30-01-2013 La Comisión Permanente aprobó ocho puntos de acuerdo de la Primera Comisión (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia) en materia de derechos humanos, seguridad, apoyos por desastres naturales, conflictos electorales, pensiones, fraudes y libre expresión.

Uno de ellos exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila a garantizar el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la protección de los defensores de los migrantes.

Asimismo, para que la procuraduría estatal realice una investigación sobre los hechos de hostigamiento y las amenazas en contra del personal de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila.

El punto de acuerdo hace referencia a los hechos ocurridos el 30 de diciembre, en los que el personal que labora en la Casa del Migrante de Saltillo recibió amenazas vía telefónica. De igual forma, se cita que en semanas recientes al menos tres colaboradores del albergue han sido víctimas de robo con violencia.

El documento destaca que Amnistía Internacional ha señalado que México es un país peligroso para los defensores de los derechos humanos, pues éstos son intimidados por actores tanto estatales como no estatales.

Otro exhorto aprobado hace un llamado a la Secretaría de Gobernación para que –si así lo considera– destine un mayor número de elementos de las fuerzas federales de seguridad pública a la zona metropolitana de La Laguna, en Coahuila y Durango, para reforzar las labores de seguridad en la región.

El punto de acuerdo afirma que en la región de La Laguna, en especial en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, Durango, y Torreón, Coahuila, se ha presentado un crecimiento en la violencia y la inseguridad, por lo que se hace necesario poner en marcha un plan que sea eficaz, integral, incluyente que permita establecer una estrategia de combate a la delincuencia en la región en coordinación en los tres órdenes de gobierno.

Por otra parte, se aprobó un punto de acuerdo por el que se pide al Ejecutivo Federal que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se amplíen los programas de apoyo a la agricultura en los municipios de Comondú y Mulegé, de Baja California Sur, a fin de que se supere el desastre agrícola de la zona, a consecuencia de las heladas registradas durante el mes de enero del presente año.

También exhortó a la Secretaría de Gobernación a que emita la declaratoria de emergencia a los municipios de Badiraguato, Concordia, Cosalá, Culiacán, Elota, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Navolato, Rosario, Salvador Alvarado y San Ignacio de Sinaloa, afectados por las heladas, para que se liberen los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias.

Además de que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se amplíen los programas de apoyo a la agricultura en el estado de Sinaloa, a fin de que se supere el desastre agrícola de la zona, producto de las heladas registradas durante el mes de enero del presente.

De igual manera se pidió a las procuradurías de Tlaxcala y Puebla, que integren las averiguaciones correspondientes a fin de que tutelen los derechos de las víctimas de los delitos cometidos referentes al fraude en el que han incurrido diversas empresas ahorradoras de vivienda.

La Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral, para que con base en lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la controversia constitucional con expediente 121/2012, actualice el Catálogo General de Electores en los municipios de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa del estado de Oaxaca.

A su vez se exhortó al gobernador y al Congreso de Tlaxcala, así como a los sindicatos involucrados, a constituir con la mayor brevedad una mesa de diálogo para encontrar los caminos de solución al conflicto surgido a partir de la aprobación de la nueva Ley de Pensiones Civiles de dicha entidad y se lleve a cabo una auditoría en el organismo público descentralizado Pensiones Civiles de Tlaxcala.

Por último, la Comisión Permanente exhortó a la autoridad ministerial del estado de Veracruz a continuar con las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante esta soberanía por la diputada federal Leticia López Landeros y el senador Fernando Yunes Márquez.

Asimismo pidió a las instancias competentes que garanticen a plenitud los derechos a la libre expresión y manifestación de las ideas de todos los ciudadanos.

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