07-12-2013 La Comisión de Protección Civil aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a investigar a las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y deslindar responsabilidades, en caso de que las alertas a la población ante el paso de los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” no se hayan dado en tiempo y forma.

También solicita indagar a funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la omisión en la que podrían haber incurrido al no alertar a las comunidades oportunamente y tomar las medidas necesarias.

La instancia legislativa, presidida por el diputado Alfonso Durazo Montaño (MC), pidió “informar públicamente del resultado final de dicha investigación”.

La propuesta de punto de acuerdo, presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Jorrín Lozano, precisa que “tristemente a casi 30 años del establecimiento del SINAPROC, nuevamente se vuelve a poner en evidencia la prácticamente nula cultura de protección civil y vulnerabilidad de los mexicanos con motivo de los meteoros Ingrid y Manuel”.

Las cifras, sostiene, son impresionantes: ambos eventos dejaron a su paso 147 muertos, 35 heridos, 53 desaparecidos y 248 mil 477 personas afectadas, de las que 50 mil fueron evacuadas y llevadas a albergues; las contingencias se presentaron en 23 estados del país, “constituyendo uno de los desastres naturales más impactantes en los últimos años en territorio nacional”.

Se deben investigar y afrontar las responsabilidades por la autorización de asentamientos en zonas de alto riesgo, así como por la probable omisión o negligencia en la emisión de las alertas por los ciclones mencionados, señala.

En la propuesta, el diputado Jorrín Lozano argumenta que claramente los fenómenos meteorológicos, como todo evento natural, no pueden evitarse, sobre todo en la actualidad donde el cambio climático es el común denominador y la causa principal de los mismos. Sin embargo, los daños pudieron haber sido menores.

Si bien es cierto que el desgajamiento de los cerros, el desbordamiento de presas y ríos, la afectación de carreteras y el aislamiento de pueblos enteros son el resultado de las precipitadas fuerzas de la naturaleza, la responsabilidad de las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno era alertar en tiempo y forma a la población, con el fin de reducir al máximo los estragos, enfatiza.

Cuestiona que los expertos de la Conagua no hayan estimado los volúmenes de agua y verificado las presas o ríos desbordados, para avisar a Protección Civil del peligro, y emitir la alerta roja y desalojar a la población para evitar más muertes.

Recuerda que la Coordinación Nacional de Protección Civil se deslindó y reportó que “los que fallecieron fue por actos de corrupción de funcionarios que extendieron permisos para construir viviendas, carreteras, hoteles e infraestructura de servicios en zonas de alto riesgo, pero no enuncia por qué no emitió la alerta roja, y si ya existían muertos y había deslaves e inundaciones”.

El legislador de Movimiento Ciudadano destaca que la CFE omitió informar al gobierno del estado de Guerrero que la presa hidroeléctrica “La Venta” estaba a su máxima capacidad, “negligencia que derivó en el desbordamiento de ésta y la inundación de las colonias y comunidades aledañas”.

Afirma que fortalecer una cultura de protección civil es una tarea que cobra mayor relevancia en aquellos territorios donde diversas contingencias se presentan con relativa frecuencia, a consecuencia de su situación geográfica que convierte al país en una zona altamente vulnerable a los fenómenos naturales.

Por otra parte, el órgano legislativo aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) a acelerar los trámites para la publicación del Reglamento de Protección Civil de la Ley General en la materia.

El diputado Alfonso Durazo Montaño, presidente de la instancia, sostuvo que hay un avance importante. “El reglamento ya fue concluido por las autoridades de la Segob, y está en el proceso burocrático de revisión, que lamentablemente es largo, y no queremos obviarlo, con el riesgo de incurrir en imprecisiones o en deficiencias”, explicó.

“Le pedimos a la autoridad que acelere los pasos, que omita todos aquellos de carácter burocrático que son retrasos, casi artificiales, para que podamos contar cuanto antes con el Reglamento, que es imprescindible y complemento de la Ley General de Protección Civil”, precisó.

Durante la octava reunión de trabajo de la comisión, el legislador comentó que el plazo para dicha publicación venció en diciembre de 2012; “estamos presionando para que el retraso no sea mayor del que ya traen las autoridades”, expuso.

El punto de acuerdo precisa: dadas las circunstancias actuales, se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, para que en el marco de sus atribuciones “aceleren la revisión del proyecto de Reglamento de Protección Civil”, a fin de que sea publicado lo más pronto posible.

Asimismo, avaló solicitar a los gobiernos de Baja California y del municipio de Tijuana, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, entreguen un informe relativo al estatus legal de la Compañía de Gas Tijuana, S.A. de C.V. (Z Gas), instalada en La Mesa, que permita evaluar el nivel de riesgo al que está expuesta la población que vive en los alrededores.

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