12-01-2013 A fin de que los 29.3 millones de mexicanos que obtienen sus ingresos de la economía informal es necesario reformar las leyes del IMSS, ISSSTE e Infonavit para extender sus beneficios a este sector y, a la vez, equilibrar las finanzas de esas instituciones.

Afirmó lo anterior el diputado Silvano Blanco Deaquino (PRD) en una iniciativa que analizarán las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Vivienda, de la Cámara de Diputados.

Señaló que esa cifra, reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a diciembre de 2012, supera el número de trabajadores permanentes inscritos en el IMSS, 16.1 millones de afiliados a noviembre de 2012 y, 2.7 millones en el ISSSTE.

En el documento se añade que seis de cada 10 trabajadores son vendedores ambulantes; trabajadores domésticos; de empresas, instituciones y gobiernos sin estar dados de alta en seguridad social o sin contrato escrito; campesinos, jornaleros y quienes se ocupan en negocios familiares.

No se puede hablar de justicia laboral, subrayó, si estos trabajadores son perseguidos como infractores de la ley, además es “imposible que las instituciones de seguridad social busquen cualquier viabilidad financiera hacia el futuro si dejan fuera la actividad informal”.

Resaltó que no debe combatirse la informalidad por medios represivos, sino utilizarla como base para un despegue económico basado en el poder de iniciativa de las masas, complementado con seguridad social, enfatizó.

Planteó la necesidad de reducir la reglamentación burocrática para abrir un negocio en pocas horas; disminuir impuestos y basar el sistema tributario en la expansión de la base productiva.

Consideró que la “cantidad alarmante” de personas en la informalidad demuestra los rezagos del crecimiento económico “y la injusta distribución de riqueza” entre grupos sociales, regiones, etnias, edades y géneros, pues a los casi 30 millones de trabajadores informales, se suman 2.7 millones de personas en desempleo abierto y más de seis millones de “personas disponibles”.

Por ello es necesaria su incorporación en tanto se realizan los cambios sociales, económicos y fiscales profundos para anexarlos gradualmente la economía formal.

Explicó que el primer paso en la reconstrucción del estado de bienestar para los trabajadores informales es incorporarlos al IMSS, ISSTE e Infonavit, lo que requiere apoyos económicos para trabajadores informales que perciban hasta tres salarios mínimos.

Propuso que el Estado cubra las cuotas necesarias desde un 80 hasta un 60 por ciento, según la percepción del trabajador; en caso de quienes perciban más de tres salarios mínimos, el monto de las aportaciones se dividiría en partes iguales con el Estado; si prestan sus servicios a un patrón del sector privado o público, las cuotas serían tripartitas.

Establece que la incorporación a la seguridad social sería voluntaria, con excepción de quienes presten servicios para un patrón de la iniciativa privada, o dependencias y entidades de la administración pública federal, cuya incorporación sería obligatoria.

Esta incorporación comprendería los seguros de riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; seguro de salud en la Ley del ISSSTE; guarderías; servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, caso del ISSSTE, así como de pensiones por vejez y cesantía en edad avanzada.

Plantea la incorporación voluntaria de los trabajadores informales al Infonavit, mediante el pago de la aportación del 5 por ciento, pero cuando presten sus servicios a un patrón, éste deberá cubrir esta cantidad.

Se proponen modificaciones a los artículos 13, 222, 227 y 228, de la Ley del Seguro Social; el 5°, 56 y la adiciona del artículo 29 A, a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como el 1°, 167 y 168 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE).

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