• Comparece titular del Instituto ante Segunda Comisión de la Permanente por caso Walmart en Teotihuacán

29-01-2013.- Legisladores integrantes de la Segunda Comisión (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública) se pronunciaron por dotar de mayores facultades al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que tenga injerencia en los planes de desarrollo urbano y cambio en uso de suelo.

Lo anterior, durante la comparecencia de su titular, Sergio Arroyo García, con el propósito de que legisladores tengan información sobre las autorizaciones realizadas al grupo Walmart para la apertura de tiendas de autoservicio en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Al dar el posicionamiento de su grupo parlamentario, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del PVEM, dijo que debe legislarse para otorgar las atribuciones necesarias al INAH para que tenga injerencia en los cambios de uso de suelo que se realicen en zonas arqueológicas y solicitó conocer si existen más tiendas pertenecientes a cadenas comerciales dentro de San Juan Teotihuacán.

Por su parte, el senador del PAN, José María Martínez Martínez, señaló que más allá de ser un asunto ideológico, se trata de una presunción de corrupción, expuesta desde el Senado de E.U.

“El caso de Teotihuacán no es el único que hay; existen más casos similares en el país. El INAH debió haber defendido la no instalación de esta tienda”, sostuvo.

El diputado Raymundo King De la Rosa, del PRI, pidió saber si hubo terceras instancias que confirmaran el dictamen del INAH que afirmaba que no existía vestigio arqueológico alguno en el lugar.

En el mismo sentido, la senadora Blanca María Del Socorro Alcalá Ruiz, también del PRI, exigió que el INAH muestre el estudio realizado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) que avala el dictamen del instituto.

Asimismo, la senadora del PAN, Mariana Gómez Del Campo Gurza, demandó conocer qué mecanismos usa el INAH para la protección de la zona arqueológica de Teotihuacán y cuáles considera necesarios para que este tipo de áreas se mantengan seguras ya que, dijo, “existen lagunas que permiten que se afecte el patrimonio de los mexicanos”.

Por último, el senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, dijo que hubo una presunta modificación a los mapas que limitaban la zona arqueológica, lo que, subrayó, “pone en duda la honorabilidad de varios servidores públicos”.

En su turno, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sergio Arroyo García, aclaró que el instituto actuó conforme al procedimiento de salvamento arqueológico, el cual fue avalado por diversas instancias, tanto académicas como de carácter internacional, las que descartaron la presencia de vestigios en la zona, de tal forma que el INAH no fuera juez y parte.

“El INAH no tiene injerencia para dar permisos o autorizar cambios de uso de suelo; no tenemos control sobre cadenas comerciales”, argumentó.

Agregó que se perforaron 120 pozos en el área donde se levantó el comercio para no dejar dudas sobre la presencia de vestigio alguno, aunque, advirtió, la mancha urbana en San Juan Teotihuacán, al igual que en otras poblaciones, crece impulsada por grupos políticos.

Propuso trabajar en darle más atribuciones al Instituto para que pueda participar de forma activa en los planes de desarrollo urbano en los municipios en los que existan ruinas arqueológicas, así como en las áreas colindantes.

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