30-04-2013 La Cámara de Diputados aprobó con 382 votos a favor reformar la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva con el objetivo que las personas con discapacidad tengan derecho al acceso y permanencia en todos los niveles y modalidades, sin discriminación, con equidad y en igualdad de oportunidades.

La reforma a los artículos 12, fracción III; 38 y 41; y se adicionan los artículos 2o., con un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes en su orden; 7o. con una fracción VII Bis; 54 Bis; 55, con una fracción IV y 75, con una fracción XVII permitirá armonizar la Ley General de Educación con diversos tratados internacionales de los que México forma parte en materia de educación inclusiva.

El dictamen presentado por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos señala que las modificaciones contribuirán a promover y fomentar el respeto de los grupos vulnerables en su proceso de desarrollo e integración social.

De igual manera impulsará el desarrollo de programas de asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación.

En este sentido, el documento refiere que la formación y capacitación de maestros de educación especial promoverán el trato digno de las personas con discapacidad.

Asimismo, desarrollará las habilidades necesarias para sensibilizar al resto de la comunidad educativa sobre esta condición y las aptitudes para comunicarse en lenguaje de señas mexicano, en el sistema de escritura braille, o cualquier otro sistema que garantice el adecuado aprovechamiento de los educandos.

Las reformas también establecen que para los alumnos con discapacidad que no logren la inclusión en estos planteles, la SEP procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para su autónoma integración a la vida social.

Además puntualiza que en cualquier caso, las instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de estudios en los niveles de educación media superior y superior.

El dictamen enviado a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción E, del artículo 72 constitucional estipula que serán acreedores a infracciones los prestadores de servicios educativos que nieguen la inscripción, aíslen, segreguen o discriminen a las personas con discapacidad, u omitir llevar a cabo los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar su inclusión.

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