30-01-2013.- El diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) presentó iniciativa que adiciona el noveno párrafo del artículo 16 de la Constitución, a fin de juzgar con el mismo rigor a aquel sujeto que cometa individualmente actos de delincuencia organizada, con o sin orden expresa de algún miembro o líder de alguna de las estructuras delictivas.

Pidió establecer que la ley en la materia fijará las sanciones correspondientes para los miembros de dichas organizaciones y quienes actúen en solitario.

La delincuencia organizada –precisó- es un grupo con una estructura bien establecida y miembros que se establecen para cometer acciones delictivas; a diferencia del delincuente que actúa en solitario, los individuos que forman una banda organizada deben responder a una estructura y cumplir con determinada función.

Cuestionó el crecimiento exponencial de estos grupos, acompañado de la impunidad y complicidad de actores políticos, gobernantes, y/o jefes policiacos que ha generado indignación en la población.

Subrayó que el clima de inseguridad jurídica es severo: “regiones y pueblos completos asolados por el crimen organizado, donde el impuesto es cobrado por la delincuencia, donde se paga derecho de piso, derecho a la seguridad para que no secuestren a uno de los tuyos, pagas mensualmente una cantidad de dinero o para realizar actividades de comercio, por tener un restaurante, una casa de cambio o una miscelánea. Es un cáncer lo que está pasando en el país”.

Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Servidores públicos no podrán ganar más que el Presidente de la República

En su momento, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN) planteó iniciativa que reforma los artículos 94 y 127 de la Constitución para que ninguno de los servidores públicos, del Poder Judicial de la Federación, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, puedan recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

La iniciativa remitida a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores planteó también reformar el artículo 194 de la Carta Magna para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) duren en su cargo 9 años en lugar de 15 como actualmente sucede, sólo podrán ser removidos en los términos del título cuarto de la Constitución, y al vencimiento de su periodo tendrán derecho a un haber por retiro.

Expedición de la Ley Orgánica del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control

El senador José María Martínez Martínez (PAN) presentó iniciativa que reforma los artículos 16, 21, 76 y 109 de la Constitución y expide la Ley Orgánica del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control a fin de que la Federación, los estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, deban expedir las leyes homólogas, en un término no mayor a seis meses después, a partir de la entrada en vigor de este decreto.

Este organismo anticorrupción deberá ser autónomo y castigar en materia administrativa y de él pueda depender una Fiscalía Especial con el fin de ejercer acción penal por delitos cometidos por servidores públicos y poder consignar ante órganos jurisdiccionales.

La reforma fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, así como a la de Anticorrupción y de Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores.

La Comisión Permanente citó para el viernes 1 de febrero a las 10:00 horas.
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