06-01-2013 La Comisión de Defensa Nacional analiza una iniciativa para que los militares implicados en violaciones de derechos humanos sean investigados y juzgados por tribunales civiles.

Con reformas al artículo 57 del Código de Justicia Militar, impulsadas por el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano), se busca exigir que la justicia civil atraiga los delitos cometidos por militares contra la población, ya que “ante la posible parcialidad de los tribunales castrenses no hay justicia para las víctimas”.

Mejía Berdeja indicó que entre 2006 y a finales de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió seis mil 812 denuncias de violación de derechos humanos contra las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina (Semar).

Estas denuncias, afirmó, dieron lugar a 98 recomendaciones formales de la CNDH contra la Sedena, es decir, el 1.6 por ciento de todas las denuncias.

Mejía Berdeja relató que de los militares afectados, 98 se enfrentaban a cargos penales, algunos por violencia causante de muerte, y al menos 9 afrontaban cargos de tortura. Además, durante 2010 y 2011 se condenó a 9 militares en relación con delitos contra civiles.

Datos de la Sedena revelan que durante el pasado sexenio se condenaron ante tribunales militares, por abusos contra los derechos humanos, a 38 soldados; sin embargo, 11 de estas sentencias corresponden a casos ocurridos antes de la administración de Felipe Calderón, y al menos 19 de las 27 restantes están en proceso de ser apeladas.

Por consiguiente, argumentó, sólo hay confirmadas ocho sentencias condenatorias de militares por delitos contra derechos humanos y ninguno de tortura durante la pasada administración, cuando se han presentado más de siete mil denuncias de delitos de contra las fuerzas armadas.

El diputado de Movimiento Ciudadano afirmó que se debe pugnar para que los militares implicados en violaciones de derechos humanos sean investigados y juzgados por tribunales civiles y que, con tal fin, se reforme el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

“Es esencial que todas las sentencias judiciales sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas contra civiles, incluidas tortura y otros malos tratos, estén basadas en investigaciones completas, imparciales e independientes y en procedimientos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos que protegen los derechos de la víctimas y los acusados”, agregó.

Relató que en México cada vez son más los informes de graves violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, homicidios, tortura y otros malos tratos, así como detención arbitraria, perpetradas por miembros del Ejército. “Ni las autoridades civiles ni las militares investigan de forma inmediata, imparcial y eficaz”.

Mencionó que la falta de independencia e imparcialidad del sistema de Justicia militar niega a las víctimas y a sus familiares acceso a la justicia, y es un importante obstáculo para terminar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos.

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