11-01-2013.- El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) impulsa una reforma a los códigos Federal de Procedimientos Penales y al Penal Federal, para tipificar como delito grave la violencia familiar y sancionar con cárcel de tres a siete años a quien la cometa.

“No se puede seguir permitiendo que una mujer o un niño reciban golpes o lesiones que los dejen al borde de la muerte y que el delito de violencia familiar no sea considerado como grave y, en caso de que procediera un juicio contra el responsable, siempre cuente con el derecho de salir libre mediante el pago de la respectiva fianza”, señaló.

La reforma plantea que comete ese delito quien realice actos abusivos de poder, omisión intencional o conductas dirigidas a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica y sexual a una persona con la que esté o haya estado unida por matrimonio, parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar.

La propuesta, que analiza por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputaos, establece que, además de la pena impuesta al responsable, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.

Asimismo, se equipara a la violencia familiar y se sancionará de la misma manera a quien realice alguno de esos actos contra la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado.

En el documento que analiza la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, señala que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2011 el 46.1 por ciento de mujeres de 15 años y más sufrieron algún incidente de violencia de pareja, en tanto que el 13.5 por ciento padeció violencia física que provocó daños permanentes o temporales, por lo que es urgente endurecer y establecer un marco legal que les proteja y tipificar este delito como grave en todo el país.

Refieren que en ese mismo año, 42.4 por ciento de las mujeres de 15 años y más recibió agresiones emocionales en su relación; 24.5 por ciento sufrió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos, y 7.3 por ciento fue víctima de violencia sexual por su pareja.

“La situación es tan grave que se considera un problema de salud pública” y es urgente que toda mujer que la sufra rompa con esa cadena pues “de permitirlo, enseñamos a nuestros hijos que la violencia es una forma normal de vida y que se repitan las mismas conductas”, subraya en la iniciativa turnada a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

Agrega que en Nuevo León la violencia familiar encabeza la estadística como el delito número uno en ser cometido, principalmente contra mujeres a manos de su pareja.

De acuerdo con datos de Amnistía Internacional, en México se han realizado progresos en la defensa del derecho de mujeres y niños a no sufrir violencia, plasmados en ordenamientos legales, Sin embargo, persiste la necesidad de salvar la distancia entre la ley y su aplicación, así como evaluar el impacto de las medidas para garantizar la elaboración de estrategias efectivas para abordar el fenómeno.

Con la reforma planteada se busca erradicarlo y fomentar nuevas relaciones de convivencia familiar fundadas en equidad, justicia, tolerancia y respeto. “El objetivo es la comprensión del fenómeno e implementar acciones como la elaboración de políticas públicas que favorezcan una vida libre de violencia para todas y todos”.

La tarea no es sencilla, reconoce, pues se trata de modificar patrones culturales, políticos y sociales muy arraigados que han mantenido al margen las necesidades de las niñas, niños y mujeres del país.

Se plantea reformar y adicionar el artículo 194 inciso 22) del Código Federal de Procedimientos Penales, y los artículos 343 Bis, 343 Ter del Código Penal Federal.

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