Aguilar Gil resaltó que lo que se discute es el sistema de criminalización que se implementó en 2008, el cual llevó a tener 7 mil arraigos con una efectividad del 3 por ciento, es decir, solamente el 3 por ciento de los 7 mil arraigados llegaron a proceso para un total de delitos que representan solamente el 10 por ciento.

Se manifestó en contra de esta reforma, “porque creemos que el arraigo debe desaparecer, porque no se puede estar solamente medio a favor de los derechos humanos. Con el dictamen, no solamente se mantiene, sino le estamos dando más tiempo al Ministerio Público para que pueda detener de manera inconstitucional a los ciudadanos”.

En tanto, el diputado Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza (PRI) dijo que lo más importante de la reforma es el establecimiento de requisitos muy claros para que la autoridad judicial otorgue el arraigo, al precisar de manera clara que es necesario acreditar la existencia de indicios suficientes que lo vinculen con los delitos.

Abundó que los delitos no son menores, pues se habla de delincuencia organizada, terrorismo, delitos contra la salud, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, de órganos, pornografía, corrupción de personas menores, turismo sexual, lenocinio y tráfico de menores. “Estos son los delitos de delincuencia organizada de los que estamos hablando”.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja preguntó por qué se votará a favor de mantener la figura del arraigo, cuando se argumenta que viola los derechos humanos. “No es cierto que solamente sea para delitos de la delincuencia organizada. En el fuero común son todos los delitos graves y ha habido también una ineficacia manifiesta del Ministerio Público”.

Hizo votos por derogar el arraigo, ¿qué lo impide? “Nos lo piden Naciones Unidas, Amnistía Internacional y organismos de derechos humanos no gubernamentales; demos una respuesta y mejoremos los instrumentos de investigación científica y policiaca para que se puedan combatir los delitos”.

Fueron reservados para su votación particular los párrafos octavo y décimo del artículo 16 de la Constitución, en materia de arraigo; los artículos Segundo, Tercero y Décimo Primero Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución; y se propuso adicionar un Cuarto Transitorio del decreto. Las reservas fueron aprobadas en términos del dictamen con una votación de calificada de 280 votos en pro, 121 en contra y 11 abstenciones.

Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de arraigo, y el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de 2008, pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

- ooOoo --