Diputados de la Comisión de Investigación sobre el Funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero (Condusef) cuestionaron al titular de la misma, Mario Alberto di Costanzo Armenta, sobre las tarjetas de prepago del Banco Monex, relacionadas con las investigaciones del IFE en torno al financiamiento de las campañas electorales de 2012.

En respuesta, el funcionario aseveró que la Condusef no ha recibido una queja formal para intervenir en el caso, además de que rechazó que ésta instancia tenga atribuciones para hacerlo.

“La Condusef no puede indagar sobre el financiamiento o destino de las tarjetas de prepago, esa es responsabilidad de otras instancias. No es facultad nuestra conocer en qué se gasta una tarjeta prepagada, sino simplemente revisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la relación entre el usuario y las instituciones financieras”, precisó.

La intervención en las controversias de usuarios en contra de algún banco, en este caso Monex, por regla general sólo se hace cuando existe una reclamación o queja formal, la cual no ha habido a la fecha, añadió.

En tal sentido, el presidente de la Comisión de Investigación sobre el funcionamiento de la Condusef, diputado Roberto López Suárez (PRD) anunció que la próxima semana interpondrá una queja formal por el caso Monex, a fin de que se haga llegar la información necesaria”.

Reconoció que al no existir una queja formal, la Condusef no ha tomado cartas en el asunto. “Estamos interesados en que nos ayude con esta investigación, esperemos que en el caso de las tarjetas de prepago nos apoye y haga llegar toda la información que se le requiera”.

En su oportunidad, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) solicitó un informe sobre la regularidad de las operaciones financieras de Monex.

Señaló que la unidad de fiscalización del IFE no investiga a fondo de dónde provienen los financiamientos, de ahí que se solicita a la Condusef que revise a Monex en sus contratos. “Lo que no está claro es el origen de los recursos que fondearon las tarjetas de prepago, ya que la triangulación financiera, tiene una estructura similar a las operaciones de lavado de dinero”.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) coincidió en que, a efecto de profundizar en las investigaciones del IFE, es necesario conocer el origen de los fondos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por ello la petición a la Condusef para averiguar los hechos.

El legislador cuestionó si la Comisión ya ha solicitado la información para verificar que las operaciones realizadas por Monex estén dentro de los objetivos declarados en su razón social.

Enrique Aubry de Castro Palomino (PVEM), señaló que a pesar de que las autoridades jurisdiccionales en materia electoral han validado los resultados de la elección presidencial, subsisten dudas y controversias, sin embargo, “contamos con un entramado institucional que hará posible su resolución, aún después de que el proceso electoral se haya dado ya por concluido”.

Manifestó que la creación de la Condusef ha sido una pieza más en la consolidación de una cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, que es una de los componentes centrales de la democracia.

La diputada Julisa Mejía Guardado (PRD) subrayó que no son escasas las razones para objetar la elección presidencial del 2012, ya que en poco tiempo se realizó la erogación de 91 millones de pesos por parte de la comercializadora Efra y 50 millones de Inizzio.
Cuestionó al funcionario sobre la existencia de estas empresas en el Registro Público de la Propiedad, así como los procedimientos de la revisión y control de registro de las entidades financieras que se encuentran sujetas a investigación, toda vez que gastaron en tres meses, 141 millones de pesos.
En su oportunidad el diputado Fernando Charleston Hernández (PRI) indicó que no existe indicio alguno de que hubo operaciones ilícitas a través de algún grupo financiero y tampoco se acreditó la presunta triangulación de recursos a través del Banco Monex.

En este sentido, preguntó sobre el número de controversias que tenía Monex el año pasado y si actualmente se evalúa, en materia de transparencia a este grupo financiero por parte de la Condusef.

El diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, también del PRI, destacó la labor del organismo, que además de promover y proteger los derechos del usuario en materia financiera, coadyuva con otras autoridades para mantener el sano desarrollo del sistema financiero del país.

Al ampliar sus respuestas a los cuestionamientos de los legisladores, el titular de la Condusef, Mario Alberto di Costanzo Armenta sostuvo que existe una confusión en cuanto a las atribuciones que otorga el marco jurídico a este organismo.

“Se comenta que hay la obligación para denunciar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, algún un hecho ilícito. Es cierto, tenemos facultades, pero sólo para investigar lo que tiene que ver con la relación del usuario y la institución financiera; revisar el cumplimiento de los contratos y la transparencia en la información”.

Subrayó que en los casos en los que interviene Condusef es por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las instituciones financieras, por ejemplo, “consumos no reconocidos en tarjetas de débito, solicitudes de cancelación de tarjetas no atendidas y otros”.

Agregó que incluso, las tarjetas de prepago Monex no formaron parte del programa anual de supervisión de la institución, en virtud de que tanto la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Disposición Única de la propia Condusef, no les es era aplicable.
Las reformas a la Disposición Única de la Condusef, en materia de operaciones de bajo riesgo, nivel 1, entraron en vigor a partir del 1º de octubre de 2012 y a las tarjetas Monex, emitidas con anterioridad, se les aplicaba otro tipo de normativa, la cual estará vigente hasta febrero de 2013, informó.

Recordó que aún en el caso de que se incluyan en la materia de supervisión de Condusef, solamente será en funciones de supervisión de transparencia y protección a los usuarios, ya que no puede evaluar ni dictaminar si hubo o no un uso indebido de las mismas.

La de Monex, concluyó, es una tarjeta al portador, como otras tarjetas prepagadas.

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