La Comisión Permanente exhortó a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades estatales y del Distrito Federal a ejercer un control más riguroso y revisar los protocolos y medidas de seguridad para la prevención, detección oportuna y supervisión de los objetos que ingresan a los centros penitenciarios y de readaptación social del país.

La propuesta tiene el objetivo de evitar la recurrente violencia dentro de los penales y centros de readaptación a nivel nacional.

Asimismo, hizo un llamado a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías generales de Justicia de los estados y el Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones y procedimientos que correspondan para fincar responsabilidades y sancionar, en su caso, a quienes por acción u omisión resulten responsables de los disturbios que ocurren en los penales.

Precisó que según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), la crisis del sistema penitenciario mexicano es grave, pues en el 60 por ciento de ellos prevalece el llamado “autogobierno”.

Las fallas para controlar el ingreso de objetos y sustancias a los centros de readaptación social han propiciado 14 fugas de 521 presos; 75 riñas en las que 352 personas perdieron la vida, así como dos motines.

El documento establece que la mayoría de los centros penitenciarios carecen de procedimientos para prevenir y atender los brotes de violencia y que en la gran mayoría de los penales se encontraron objetos prohibidos.

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